El retraso en la entrega de infraestructura pública es un problema recurrente en Panamá, con episodios documentados en gobiernos de distinto signo político. Los casos van desde centros de salud comunitarios hasta escuelas, pasando por instalaciones deportivas que en algunos corregimientos llevan años convertidas en estructuras de concreto abandonadas, sin equipamiento ni personal asignado. Según el material que sustenta esta información, el atraso no solo eleva el gasto, sino que prolonga la espera de miles de panameños sin acceso a servicios prometidos.
El mecanismo de contratación pública panameño exige que todo contrato estatal cuente con el refrendo del contralor general antes de su ejecución, un paso que busca garantizar que los fondos comprometidos existan y que la licitación haya cumplido la normativa vigente. Ese refrendo, sin embargo, no obliga por sí solo a que la obra se complete en el plazo pactado, y es en la etapa de ejecución donde suelen surgir los atrasos: incumplimiento de la contratista, falta de flujo de caja del Estado, cambios de diseño o litigios contractuales.
El sobrecosto que hereda el presupuesto
Cuando una obra queda inconclusa, el costo no se limita al monto original del contrato. Los sobrecostos por adendas, la necesidad de recontratar a otra empresa tras la rescisión del contrato original y el deterioro físico de estructuras a medio construir —que en el clima tropical panameño se agrava con la humedad y las lluvias— elevan el gasto final frente a lo presupuestado. Ese sobrecosto recae, en última instancia, sobre el Presupuesto General del Estado, cuya ejecución es revisada cada año en las vistas presupuestarias de la Asamblea Nacional.
El Ministerio de Economía y Finanzas programa y desembolsa los recursos para la inversión pública, mientras que la ejecución material corresponde a ministerios sectoriales como Salud, Educación u Obras Públicas, según el tipo de proyecto. La descoordinación entre la planificación financiera del MEF y la capacidad de gestión de esos ministerios ha sido señalada en el pasado como una de las causas estructurales del atraso.
El propio diseño del sistema de contratación contempla fianzas de cumplimiento y garantías de ejecución que, en teoría, deberían proteger al Estado ante el abandono de una obra por parte de la contratista. La ejecución efectiva de esas garantías, no obstante, suele requerir procesos administrativos o judiciales que se extienden por meses o años, lo que retrasa aún más la reactivación del proyecto original.
Un antecedente que ilustra la magnitud del problema es el de los llamados «elefantes blancos» identificados durante distintas administraciones: obras iniciadas con fondos públicos que quedaron abandonadas por años antes de ser retomadas, rescindidas o nunca concluidas. La propia Contraloría General ha publicado en ejercicios anteriores inventarios de proyectos paralizados, aunque la actualización pública de esos listados no siempre ha sido constante.
Las comunidades afectadas asumen, en la práctica, el costo social del retraso. En corregimientos donde se prometió un hospital o un centro de salud, la población continúa dependiente de instalaciones más alejadas o de menor capacidad. En el caso de escuelas inconclusas, estudiantes y docentes deben mantenerse en infraestructuras provisionales o compartir espacios con otros planteles, una situación que organizaciones magisteriales han planteado repetidamente ante el Ministerio de Educación.
En la Asamblea Nacional, las obras inconclusas han sido objeto de solicitudes de informe en comisiones de trabajo en años anteriores, particularmente durante las vistas presupuestarias, donde diputados de distintas bancadas han cuestionado a ministros sobre el destino de partidas asignadas a proyectos específicos. No consta, por ahora, que se haya programado una nueva citación relacionada directamente con el reporte que motiva esta información.
Desde el Órgano Ejecutivo no se ha ofrecido hasta el momento un pronunciamiento público específico sobre el listado de obras al que se habría hecho referencia. Tampoco ha trascendido una posición oficial de los ministerios sectoriales involucrados ni de la Contraloría General sobre el estado actual de fiscalización de esos contratos, por lo que cualquier valoración institucional queda a la espera.
La comparación con otros países de la región centroamericana muestra que la infraestructura pública inconclusa no es exclusiva de Panamá, aunque la dimensión de los proyectos afectados —incluidos hospitales de referencia— eleva la sensibilidad social del asunto. Organismos multilaterales que han financiado infraestructura en la región han señalado en informes generales la debilidad de los sistemas de supervisión de obra como un factor común en Centroamérica.
De confirmarse la magnitud del listado de proyectos paralizados, la atención se trasladaría a la respuesta que puedan dar el MEF y la Contraloría General en los próximos informes de ejecución presupuestaria, así como a la eventual fiscalización que adelante la Asamblea Nacional durante el próximo periodo de vistas presupuestarias. La ciudadanía de los corregimientos afectados, mientras tanto, continuará a la espera de plazos concretos para la entrega de obras que en algunos casos llevan más de un lustro sin concluirse.