El expediente ha entrado en el Consejo de Estado con el número 1091/2026, pese a que el proyecto no figuraba en el Plan Anual Normativo de 2026 del departamento. Justicia ha justificado la tramitación urgente alegando una "necesidad regulatoria urgente", sin detallar qué circunstancia concreta la habría motivado. La reforma multiplica prácticamente por tres el importe de la nota simple telemática y por cuatro el de la información continuada respecto al arancel de referencia.
El origen de la controversia se remonta al Real Decreto 1427/1989, que fija el arancel de los registradores de la propiedad en 3,01 euros por cada nota simple informativa referida a una finca. La digitalización de los registros introdujo después cobros adicionales por los servicios telemáticos, una práctica que ha terminado judicializada en distintos tribunales del país.
El 22 de mayo de 2026 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó una sentencia que cuestionó expresamente el cobro de 12,03 euros por una nota simple con información continuada, al entender que el arancel vigente solo amparaba los 3,01 euros y no el importe superior facturado. El fallo también puso en duda que el Colegio de Registradores pudiera fijar por sí mismo tarifas no recogidas de forma expresa en la normativa, y abrió la puerta a reclamar la diferencia cobrada de más en ese caso concreto, sin anular de forma automática el resto de facturas emitidas en España.
La reforma remitida ahora al Consejo de Estado no deroga esos cobros sino que los incorpora al arancel: en vez de revisar una práctica cuestionada judicialmente y devolver lo cobrado de forma indebida, el Ministerio ha optado por modificar la norma para dar cobertura legal a las mismas cantidades que los tribunales han puesto en entredicho. Fuentes del sector registral han calificado la maniobra de "cacicada".
Los registradores defienden que la nota simple telemática y la de información continuada son servicios distintos de la nota simple ordinaria, que seguirá costando 3,01 euros, y atribuyen el diferencial a las inversiones en plataforma electrónica, mantenimiento y sistemas de seguridad que exige la digitalización. Los críticos de la subida replican que no se ha acreditado de forma independiente que esos costes justifiquen multiplicar las tarifas de referencia, y señalan la ausencia de una memoria económica que vaya más allá de calificar el impacto sobre ciudadanos y empresas como "nulo o insignificante".
La asociación ADAC ha reclamado conocer cuántas notas simples se han expedido, cuánto dinero se ha recaudado por ellas y qué parte de ese importe ha retenido el Colegio de Registradores por el uso de su propia plataforma. El pasado jueves la asociación anunció que había acudido al Consejo de Transparencia para exigir esos datos, en paralelo a la tramitación urgente del Real Decreto. Aunque cada nota cueste pocos euros, se trata de un servicio utilizado masivamente en el mercado inmobiliario.
El debate incorpora además una dimensión institucional: los registradores ejercen una función pública aunque se retribuyan con los aranceles que pagan los usuarios, lo que implica que sus tarifas no pueden fijarse con la misma libertad que las de una empresa privada. Para quienes compran, venden o hipotecan una vivienda, el sobrecoste de cada nota simple se suma a los trámites habituales de una operación inmobiliaria que ya exige comprobar la situación jurídica de la finca. La controversia se produce en una semana en la que el BOE contabilizaba 823 altos cargos activos ante un posible relevo tras el 29N.
A la espera del dictamen del Consejo de Estado, que es preceptivo pero no vinculante, la reforma continúa en tramitación y no puede presentarse como una subida ya aprobada ni en vigor. Lo que por ahora no consta es cuánto se ha cobrado de más en todo el país por este concepto, con qué fundamento, ni la razón de la urgencia con la que el Ejecutivo ha decidido cambiar las reglas apenas unos días antes de abrir las urnas.