Fitch indicó, en su informe del 16 de julio, que los datos correspondientes a los primeros cinco meses del año muestran que el proceso de consolidación de las finanzas públicas avanza según lo previsto, sostenido por dos factores: la venta extraordinaria de terrenos al Canal, equivalente a 0.2% del producto interno bruto (PIB), y nuevos recortes al gasto de capital, que según la calificadora se redujo 7.5% frente al nivel registrado el año pasado, una cifra que ya representaba el nivel más bajo de los últimos 20 años.
Bajo ese escenario, la firma proyecta que el Gobierno cumplirá en 2026 con la meta de llevar el déficit del sector público no financiero a 3.5% del PIB. El objetivo se enmarca en las reglas de responsabilidad fiscal que rigen el manejo de las cuentas del Estado y que fijan topes de déficit como mecanismo de disciplina presupuestaria.
Un saneamiento que elevó el avalúo
La operación con la ACP fue revelada en marzo por el propio Chapman durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto. El ministro explicó que los terrenos debían transferirse del MEF a la ACP, pero requerían antes un proceso de saneamiento por la presencia de municiones remanentes de la época en que esas áreas formaban parte de la antigua Zona del Canal, bajo administración estadounidense hasta la entrada en vigor de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 y la transferencia definitiva del Canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.
Según relató Chapman, cuando el actual equipo económico asumió en el MEF encontró avalúos que fijaban el valor de esas tierras en aproximadamente $26 millones, cifra que el equipo económico consideró baja. A partir de ese diagnóstico, el ministerio, a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), inició una negociación con la ACP en la que asumió la responsabilidad de limpiar los polígonos antes de entregarlos al Canal, lo que —sostuvo el ministro— permitió elevar sustancialmente el valor de la transacción hasta alrededor de $100 millones.
“Restando la inversión que tenemos que hacer en la limpieza de los polígonos, hemos logrado un aumento de recaudación o una utilidad o una ganancia o un beneficio para el Estado panameño, para el Tesoro Nacional, de 90 millones de dólares”, señaló Chapman ante los diputados, según quedó reseñado en las redes sociales del MEF.
El proceso venía gestándose desde diciembre de 2025, cuando el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, informó que el Canal negociaba con el MEF la adquisición de terrenos adicionales para completar los activos requeridos en los futuros desarrollos portuarios de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en Colón. Vásquez explicó entonces que la ACP necesitaba concluir la transferencia y el registro de esas tierras como propiedad del Canal antes de avanzar con los procesos de precalificación y la posterior licitación de ambos proyectos.
Parte de los terrenos correspondían a áreas de Isla Telfers de propiedad estatal, mientras que otro tramo se ubicaba en Corozal. En el caso de este último, se conoció que la ACP no requería en ese momento adquirir terrenos adicionales, dado que el área ya disponible resultaba suficiente para las etapas iniciales del desarrollo portuario previsto en el Pacífico.
La monetización de bienes revertidos —terrenos e infraestructuras que pasaron al Estado tras la salida estadounidense de la Zona del Canal en 1999— no es un recurso nuevo en la administración de esos activos: su gestión, arrendamiento y venta han sido una vía recurrente para generar ingresos desde el traspaso del Canal. Fitch advirtió, no obstante, que este tipo de ingresos, por su naturaleza extraordinaria, no sustituye de forma estructural a la recaudación ordinaria.
Las reservas de la calificadora
La firma introdujo una nota de cautela sobre la sostenibilidad de la estrategia. Fitch señaló que todavía está por verse qué tan sostenible resulta mantener comprimido el gasto de capital, ya que algunos proyectos de inversión pública tienen pagos pospuestos —no cancelados ni retrasados en sus cronogramas—, lo que podría generar presiones de gasto diferidas hacia adelante.
De cara a los próximos meses, el cumplimiento de la meta de déficit de 3.5% del PIB para el cierre de 2026 dependerá de que el Órgano Ejecutivo mantenga la disciplina en el gasto de capital señalada por Fitch y de la evolución de la recaudación tributaria ordinaria. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional deberá dar seguimiento a estos indicadores en las próximas vistas presupuestarias, mientras las calificadoras internacionales observan si la consolidación fiscal se sostiene sin depender de ingresos extraordinarios como el registrado con la venta de terrenos al Canal.