El planteamiento parte de una constatación que la autora describe como paradójica: si las encuestas reflejan baja aprobación tanto del mandatario como de su gabinete, cabe preguntarse por qué medidas presentadas como necesarias —la corrección de un régimen de jubilaciones que la columna describe «en riesgo», el enfrentamiento con gremios señalados de irregularidades o la búsqueda de inversión— no generan respaldo proporcional. La tesis central del texto es que el problema «no es lo que se hace», sino que las correcciones impopulares rinden sus frutos a mediano plazo, cuando el desgaste ya se ha pagado.
El caso más citado es la Caja de Seguro Social. Bajo la administración de Mulino, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la ley orgánica de la CSS orientada a enfrentar el deterioro financiero del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, cuyo agotamiento venía advirtiéndose desde hacía años por la propia entidad. La columna cita las «jubilaciones del Seguro Social que estaban en riesgo si no se hacían correcciones» como ejemplo de una medida técnica que, al ejecutarse, atrajo «críticas y negativismos» pese a que el diagnóstico sobre la insostenibilidad del régimen era ampliamente compartido. La reforma provocó protestas de sectores sindicales y estudiantiles que la consideraron injusta.
El segundo episodio es el paro de trabajadores bananeros que, según describe el texto, «afectó al país entero» y llevó a la población a exigir «que alguien pusiera orden». El conflicto paralizó una de las principales zonas productivas y golpeó el comercio exterior agrícola. La autora sostiene que la intervención del Órgano Ejecutivo para poner fin a la paralización no derivó en «ningún reconocimiento» político, pese a haber sido reclamada por buena parte de la opinión pública.
El tercer caso es el de Suntracs, gremio de la construcción que durante años sostuvo una posición de fuerza en la negociación laboral del sector inmobiliario. Según la columna, la confrontación del gobierno con esa organización «destapó un entramado de corrupción» con «la plata del pueblo», al tratarse de recursos vinculados a la construcción de vivienda. La autora sostiene que promotores y constructores «llevaban años rogando que alguien los pusiera en su lugar». El Ministerio Público mantiene investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos del sector; las partes señaladas no han sido condenadas y conservan la presunción de inocencia mientras avanzan los procesos.
La columna contrapone estos episodios con la demanda ciudadana de generar lo que coloquialmente se conoce como «chen chen» —empleo e inversión—, y sostiene que, cuando se toma «alguna iniciativa real para generarlo, le dan plomo». Cita como ejemplos el proyecto minero de cobre y la construcción del embalse de Río Indio, destinado a garantizar el suministro de agua para las operaciones del Canal de Panamá, administrado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Ambas iniciativas, con potencial de traer inversión y empleo según sus promotores, han sido criticadas por un alto porcentaje de la población, en el caso minero por razones ambientales y de recursos naturales, y en el de Río Indio por el desplazamiento de comunidades.
El expediente minero es el antecedente reciente de mayor magnitud en esta discusión. Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, cerró en 2023 tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato ley que regulaba su operación, luego de semanas de protestas masivas. El cierre ilustra el patrón que describe la columna: la ciudadanía exige inversión y empleo, pero rechaza los términos concretos en que esa inversión se plantea.
Sobre el retirado impuesto a las transacciones digitales, la autora reconoce que el Órgano Ejecutivo «tuvo que recular en cuanto se volvió impopular», pero matiza que la medida «no afecta al panameño de a pie», sino al segmento que compra en plataformas internacionales para recibir los envíos en casilleros de Miami, un volumen que el texto estima en unos $800,000 anuales. La propuesta gravaba las compras en comercio electrónico internacional y fue retirada tras la reacción de los sectores usuarios de esos servicios.
La discusión roza también el estilo de comunicación del mandatario, quien —a diferencia de administraciones anteriores que delegaban en vocerías— decidió ofrecer conferencias de prensa cada jueves. La autora señala que ese formato es percibido por muchos como «confrontador», pero se pregunta si «el mismo mensaje sería aplaudido» de darlo otra figura, para concluir que el fondo de los anuncios, y no la forma, determina la reacción ciudadana. La columna reconoce a la vez tareas pendientes: la transparencia, la seguridad jurídica sin la cual «inversionistas serios no llegarán» y la austeridad en gastos que compiten por recursos con otros más urgentes.
En el plano institucional, el texto destaca el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización del gasto y el otorgamiento del refrendo a los contratos estatales, mecanismo por el cual la entidad avala o rechaza compromisos económicos del Estado antes de su ejecución. También valora la labor del Ministerio Público en la persecución de casos de corrupción, en «un país acostumbrado a la impunidad», y describe al contralor como «vigilante del gasto público».
Como precedente de medidas correctivas de bajo rédito político, la historia reciente panameña ofrece la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), que impulsó privatizaciones y ajustes fiscales resistidos socialmente pese a presentarse como necesarios para la estabilidad macroeconómica tras la invasión estadounidense de 1989 y la reconstrucción institucional posterior. El patrón —reformas impopulares en su ejecución, defendidas como imprescindibles a futuro— reaparece en el argumento de la columna.
La pieza corresponde a un texto de opinión y no a una posición oficial del Órgano Ejecutivo, cuyos voceros no han respondido públicamente a este planteamiento; tampoco las organizaciones sindicales aludidas, que en episodios anteriores han rechazado las decisiones del gobierno y defendido sus reclamos laborales. Las próximas mediciones de opinión permitirán calibrar si la tesis —que la impopularidad de corto plazo puede convivir con beneficios estructurales de mediano plazo— encuentra eco. Mientras tanto, la Asamblea Nacional avanza en las vistas presupuestarias del próximo Presupuesto General del Estado, ejercicio en el que volverán a discutirse el gasto social, la sostenibilidad de la CSS y la política de inversión que atraviesan buena parte de las tensiones descritas.