El expediente no presentaba ilegalidad alguna que justificara un nuevo retraso, lo que llevó a los técnicos municipales a dar luz verde a una obra que había quedado paralizada administrativamente desde principios de mes por motivos ajenos a su viabilidad urbanística. La Fundación Mezquita de Sevilla, promotora del centro, ha defendido que se trata de un equipamiento cultural y religioso comparable a otros existentes en distintas ciudades españolas y que su tramitación se ha ajustado en todo momento a la normativa de suelo y edificación vigente.
Vox ha basado su oposición en el argumento de que la construcción supondría la "islamización de los barrios de Sevilla", según ha sostenido la formación para rechazar la obra. Sus representantes en la Junta de Andalucía se comprometieron a "emprender todas las acciones judiciales, políticas y administrativas" contra el centro, y el partido convocó el lunes una concentración que reunió a un grupo reducido de simpatizantes.
Un aplazamiento condicionado por el pacto autonómico
El trasfondo político de la decisión resulta inseparable del reparto de poder en la Junta de Andalucía. El presidente autonómico, el popular Juan Manuel Moreno, había cedido apenas unos días antes una macroconsejería y una vicepresidencia al dirigente de Vox Manuel Gavira. Ese contexto explica el aplazamiento inicial de la licencia municipal el 10 de julio: el consistorio optó entonces por estudiar el recurso de su socio y evitar así el primer choque en el nuevo Gobierno de coalición autonómico, según relató El País.
La aprobación final de este martes evidencia los límites de esa estrategia de contemporización. La Gerencia de Urbanismo, como órgano técnico-administrativo, resuelve las licencias conforme a criterios reglados de legalidad urbanística, sin que las consideraciones ideológicas o religiosas puedan constituir por sí solas motivo de denegación. Un bloqueo de una licencia ajustada a norma expondría al Ayuntamiento a un recurso contencioso-administrativo por parte de la promotora.
El marco de referencia es la libertad religiosa reconocida en el artículo 16 de la Constitución de 1978 y desarrollada por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que ampara la apertura de lugares de culto de las distintas confesiones. En materia urbanística, la concesión de licencias de obra es un acto reglado: la Administración debe otorgarlas cuando el proyecto cumple el planeamiento vigente, con escaso margen de discrecionalidad política.
Dos décadas de tramitación
El proyecto de la gran mezquita de Sevilla no es una iniciativa reciente: sus orígenes se remontan a más de veinte años atrás. A lo largo de estas dos décadas ha sobrevivido a cambios de gobierno municipal y a sucesivas fases administrativas sin lograr sortear hasta ahora la concesión de la licencia final. Según la memoria difundida por sus promotores, el centro incluirá, además del espacio de oración, dependencias culturales y educativas.
La controversia sevillana se inscribe en un debate más amplio sobre la implantación de mezquitas y centros islámicos en ciudades españolas, que en las últimas dos décadas ha generado tensiones en localidades como Badalona, Premià de Mar o Torrejón de Ardoz, con distintos desenlaces. En varios de esos casos los tribunales han avalado los proyectos al considerar que las trabas municipales carecían de fundamento legal y afectaban al derecho a la libertad religiosa.
El episodio añade un capítulo a la relación entre el PP y Vox en las instituciones andaluzas, una dinámica presente desde que ambos partidos comenzaron a compartir gobiernos autonómicos y municipales en 2019, tras el primer Ejecutivo de coalición encabezado por Moreno. La capacidad de Vox para condicionar decisiones mediante la amenaza de retirar su apoyo ha sido puesta a prueba en distintas ocasiones, con resultados desiguales según el margen de discrecionalidad de cada expediente.
A partir de ahora, el foco se traslada a la respuesta de Vox, que ha reiterado su intención de agotar las vías de impugnación disponibles sin que, por el momento, conste una acción judicial formalizada contra la licencia. Queda por ver si el episodio tiene consecuencias en la estabilidad del pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento y en la Junta, justo cuando ambas formaciones acaban de renegociar el reparto de responsabilidades autonómicas.
