La Contraloría General de la República es el órgano constitucional encargado de fiscalizar los fondos y bienes públicos y de examinar, cuando corresponde, las operaciones de empresas que prestan servicios bajo concesión o licencia estatal. Esa atribución la ejerce el contralor con apoyo en su ley orgánica y en el propio texto constitucional, e incluye el refrendo —el aval que da la institución a los contratos en que interviene el Estado— como una de sus herramientas de control.
Cable & Wireless Panamá es la heredera de la antigua empresa estatal de telecomunicaciones, cuya privatización parcial en la década de 1990 mantuvo al Estado como accionista y dejó a la compañía operando bajo una concesión que la vincula históricamente con el sector público. Esa relación explicaría por qué sus registros y contratos con entidades estatales quedan sujetos a la potestad fiscalizadora de la Contraloría, incluido el refrendo cuando aplica.
Naturgy, por su parte, distribuye energía eléctrica en el mercado panameño desde la reforma del sector impulsada a finales de los años noventa, cuando el Estado transfirió a manos privadas la distribución en buena parte del país. La regulación y supervisión del servicio quedaron en manos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que fija las tarifas y vigila el cumplimiento de las condiciones de operación.
Un anuncio sin hallazgos detallados
Por ello, la iniciativa se manejaría en esta etapa como el inicio de gestiones de revisión más que como la conclusión de una pesquisa. No consta que el anuncio esté vinculado a una renegociación contractual específica con ninguna de las dos empresas.
Ni Cable & Wireless Panamá ni Naturgy se habían pronunciado públicamente sobre el anuncio hasta el momento de esta publicación, por lo que sus versiones respecto al alcance de la auditoría y la investigación permanecen pendientes de conocerse. Tampoco la ASEP, competente en materia tarifaria y regulatoria del servicio eléctrico, había fijado posición sobre la investigación abierta a la distribuidora.
La fiscalización de empresas concesionarias de servicios públicos no es inédita en Panamá. La Contraloría ha adelantado en años anteriores revisiones a contratos y operaciones de compañías del sector eléctrico y de telecomunicaciones, en el marco de su mandato de velar por el uso correcto de los recursos y el cumplimiento de las condiciones pactadas en las concesiones. El propio proceso de privatización de los servicios públicos a finales de los años noventa estuvo acompañado de cláusulas de fiscalización estatal que siguen vigentes.
El procedimiento habitual en este tipo de auditorías contempla la solicitud de documentación financiera y contractual a la empresa fiscalizada, la revisión de registros contables y, de encontrarse hallazgos relevantes, la remisión de un informe al Ministerio Público si hubiera indicios de responsabilidad penal, o a la ASEP en caso de infracciones de carácter regulatorio. Es un proceso que normalmente se extiende por varios meses antes de arrojar conclusiones definitivas.
Tanto el sector de telecomunicaciones como el eléctrico han sido objeto de atención pública recurrente en el país. En el primero, por los precios de los servicios de telefonía e internet y por el cumplimiento de las metas de cobertura pactadas en los contratos de concesión; en el segundo, por las tarifas y la calidad del servicio de distribución en distintas provincias. Ambos rubros afectan directamente el gasto de los hogares panameños.
La Asamblea Nacional, a través de sus comisiones de Economía y Finanzas o de Población, Ambiente y Desarrollo Territorial, podría eventualmente citar a representantes de la Contraloría o de las empresas para ampliar información, aunque hasta la fecha no se ha registrado una convocatoria formal. La fiscalización parlamentaria de los servicios públicos es una vía complementaria a la que ejerce el contralor, sin sustituirla.
De confirmarse hallazgos que ameriten acciones adicionales, correspondería a la Contraloría remitir sus conclusiones a las instancias competentes: al Ministerio Público en caso de indicios penales o a la ASEP si se trata de incumplimientos regulatorios o tarifarios. Por ahora no se conoce el cronograma de la auditoría a Cable & Wireless ni el objeto preciso de la investigación a Naturgy, ni si ambas gestiones derivarán en sanciones, ajustes contractuales o en la publicación de un informe técnico sin consecuencias inmediatas para los usuarios.