Un estudio actualizado que detecta un repunte
La demanda conjunta de los cuatro municipios ribereños se articula en torno a un documento técnico que actualiza un estudio previo, difundido hace un año, sobre presencia de metales pesados en la fauna piscícola del estuario del Guadalquivir. Según el material, esa actualización, con fecha del 12 de julio de 2026, ha detectado un incremento que Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, describe como de "niveles récord" en los últimos meses.
Los firmantes condicionan cualquier nueva autorización a que se aclare antes el alcance del problema: reclaman conocer "exactamente" las consecuencias de los vertidos en el ecosistema del que dependen tanto los cuatro municipios como el entorno de Doñana. El material disponible no detalla, sin embargo, todas las variables ambientales que explicarían ese repunte ni cuantifica las concentraciones registradas.
El foco en Cobre Las Cruces
La instalación que concentra las miradas es la mina de Cobre Las Cruces, situada en el término municipal de Gerena (Sevilla), una explotación de cobre que opera bajo autorización ambiental integrada. Ese instrumento está previsto en la normativa de prevención y control integrados de la contaminación, que exige a las instalaciones de este tipo controles periódicos de vertidos y límites de emisión fijados por la autoridad ambiental autonómica, en este caso la Junta de Andalucía.
Los firmantes no atribuyen formalmente el origen de los metales a una única fuente, pero sí reclaman que las administraciones esclarezcan su procedencia antes de autorizar cualquier nuevo desembalse de aguas de proceso minero al cauce. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es la competente para autorizar vertidos a dominio público hidráulico en cuencas intercomunitarias como la de este río.
Quiénes firman y qué reclaman
Encabezan el escrito las alcaldías de Coria del Río y Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona (Cádiz), a las que se suman, representantes de una decena de entidades. Los cuatro municipios comparten una dependencia directa del estuario para la pesca, el marisqueo y el turismo vinculado a Doñana, parque nacional declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.
La reclamación plantea dos medidas: la paralización de los vertidos mineros mientras se determina su impacto, y la prohibición de nuevos desembalses hasta disponer de una evaluación ambiental completa. Es una demanda de carácter preventivo, amparada en el principio de precaución que rige la normativa ambiental europea y española, y que no consta, con el material disponible, que se haya traducido aún en una acción judicial.
El precedente de Aznalcóllar
La sensibilidad de la comarca hunde sus raíces en un antecedente concreto: el vertido de la mina de Aznalcóllar, en abril de 1998, cuando la rotura de una balsa de residuos de la empresa Boliden liberó millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que llegaron a las puertas de Doñana. Aquel desastre, uno de los mayores accidentes ambientales de la España democrática, obligó a construir un corredor verde de contención y reforzó el escrutinio ambiental sobre cualquier actividad minera en el entorno del parque nacional.
Los metales pesados como el cobre, el zinc o el plomo, cuando se acumulan en sedimentos y organismos acuáticos, pueden concentrarse a lo largo de la cadena alimentaria mediante bioacumulación. Ese proceso, ampliamente documentado por la literatura científica desde el episodio de Aznalcóllar, constituye la base técnica de la preocupación expresada por el catedrático Jesús Castillo.
Dos administraciones, competencias divididas
El marco competencial es clave para entender los próximos pasos. La autorización ambiental integrada de la instalación minera corresponde a la Junta de Andalucía, mientras la vigilancia de la calidad de las aguas y la autorización de vertidos al cauce recaen en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo estatal. Esa dualidad ha generado en el pasado, en episodios de otras cuencas, retrasos en la adopción de medidas cautelares al requerir coordinación entre administraciones de distinto nivel.
Ni la Junta de Andalucía ni la Confederación Hidrográfica han hecho público un pronunciamiento detallado sobre la petición, según el material disponible. Tampoco consta una respuesta pública de la empresa operadora de Cobre Las Cruces.
Doñana, un espacio bajo presión
El parque nacional de Doñana ha estado en el centro de sucesivos conflictos ambientales en las últimas dos décadas, desde la sobreexplotación de acuíferos por el regadío hasta advertencias de organismos comunitarios sobre su estado de conservación. La Comisión Europea ha mantenido abierto en los últimos años un procedimiento contra España por la gestión hídrica en el entorno del espacio, lo que añade escrutinio a cualquier nuevo indicio de deterioro ambiental en la cuenca.
En ese contexto, la aparición de indicios de contaminación por metales pesados que pudieran afectar a la fauna del estuario suma una preocupación a un espacio que ya combina presión hídrica, turística y agrícola. La reclamación de los cuatro alcaldes se inserta en esa cadena de tensiones acumuladas sobre la desembocadura del Guadalquivir.
Los próximos pasos
El siguiente paso previsible pasa por que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se pronuncie sobre la petición de paralización y por que la Junta de Andalucía decida si refuerza los condicionantes de la autorización ambiental integrada vigente. Los ayuntamientos firmantes podrían, si no obtienen respuesta, acudir a la vía contencioso-administrativa, un mecanismo ya empleado por colectivos de la zona en litigios sobre la gestión hídrica de Doñana.
La publicación íntegra de la actualización del estudio sobre metales pesados en peces será previsiblemente el documento de referencia sobre el que se construya el debate técnico en las próximas semanas. El Hemiciclo seguirá el desarrollo de la reclamación y las respuestas, si las hay, de la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la empresa operadora de la mina.
