El cruce se produce en la recta final de la negociación presupuestaria valenciana, cerrada por el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca con Vox. El pacto incluye una cláusula que, según la definición aportada por el propio Consell, otorga prioridad a los residentes con arraigo en un municipio, provincia o comunidad autónoma frente a otros solicitantes de servicios públicos, con la vivienda como ámbito de aplicación más visible.
La amenaza de Morant y el detonante del choque
La secuencia arrancó el jueves, cuando Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y máxima responsable del PSPV-PSOE, amenazó con llevar las cuentas de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional por incluir expresamente el término "prioridad nacional". La objeción socialista apunta al principio de igualdad ante la ley, que el artículo 14 de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, y que a juicio del PSPV podría verse comprometido por un trato diferenciado según el arraigo territorial.
La respuesta del Consell llegó al día siguiente. A la conclusión del Pleno celebrado en Alicante, José Díez calificó el debate de "falaz" y sostuvo que la prioridad nacional "no va más allá" de "lo que prevé la Constitución". Para respaldar su tesis citó el título segundo de la Carta Magna, que reconoce que "los españoles son iguales ante la ley", y el artículo 47, que atribuye a los españoles el derecho a disfrutar de una vivienda digna.
El argumento jurídico del vicepresidente
De esa lectura, Díez concluyó que "la propia Constitución contempla aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que distinguen del resto de personas que puedan estar o que puedan vivir en España". El vicepresidente defendió además que el criterio de arraigo no es una novedad de su Gobierno, sino uno que "viene estableciéndose en las distintas administraciones desde siempre".
La alusión remite a los baremos que numerosos ayuntamientos de distinto signo aplican en la adjudicación de vivienda pública, como la exigencia de empadronamiento previo durante un número de años. La formulación explícita de esos requisitos bajo la etiqueta de "prioridad nacional" en un texto presupuestario autonómico es, sin embargo, lo que ha desatado la controversia, al desplazar el criterio desde el ámbito municipal técnico hacia una categoría de contenido político definido junto a Vox.
El contraataque: tres ejercicios sin PGE
Frente a la advertencia de inconstitucionalidad, Díez devolvió el reproche al Gobierno central. "Si me tuviera que preocupar por la inconstitucionalidad de algo, sería el hecho de no haber presentado presupuestos durante tres ejercicios consecutivos, que es una obligación constitucional", afirmó. Y añadió que a la ministra Morant lo que le recomendaría es "cumplir la Constitución en cuanto a la presentación de presupuestos. Cosa que, por cierto, ha hecho este gobierno. En tres años, tres presupuestos".
El deber al que apela el conseller figura en el artículo 134 de la Constitución, que encomienda al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación, y fija que el proyecto debe presentarse ante el Congreso al menos tres meses antes de que expiren los del ejercicio anterior. Cuando no hay cuentas nuevas, el apartado 4 de ese mismo artículo ordena prorrogar de forma automática los últimos aprobados, mecanismo que el Ejecutivo central viene aplicando desde las cuentas de 2023.
El contraste presupuestario que exhibe el Consell
El Gobierno valenciano —primero con Carlos Mazón y ahora con Pérez Llorca— acumula el mismo número de ejercicios, tres, pero con presupuestos anuales aprobados por las Cortes Valencianas. Ese paralelismo numérico es la base de la comparación que esgrime Díez: mientras la Generalitat ha logrado sacar adelante sus cuentas cada año, el Ejecutivo de Sánchez encadena prórrogas sin someter nuevas cuentas a votación en el Congreso.
La prórroga presupuestaria no es un episodio inédito en la democracia española. Ya se recurrió a ella en etapas de gobierno en minoría y bloqueo parlamentario, como en los ejercicios sin PGE nuevos durante la última década, marcada por la fragmentación del Congreso. La singularidad actual reside en el encadenamiento de tres ejercicios consecutivos, un periodo prolongado que el Consell utiliza como argumento político frente al Gobierno central.
Las posiciones de las partes y el papel de Vox
El acuerdo presupuestario de 2026 se sostiene sobre el pacto entre el PP de Pérez Llorca y Vox, formación que ha vinculado su apoyo a medidas como la prioridad nacional en el acceso a la vivienda. Fuentes del Consell defienden que el texto se ajusta al marco constitucional y sostienen la aprobación conforme al calendario previsto. Desde el PSPV, en cambio, se mantiene la advertencia de acudir al Tribunal Constitucional si el articulado conserva los términos anunciados.
Ninguna de las dos partes ha registrado hasta ahora un recurso formal ante el órgano de garantías. De producirse, el litigio no podría iniciarse hasta que la ley de presupuestos se apruebe y se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, requisito imprescindible para impugnar preceptos concretos de una norma en vigor.
Qué ocurre a partir de ahora
El Consell prevé la aprobación de las cuentas de 2026 el próximo miércoles en las Cortes Valencianas, con la mayoría de PP y Vox. Una vez publicado el texto, el Gobierno central dispondría de la vía del recurso de inconstitucionalidad, que en la práctica española suele demorar la resolución del Tribunal Constitucional durante meses o años hasta la sentencia definitiva.
En paralelo, la falta de Presupuestos Generales del Estado sigue sin fecha de desenlace, en un contexto de aritmética parlamentaria adversa para el Gobierno en el Congreso. Queda abierta la incógnita de si el Ejecutivo logrará presentar cuentas nuevas o mantendrá la prórroga vigente, un escenario que previsiblemente alimentará nuevos choques entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP.
