Montalvo sostuvo que la declaratoria responde a la necesidad de que el Estado esté preparado «no solo en materia de inundaciones, sino también ante las complejidades que trae el fenómeno en cuanto a sequía y sus efectos en la producción nacional». La ministra subrayó que el objetivo es contar con los recursos disponibles en el momento en que se requiera intervenir, antes de que los impactos se agraven.
La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, detalló que las estaciones meteorológicas distribuidas en el territorio nacional han registrado, desde mayo hasta lo que va de agosto, un déficit de precipitación de hasta 60% en la vertiente del Pacífico. Ese faltante de lluvia complica de forma directa al sector agropecuario, que depende del régimen de lluvias de esa región para sus principales ciclos de siembra.
En contraste, la funcionaria indicó que la provincia de Bocas del Toro, en el Caribe, ha recibido 25% más de lluvia de lo habitual para este periodo. El fenómeno de El Niño, explicó, altera el patrón climático del istmo de manera opuesta en sus dos vertientes: intensifica las precipitaciones en el Caribe mientras reduce las del Pacífico.
Calzadilla advirtió que el país tiene actualmente cerca de once cuencas hidrográficas en condición de estrés hídrico, es decir, con niveles de los ríos muy por debajo de lo normal. Esa situación, señaló, genera complicaciones tanto para la generación hidroeléctrica como para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras. «Tenemos casi 11 cuencas hidrográficas en estrés hídrico. Es decir, que los niveles de los ríos están muy bajos. Tenemos complicaciones para las hidroeléctricas y para las potabilizadoras», afirmó la directora del Imhpa.
La directora clasificó el episodio actual de El Niño como «muy fuerte» y explicó que su evolución ha sido más rápida de lo previsto. «El Niño está en una categoría de muy fuerte y ha evolucionado muy rápido. Se supone que en octubre, noviembre y diciembre alcanza el pico de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial, eso hace que tengamos la entrada anticipada de la temporada seca», afirmó. La funcionaria estimó que sus efectos se extenderían hasta mayo de 2027.
El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, precisó que la declaratoria tiene un carácter preventivo, orientado a anticipar acciones ante los riesgos ya identificados. Indicó que las labores de atención se concentran, por ahora, en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la provincia de Colón, zonas donde las lluvias del Caribe han motivado alertas por posibles inundaciones y deslizamientos.
Contrataciones directas bajo el refrendo del contralor
El estado de emergencia habilita al Gobierno para recurrir al procedimiento especial de adquisición de bienes, servicios y obras contemplado en la normativa de contrataciones públicas, lo que simplifica los trámites administrativos y permite realizar compras de forma directa, sin el concurso ordinario que rige en circunstancias normales. Ese mecanismo excepcional no exime a las erogaciones del refrendo de la Contraloría General, encargada de verificar que los contratos suscritos bajo esta modalidad se ajusten a la ley y respondan efectivamente a la emergencia declarada.
La declaratoria, adoptada en Consejo de Gabinete, corresponde a una decisión del Órgano Ejecutivo amparada en la legislación de gestión de riesgos y protección civil vigente en el país. El decreto respectivo debe precisar el ámbito territorial y temporal de la medida, así como las entidades autorizadas para ejecutar los recursos bajo el régimen especial de contratación.
Panamá ha recurrido a declaratorias de este tipo en episodios anteriores de variabilidad climática, tanto por fenómenos de El Niño como de La Niña, su contraparte. La gestión de riesgos climáticos ha cobrado mayor relevancia ante la dependencia del país de sus cuencas hidrográficas, no solo para consumo humano y generación eléctrica, sino también para la operación del Canal de Panamá, cuyo funcionamiento depende del nivel de los lagos Gatún y Alhajuela.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha enfrentado en años recientes restricciones de calado derivadas de episodios de baja pluviosidad, que obligaron a limitar el tránsito de buques por la vía interoceánica. El material disponible no precisa si la actual declaratoria contempla medidas específicas para el Canal, pero el estrés hídrico señalado por el Imhpa en las cuencas del país configura un escenario que las autoridades de la vía seguirán de cerca en los próximos meses.
De cara a los próximos meses, el Gabinete de Riesgo deberá reportar el avance de las acciones de mitigación en las zonas ya identificadas como prioritarias, mientras el Imhpa continuará monitoreando la evolución del fenómeno hacia su pico proyectado entre octubre y diciembre. La extensión del estado de emergencia y el eventual uso de las contrataciones directas quedarán sujetos al refrendo y la fiscalización de la Contraloría General, en un contexto en el que el propio organismo meteorológico proyecta que los efectos de El Niño se mantendrán activos hasta mayo de 2027.