La Resolución 2758, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 25 de octubre de 1971, resolvió qué gobierno representaba a China ante Naciones Unidas y otorgó ese reconocimiento a la República Popular China en detrimento de la República de China, con sede en Taipéi desde 1949. Pekín ha empleado desde entonces ese texto para argumentar que cualquier participación taiwanesa en organismos internacionales vulnera el principio de «una sola China», mientras Taipéi y buena parte de la literatura jurídica sostienen que la resolución se limita a la cuestión de la representación china y no contiene referencia explícita a Taiwán ni a su estatus.
La isla no pertenece a Naciones Unidas ni a sus agencias especializadas, lo que incluye la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que organiza las cumbres del clima, y tampoco es miembro de pleno derecho de INTERPOL, de la que quedó fuera en 1984 cuando la organización policial aplicó el mismo criterio que la ONU trece años antes y reconoció a Pekín como representante único de China. Desde entonces, Taipéi depende de canales bilaterales e informales con policías de otros países para el intercambio de información criminal, sin acceso directo a las bases de datos en tiempo real de una red que agrupa a 196 países miembros.
Según el planteamiento de Cheng, la presencia taiwanesa en las cumbres del clima se reduce a la condición de observador bajo el paraguas de alguna organización no gubernamental acreditada, una vía indirecta que no permite intervenir con voz propia en las negociaciones formales. Taipéi defiende que esa limitación choca con su trayectoria en política climática y aporta cifras para respaldarlo.
El texto firmado por Cheng cifra en un 6,59% la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2024 respecto a los niveles de 2005, un descenso que, según los datos oficiales citados por la representación taiwanesa, encadena tres años consecutivos a la baja y apuntaría a un desacoplamiento entre el crecimiento del PIB y la huella de carbono. La isla ha blindado por ley su objetivo de neutralidad de emisiones netas para 2050 a través de la Ley de Respuesta al Cambio Climático y promueve una economía circular que sus autoridades valoran en un billón de dólares taiwaneses, orientada a dar estabilidad a las cadenas de suministro de tecnologías verdes, un sector en el que la isla ocupa una posición relevante por su peso en la industria de semiconductores.
El estrecho de Taiwán, ruta marítima
En el terreno de la seguridad, el argumento taiwanés se apoya en la geografía. El estrecho de Taiwán es uno de los corredores marítimos más transitados del planeta, por el que circula una parte sustancial del comercio mundial de contenedores y buena parte del tráfico energético que abastece a Japón y Corea del Sur. Esa posición, sostiene Cheng, convierte la exclusión de INTERPOL en lo que define como un «agujero negro» en la red de seguridad internacional, al dejar a Taipéi sin acceso directo a la información sobre redes criminales transnacionales que operan sin atender a fronteras ni a reconocimientos diplomáticos.
La vulnerabilidad climática refuerza, según Cheng, la demanda de un asiento con voz propia. La isla, situada en una zona de tifones e intensa sismicidad en el Indo-Pacífico, afronta fenómenos extremos con consecuencias directas sobre su industria manufacturera, incluida la de semiconductores, de la que depende una parte relevante de las cadenas de suministro tecnológicas globales. Esa exposición es uno de los argumentos que Taipéi esgrime para reclamar un papel más allá del de observador ligado a entidades no gubernamentales.
La tensión en torno al estatus de Taiwán se inscribe en un contexto regional marcado por la rivalidad entre Pekín y Washington en el Indo-Pacífico, donde Estados Unidos mantiene una política de ambigüedad estratégica sobre la defensa de la isla y China ha intensificado en los últimos años sus incursiones aéreas y navales cerca del espacio taiwanés. Cada gesto de reconocimiento o exclusión de Taiwán en foros multilaterales se lee en Pekín y en Taipéi como una señal política de mayor calado que el asunto técnico que formalmente se discute.
China ha reiterado de forma constante, en distintos foros internacionales, que cualquier participación de Taiwán en organismos de la ONU o vinculados a ella debe ajustarse al principio de «una sola China» y ha condicionado su aquiescencia a que la isla no sea tratada como un Estado soberano. Esa posición, mantenida por Pekín desde la propia Resolución 2758, explica en buena medida por qué las agencias de la ONU han evitado hasta ahora conceder a Taipéi un estatus distinto al de observador ligado a entidades no gubernamentales, incluso cuando la isla reclama que su exclusión no se desprende literalmente del texto de 1971.
La discrepancia de interpretación no es nueva, pero ha ganado visibilidad conforme Taiwán ha intentado abrirse hueco en estructuras de las que quedó fuera tras perder el asiento en la ONU en 1971. La isla ha mantenido durante años campañas para reincorporarse como observadora a la Organización Mundial de la Salud, de cuya Asamblea participó entre 2009 y 2016 bajo la denominación «Taipéi Chino» antes de volver a quedar excluida, un precedente que Taipéi cita como muestra de que su presencia en foros técnicos es reversible según el clima político con Pekín.
El planteamiento se enmarca en un año en que la seguridad energética y marítima ocupa buena parte de la agenda internacional, con episodios como el incendio de un petrolero por una mina al este del estrecho de Ormuz reportado por Irán, que recuerda la fragilidad de las rutas marítimas estratégicas de las que depende el comercio mundial, incluida la que atraviesa el estrecho de Taiwán.
El texto firmado por Cheng apela directamente al lema de Naciones Unidas de «no dejar a nadie atrás», asociado a la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, para argumentar que la exclusión de Taiwán de la COP31 y de la Asamblea de INTERPOL contradice el principio de universalidad que, según sostiene, debería regir la gobernanza climática y policial global. La demanda se formula en nombre de los 23,5 millones de taiwaneses a los que Cheng alude en su escrito.
La COP31 y la 94ª Asamblea General de INTERPOL se celebran entre noviembre y diciembre, según el calendario de ambos organismos, sin que conste por ahora una resolución sobre la demanda taiwanesa de participación plena.