La Instrucción del IAE permite al contribuyente escoger entre cuota municipal, provincial o nacional cuando la tarifa de una actividad contempla más de una clase, sin que nada le obligue a tributar en el territorio donde se asienta la instalación. AWS habría optado por la cuota nacional, lo que traslada la recaudación fuera de Aragón pese a que allí se concentran el consumo eléctrico, el gasto hídrico y la ocupación de suelo del proyecto.
El reparto estimado por el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) cifra en 522.777 euros anuales el importe en juego: 384.503 corresponderían a Zaragoza, 90.817 a Huesca, 33.400 a Villanueva de Gállego y 14.056 a El Burgo de Ebro. Ninguna de esas cantidades ha llegado a los ayuntamientos desde el arranque de la actividad en 2022, según las reclamaciones registradas por ambos consistorios.
Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro, ha condicionado la firma del convenio recogido en el PIGA a que exista antes un acuerdo económico que cubra tanto el IAE como una compensación pendiente, convirtiendo un trámite administrativo en instrumento de presión.
«Es verdaderamente lamentable y vergonzoso que los impuestos no se queden en el territorio», Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro.
La segunda teniente de alcalde de Villanueva de Gállego, Susana González, suma un agravio anterior: ambos municipios tampoco percibieron el ICIO de las obras, al haberse tramitado el proyecto como Plan de Interés General de Aragón y no como licencia municipal ordinaria. No es un caso aislado de fricción: en Cuarte, el movimiento vecinal logró que Amazon desviara una línea de alta tensión que iba a atravesar el casco urbano.
El consumo eléctrico de Aragón aumentó un 7,1% en 2025, frente al 2,7% registrado en el conjunto de España, un salto que la prensa aragonesa atribuye al despliegue del hub de AWS. Si se completan las ampliaciones previstas —32 edificios en once fases a lo largo de una década—, la demanda podría rondar los 10.800 GWh anuales, por encima del consumo total de Aragón en 2024, que fue de 10.543 GWh.
El agua añade otra capa de tensión: el plan estima un consumo de 755.000 metros cúbicos anuales para refrigeración, con un tope autorizado de 36.461 metros cúbicos por centro y año, límite que AWS solicitó elevar un 48% a finales de 2024, hasta 53.961 metros cúbicos. La compañía sostuvo en un comunicado de junio de 2026 que sus instalaciones aragonesas consumieron unos 68 millones de litros en 2025, equivalentes al 0,03% de la demanda industrial de la demarcación del Ebro.
La expansión no se limita a los dos municipios en pie de reclamación. AWS ha elegido La Puebla de Híjar, de apenas 935 habitantes, para su primer centro en Teruel, con 100 MW garantizados; Blackstone prepara en Calatorao un campus de hasta ocho centros con 650 MW y una inversión de 11.800 millones de euros, y Microsoft proyecta otra instalación junto a Puerto Venecia, en Zaragoza, donde la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha registrado 349 alegaciones. El mismo esquema fiscal se repite en cada nuevo emplazamiento.
El precedente de Opel en Figueruelas en 1982
Aragón ya vivió un modelo distinto cuando General Motors instaló la factoría Opel en Figueruelas en 1982: la fábrica quedó fiscalmente anclada al municipio que la acogía. El negocio de los centros de datos rompe esa lógica, porque el activo que tributa es el cómputo y el domicilio fiscal se convierte en una decisión contable ajena al territorio donde se produce la actividad. La tensión por el encaje territorial de estos proyectos reaparece en otras comunidades, como refleja el rechazo del Consell de Menorca a la ampliación del aeropuerto.
AWS cifra en 33.700 millones de euros su inversión total en España, después de elevar en marzo de 2026 los 15.700 millones que anunciaba inicialmente, y proyecta una aportación de 31.700 millones al PIB hasta 2035, estimaciones de la propia compañía. Frente a esas cifras, los dos municipios aragoneses llevan cuatro años sin ingresar el impuesto que genera la actividad instalada en su suelo. El borrador de decreto estatal que fijaría las reglas de operación de estos centros —exigiendo operar desde la UE y cubrir al menos el 80% del consumo con renovables— acumula alegaciones de Aragón, Andalucía y Madrid y sigue su tramitación abierta.
Mientras la reclamación fiscal continúa sin resolverse, Amazon ha anunciado una aportación de 13,8 millones de euros a un plan antiinundaciones en la zona, gesto que los consistorios afectados no vinculan a la deuda tributaria pendiente.
