La COP17 marca la primera vez que este organismo de Naciones Unidas celebra su cumbre anual en un país de Asia Central u Oriental, un hecho que la propia CNULD ha señalado como significativo dado el nivel de afectación que sufre el territorio mongol. Según el Ministerio de Medio Ambiente de ese país, la desertificación golpea ya al 81.9% de sus 1.56 millones de kilómetros cuadrados —cifra que ese despacho elevó el pasado jueves—, un fenómeno que la ONU atribuye a la combinación de cambio climático, con un aumento de 2.5 grados en la temperatura media mongola desde 1941, y al sobrepastoreo derivado de un censo ganadero que ronda las 60 millones de cabezas.
El encuentro reunirá durante casi dos semanas a jefes de gobierno, ministros, científicos, líderes indígenas y representantes de comunidades pastoriles. En su primera semana concentrará las negociaciones técnicas entre delegaciones nacionales, mientras que la segunda, de mayor peso político, incluirá el segmento de alto nivel y varios diálogos ministeriales. Cuatro ejes temáticos —financiación; agua; tierra y personas; y sistemas alimentarios y salud del suelo— estructurarán los paneles y eventos paralelos previstos para esas jornadas.
El pulso pendiente de la sequía
El principal asunto que la COP17 deberá resolver es la aprobación de un marco vinculante de carácter global para hacer frente a la sequía, una discusión que quedó formalmente aplazada en la COP16 de Riad. Esa disputa enfrentó entonces a un bloque de países africanos, que reclamaban un instrumento de obligado cumplimiento, con la resistencia de naciones como Estados Unidos, reticentes a asumir compromisos jurídicamente exigibles en esta materia. La resolución de ese diferendo se perfila como uno de los principales pulsos pendientes de la cumbre de Ulán Bator.
Pese a que la cumbre de Riad no logró cerrar ese acuerdo, sí produjo avances relevantes, entre ellos el lanzamiento de la Alianza Mundial de Riad para la Resiliencia ante la Sequía, una iniciativa que movilizó $12,000 millones destinados a atender este fenómeno, con especial atención a los países más vulnerables. El entonces secretario ejecutivo de la CNULD, Ibrahim Thiaw, enmarcó en febrero de 2025 —cuando se formalizó el acuerdo de sede con Mongolia— esta nueva cita como una continuación del impulso alcanzado en la COP16, orientada a “mejorar los compromisos mundiales, reforzar los mecanismos financieros y fomentar las alianzas intersectoriales”, según declaró en ese momento.
El mecanismo de las conferencias de las partes, común a las tres grandes convenciones ambientales surgidas de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 —cambio climático, biodiversidad y desertificación—, funciona por consenso entre los 197 países signatarios de la CNULD, lo que explica que acuerdos de este tipo puedan demorarse durante varios ciclos de negociación, como ha ocurrido con el marco de sequía desde su primer planteamiento.
Un anfitrión con interés directo
Mongolia no llega a la cita como sede neutral, sino como uno de los países con mayor exposición a la desertificación a escala mundial, lo que ha llevado a sus autoridades a vincular explícitamente las negociaciones internacionales con las presiones que ya enfrentan sus zonas áridas, pastizales y comunidades rurales dedicadas al pastoreo. El ministro de Medio Ambiente mongol, Tsend Sandag-Ochir, subrayó en un taller preparatorio celebrado semanas antes de la cumbre que su país busca “ir más allá de lo logístico” y conducir el proceso de negociación de forma “justa y transparente”.
En esa línea, el gobierno mongol planea presentar de manera formal tres iniciativas propias durante la cumbre, orientadas a la gestión de pastizales, el manejo de tierra y agua, y las soluciones basadas en la naturaleza, con las que aspira a marcar la agenda de discusión y proyectarse como referente regional en la materia. El país ha buscado además ampliar la participación más allá de los circuitos diplomáticos tradicionales, con el foro juvenil ‘Youth4Land’ y la vinculación del sector empresarial local, a través del Consejo Empresarial de Mongolia, a la iniciativa ‘Business4Land’ impulsada por la propia CNULD para acelerar la gestión sostenible de la tierra.
La desertificación y la degradación de tierras afectan a una porción creciente de la superficie terrestre mundial, con consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y los medios de vida de comunidades rurales en regiones de África, Asia y América Latina. Panamá, aunque no figura entre los países con mayor grado de afectación, ha reportado en distintos informes ambientales procesos de deforestación y pérdida de cobertura vegetal en zonas del arco seco de la vertiente pacífica, un área identificada en años recientes por autoridades ambientales como vulnerable a patrones de sequía prolongada.
La CNULD, con sede en Bonn, Alemania, opera bajo un secretariado que coordina la implementación del tratado entre los estados parte, entre ellos Panamá, que ratificó la convención en la década de 1990 dentro del marco de compromisos ambientales adoptados tras la Cumbre de Río. El país ha participado en las conferencias de las partes de este organismo como parte de sus obligaciones internacionales en materia de manejo de suelos y recursos naturales, aunque sin ocupar un papel protagónico en las negociaciones más disputadas, como la del marco vinculante sobre sequía que ahora se dirime en Ulán Bator.
La cumbre se extenderá hasta el 28 de agosto, fecha en la que se conocerán los resultados formales de la negociación, incluida la eventual aprobación del marco sobre sequía que quedó pendiente desde Riad. De alcanzarse un acuerdo, correspondería posteriormente a cada país signatario definir los mecanismos de implementación a nivel nacional, un proceso que en convenciones ambientales de este tipo suele tomar varios años y sucesivas conferencias de seguimiento antes de traducirse en normativa interna concreta.