Del total de residentes en las islas a 1 de julio de 2026, 635.476 son mujeres y 630.803 son hombres, según el desglose del INE. La población extranjera asciende a 279.415 personas, con un incremento trimestral del 0,96%, mientras que la nacional se sitúa en 986.864 habitantes, con una subida del 0,19%. La diferencia de ritmo entre ambos colectivos —cinco veces superior en el caso de la población extranjera— explica por qué el debate político balear vuelve a centrarse en la presión demográfica como uno de los motores de fondo de la tensión sobre la vivienda y los servicios.
Por islas, Mallorca concentra el grueso de la población con 982.500 habitantes, próxima a superar el millón. Menorca cuenta con 103.588 residentes, Ibiza con 167.988 y Formentera, la más pequeña del archipiélago, con 12.203. En cuanto a la estructura de los hogares, el INE contabiliza 472.869 en el segundo trimestre, con una media de 2,65 miembros por vivienda. El tipo de hogar más común es el de dos personas (130.062), seguido por los de cuatro miembros o más (124.390), los unipersonales (122.148) y los de tres miembros (96.269).
Récord de presión humana en mayo
Más allá del padrón, el Instituto Balear de Estadística (Ibestat) ofrece una fotografía complementaria a través del Índice de Presión Humana (IPH), que estima el número de personas —residentes, turistas y trabajadores desplazados— presentes en el territorio en un momento dado. Según los datos del Ibestat consultados por la agencia Europa Press, el IPH alcanzó en mayo de 2026 un máximo de 1,86 millones de personas simultáneas en el archipiélago, un 1,99% más que en mayo de 2025, es decir, 36.316 personas adicionales.
El pico se registró el 29 de mayo, mientras que el mínimo mensual fue de 1,66 millones de personas, un 1,57% superior al mínimo del mismo mes del año anterior. La media del mes se situó en 1,76 millones de personas, un 3,31% más que en mayo de 2025, lo que equivale a 56.516 personas más conviviendo diariamente en el territorio balear.
El desglose insular del IPH muestra que Mallorca soportó su día de mayor presión el 29 de mayo, con 1,39 millones de personas. En Menorca el pico se produjo el 28 de mayo con 169.013 personas; en Ibiza, el 26 de mayo con 280.046, y en Formentera, el 30 de mayo con 27.218. Estas cifras corresponden a las semanas previas al arranque de la temporada alta turística de verano, cuando la población flotante suele situarse muy por encima de la empadronada.
El Gobierno de España inició en la primavera de 2026 un proceso de regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular, enmarcado en la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería. La coincidencia temporal entre ese proceso y el repunte del 0,96% en la población extranjera balear del segundo trimestre ha llevado a sectores políticos y mediáticos a plantear que la medida habría reforzado el atractivo de un territorio que ya recibía flujos migratorios intensos por su mercado laboral turístico.
Fuentes del Ejecutivo autonómico balear, gobernado por el Partido Popular, vienen alertando desde hace meses de lo que definen como un problema de saturación estructural, vinculado tanto a la llegada de población extranjera como al asentamiento de trabajadores nacionales atraídos por la oferta de empleo turístico. Organizaciones sociales y sindicatos, por su parte, han subrayado que la regularización responde a la necesidad de cubrir puestos ya ocupados de facto, especialmente en hostelería, construcción y servicios domésticos, y sostienen que atribuir el crecimiento poblacional exclusivamente a ese proceso simplifica un fenómeno multicausal.
El precedente más citado en el debate demográfico balear es el del boom inmobiliario de los años 2000, cuando la comunidad experimentó una de las tasas de crecimiento poblacional más altas de España, impulsada por la construcción y el turismo, sin que existiera entonces un proceso de regularización migratoria comparable. Aquel episodio generó tensiones sobre la vivienda y los servicios públicos que tardaron años en abordarse mediante planificación urbanística específica.
El marco normativo que regula la llegada de trabajadores extranjeros a España se articula a través de la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, y su reglamento de desarrollo, objeto de sucesivas modificaciones orientadas a agilizar la concesión de permisos de residencia y trabajo en un contexto de escasez de mano de obra en sectores como la hostelería y el campo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende que estas reformas responden a necesidades del mercado laboral, mientras que el Banco de España ha vinculado en distintos análisis la llegada de población extranjera al sostenimiento del crecimiento económico y de las cotizaciones a la Seguridad Social.
En el plano autonómico, el Govern ha situado entre sus prioridades la contención del crecimiento poblacional mediante instrumentos de ordenación urbanística y de plazas turísticas, aprobados por el Parlament en los últimos ejercicios. La oposición, encabezada por el PSOE balear, replica que el problema de fondo es la falta de inversión en vivienda pública y en infraestructuras sanitarias y educativas, y reprocha al Ejecutivo autonómico centrar el discurso en la inmigración pese a disponer de las competencias en suelo y urbanismo.
Los próximos datos del INE, correspondientes al tercer trimestre de 2026 y previstos para el otoño, permitirán comprobar si el repunte de la población extranjera en Baleares se mantiene una vez concluido el grueso del proceso de regularización o si se trata de un efecto concentrado en los meses de primavera. El Ibestat, por su parte, publicará en las próximas semanas los datos del Índice de Presión Humana correspondientes a junio y julio, que previsiblemente marcarán nuevos máximos coincidiendo con el pico de la temporada turística de verano.
