El aviso llegó a los agentes a través de los agentes forestales del Gobierno de La Rioja, que dieron la alerta tras encontrar los dos cadáveres. Desde entonces, el Seprona ha realizado inspecciones oculares técnico-científicas, toma de muestras y recogida de evidencias en el paraje, sin que hasta el momento conste ninguna detención. La investigación se dirige hacia un presunto delito contra la fauna, lo que sitúa el caso en la vía penal.
Corresponderá al juzgado de instrucción que asuma la causa determinar qué tipo penal se aplica y en qué circunstancias murieron los dos lobos, sin que por ahora conste la identidad de ningún investigado. La Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana: quien disponga de información sobre personas o vehículos que estuvieran en la zona en las fechas del hallazgo puede comunicarlo al teléfono 062, a la Comandancia de La Rioja (941 22 99 00), por correo electrónico o a través de la aplicación AlertCops.
El hallazgo se produce en un territorio con presencia consolidada de la especie. El último censo del Gobierno de La Rioja, presentado en noviembre de 2025, cifra en hasta 71 los lobos en la comunidad, repartidos en seis manadas y siete ejemplares solitarios, con presencia documentada en 56 municipios. Según esa actualización, la manada del Alto Oja-Najerilla, asentada entre Canales de la Sierra y Ezcaray, se dividió en dos grupos: la manada de Gatón y un nuevo núcleo reproductor en Ezcaray. La información difundida no precisa si los dos animales hallados decapitados pertenecían a alguno de esos grupos.
El marco legal, en disputa ante el Constitucional
El estatus del lobo ha cambiado sustancialmente en los últimos dos años. La Ley 1/2025, de 1 de abril, excluyó a la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial al norte del Duero, una decisión que tiene pendientes ante el Tribunal Constitucional tanto el recurso del Defensor del Pueblo como la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en junio de 2026. El Tribunal Supremo, por su parte, limitó en una sentencia del 12 de febrero de 2026 la muerte de lobos a los casos en que sea la única solución posible para evitar daños al ganado. La Rioja declaró al lobo especie cinegética en la temporada 2025-2026 y autorizó en marzo de 2026 la captura de cuatro ejemplares.
Si el caso se encauza por el artículo 334 del Código Penal, que castiga cazar, poseer o destruir especies protegidas de fauna silvestre, la pena prevista es de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses, además de inhabilitación especial para profesión u oficio y para cazar o pescar de dos a cuatro años. Con el sistema de días-multa, cuya cuota diaria oscila entre 2 y 400 euros, la sanción económica podría situarse entre 480 y 288.000 euros según la capacidad económica del condenado. Si la especie careciera de protección pero su caza estuviera prohibida, el artículo 335 prevé multa de ocho a 12 meses e inhabilitación para cazar de dos a cinco años.
A la vía penal se suma la administrativa. La Ley de Caza de La Rioja (Ley 8/2022) contempla multas de 501 a 3.000 euros para las infracciones graves y de 3.001 a 60.000 euros para las muy graves, con retirada de la licencia de tres a cinco años y comiso de los medios empleados en estas últimas. Si la justicia restituyera la protección del lobo en la comunidad, entrarían en juego las sanciones de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de 3.001 a 200.000 euros para las infracciones graves y de hasta dos millones de euros para las muy graves, categoría en la que figura la muerte de ejemplares de especies protegidas.
Las cifras de mortalidad de la especie en España llegan fragmentadas, ya que, según un informe científico difundido por WWF, no existe un registro fiable de muertes por atropello o furtivismo sin radioseguimiento de ejemplares. En Asturias, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico contabilizó 43 lobos muertos en diez meses de la campaña 2025-2026, de los que 31 fueron abatidos en batidas autorizadas por el Principado. En Cantabria se certificaron 42 muertes entre abril de 2025 y junio de 2026, 38 de ellas por control poblacional de la Administración autonómica.
Con una perspectiva más amplia, un repaso publicado en abril de 2026 recoge 1.381 lobos muertos en España entre 1991 y 2026, de los que 1.031 murieron por accidentes de tráfico y 128 por caza ilegal. Un estudio internacional difundido en septiembre de 2025 atribuye a causas humanas el 74% de las muertes de lobos grises en el hemisferio norte, mientras que un trabajo de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) presentado en julio de 2026 concluye, según sus investigadores, que reducir un 10% la mortalidad del lobo ibérico mejoraría su estado de conservación.