La reconfiguración responde a una limitación logística: los primeros puntos habilitados se concentraban en la capital, lo que obligaba a beneficiarios del interior a desplazarse largas distancias para formalizar la negociación de sus certificados. La nueva relación incorpora oficinas en localidades como Chepo, Tortí, La Palma, Meteí, Changuinola, Volcán, San Félix o Cañazas, además de puntos en Colón (Sabanitas, 4 Altos, Costa Abajo), Coclé (Penonomé, La Pintada, Natá, Antón, Río Hato, El Valle) y Azuero (La Arena, Pesé, Los Pozos, La Villa de Los Santos, Pedasí, Macaracas, Ocú).
En la provincia de Panamá, la lista actual ya no incluye la sucursal de San Fernando, que sí figuraba en la primera fase, mientras que se suman oficinas como La Exposición, Plaza Edison, Transístmica, Calidonia, Chanis, Las Cumbres, Pedregal, Belén, Chepo y Tortí. La redistribución apunta a repartir la carga de atención entre más puntos y evitar la saturación de las sucursales inicialmente designadas. El Banco Nacional recordó que los interesados deben contar con la documentación entregada por el MEF antes de acudir y recomendó verificar los requisitos del trámite para agilizar la atención.
Los Cepanim son instrumentos financieros creados para reconocer los intereses moratorios acumulados por el Estado frente a proveedores que sufrieron retrasos en el pago de bienes y servicios contratados con entidades públicas. El mecanismo permite a los acreedores disponer de esos certificados —descontarlos o negociarlos en el sistema bancario— bajo las condiciones financieras que fija la propia entidad. Su existencia reconoce implícitamente que el pago de la deuda principal no se resuelve en el mismo acto: son los intereses generados por la mora los que se canalizan mediante este instrumento.
El trámite se enmarca en un problema conocido de la administración pública panameña: la acumulación de atrasos en pagos a contratistas y proveedores del Estado, un fenómeno que ha generado tensiones recurrentes entre el sector privado y sucesivos gobiernos. La Contraloría General de la República ha documentado en informes de ejecución presupuestaria episodios de mora estatal que afectan particularmente a pequeñas y medianas empresas dependientes de contratos públicos, para las que el retraso en los cobros compromete su liquidez operativa.
Un instrumento con antecedentes en la región y en la propia Panamá
El recurso a certificados negociables no es inédito en América Latina. Países como Colombia y Perú han empleado instrumentos similares —títulos de deuda pública de corto plazo— para regularizar pasivos con proveedores sin desembolsos inmediatos del Tesoro, trasladando al sistema financiero la función de anticipar liquidez a cambio de un descuento. En la propia Panamá, el precedente más cercano se remonta a la crisis fiscal posterior a la pandemia de covid-19, cuando el Estado acumuló atrasos en pagos a contratistas de obras públicas y suministros y el MEF recurrió a esquemas de refinanciamiento y certificados para aliviar la presión sobre los sectores de construcción y servicios, entre los más afectados por la paralización económica de 2020 y 2021.
La cobertura geográfica anunciada es relevante en un país donde el acceso a servicios bancarios formales presenta disparidades entre la región metropolitana y el interior. Provincias como Darién o Bocas del Toro han contado tradicionalmente con una menor densidad de sucursales que Panamá y Panamá Oeste, una brecha que explica en parte la decisión de descentralizar los puntos de atención para trámites de este tipo.
El Banco Nacional de Panamá, entidad estatal centenaria y una de las principales plazas bancarias del país junto a la Caja de Ahorros, actúa en este proceso como intermediario financiero para materializar la negociación de los certificados, sin que ello implique que asuma directamente la deuda original contraída por otras carteras del Estado con los proveedores. La instrumentación de los Cepanim se ha desenvuelto hasta ahora en el terreno técnico-administrativo, sin haber sido objeto de un debate amplio en la Asamblea Nacional, aunque gremios empresariales han reclamado en el pasado mayor celeridad en los pagos estatales, con el argumento de que la mora crónica encarece el crédito a las pequeñas empresas y limita su capacidad de participar en futuras licitaciones.
De cara a los próximos meses, los beneficiarios deberán seguir atentos a eventuales actualizaciones del listado, dado que la propia evolución del proceso —como ya ocurrió con la exclusión de San Fernando— sugiere que el mapa de atención podría continuar ajustándose según la demanda de cada provincia. El MEF no ha fijado, según la información disponible, un plazo de cierre definitivo para la negociación de los Cepanim, por lo que el trámite permanece abierto mientras persista el universo de certificados pendientes de liquidar.