El escrito solicita que García Martín intervenga «a petición propia» ante el pleno «al objeto de informar sobre la gestión patrimonial» de Planifica Madrid, la sociedad pública que adquirió el inmueble. La comparecencia llega casi un mes después de que se conociera la compra, el 29 de julio, y responde de forma explícita a la petición de explicaciones formulada por la propia Ayuso y por Feijóo, en un intento de cerrar una crisis que, de momento, no ha remitido.
El origen del conflicto está en la adquisición de un ático de lujo en Chamberí, uno de los distritos más cotizados del centro de Madrid, por 6,3 millones de euros, una operación que el Ejecutivo autonómico justificó inicialmente como oficina temporal para la presidenta. La reventa fulminante del inmueble agravó la controversia: al día siguiente de que EL PAÍS desvelara la compra, Planifica Madrid puso el ático a la venta por 6,7 millones, 400.000 euros por encima del precio de adquisición.
Esa rapidez en revertir la decisión alimentó las dudas de la oposición sobre la solidez de la justificación inicial y sobre si la compra respondía a una necesidad real de oficinas. Planifica Madrid es la sociedad instrumental del Gobierno regional para la gestión de su patrimonio inmobiliario. Según la información publicada por EL PAÍS, la compañía solo había protagonizado dos operaciones de compra en los últimos cinco años, un dato que contrasta con la descripción de Ayuso de la empresa como un instrumento habitual de compraventa de inmuebles.
García Martín ocupa la consejería de Presidencia, Justicia e Interior y es considerado uno de los hombres de mayor confianza de Ayuso dentro del Ejecutivo regional. Su papel en la operación del ático le ha convertido en el principal foco de las críticas de la oposición. La fórmula de la comparecencia voluntaria traslada el peso de las explicaciones al consejero y evita, por el momento, que la propia presidenta tenga que dar cuenta directa ante la Cámara.
El marco normativo aplicable está recogido en el Reglamento de la Asamblea de Madrid, que permite a los miembros del Gobierno regional comparecer ante el pleno tanto a instancia de los grupos parlamentarios como por iniciativa propia, para informar sobre asuntos de su competencia. La convocatoria concreta debe fijarla la Mesa de la Cámara según el calendario que acuerde en los próximos días. La comparecencia a petición propia, sin embargo, no es la vía que reclamaba la oposición, que exigía explicaciones con mayor urgencia y de la propia Ayuso.
PSOE y Más Madrid han reclamado en las últimas semanas la apertura de una comisión de investigación específica sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, además de la comparecencia de la presidenta, a quien consideran responsable última de las decisiones de una empresa pública dependiente de su Gobierno. Ambas formaciones han cuestionado también el papel de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en la fiscalización de este tipo de operaciones inmobiliarias.
Desde el Gobierno regional se sostiene que la operación se ajustó a los procedimientos de contratación pública vigentes y que la decisión de revender el inmueble responde a un cambio de criterio ante la polémica, no a una irregularidad en la compra original. Según la información disponible, la consejería de Presidencia no ha hecho público un informe de tasación independiente que respalde el precio pagado por el ático.
En la controversia madrileña se han evocado precedentes de operaciones inmobiliarias de administraciones públicas cuestionadas por discrepancias entre el precio de compra y el valor de mercado, un tipo de episodio que en España ha derivado históricamente en investigaciones de los tribunales de cuentas regionales y, en ocasiones, en diligencias judiciales cuando se ha apreciado un perjuicio patrimonial para las arcas públicas. En este caso no consta que se haya producido ni denunciado formalmente ese perjuicio hasta la fecha.
El episodio erosiona la imagen de gestión eficiente que Ayuso ha cultivado desde su primer mandato al frente de la Comunidad, iniciado en 2019, y su gestión posterior tras la mayoría reforzada obtenida en las elecciones autonómicas. La intervención de García Martín se producirá en un contexto de vigilancia reforzada por parte de la oposición, que ya ha anunciado que empleará esa sesión para insistir en la comparecencia de la propia presidenta y de otros responsables de Planifica Madrid.
El desenlace dependerá en buena medida del contenido de las explicaciones del consejero, de si aporta documentación que despeje las dudas sobre la tasación y el proceso de compra, y de si los grupos parlamentarios consideran suficiente su testimonio o insisten en llevar el asunto a otras instancias, como la Cámara de Cuentas regional o los tribunales, en caso de apreciarse indicios de irregularidad en la gestión del dinero público. La fecha de la comparecencia queda pendiente del acuerdo de la Mesa de la Asamblea.
