La expareja del exasesor Koldo García declaró ante el Tribunal Supremo, durante la segunda semana del juicio oral del caso que lleva el nombre de ese colaborador del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que acudía personalmente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero en efectivo destinados a sufragar gastos del exasesor y del propio Ábalos. Patricia Uriz describió ante el tribunal esos pagos como una fórmula para que el entonces ministro «no discutiera con su mujer». Por su parte, la empresaria Carmen Pano afirmó haber entregado 90.000 euros en metálico en esa misma sede socialista, siguiendo instrucciones del empresario Víctor de Aldama, figura central de la trama investigada.
El circuito de efectivo que describe el juicio
Las declaraciones de Uriz y Pano dibujan ante el Supremo un circuito de pagos en metálico cuyo punto de distribución o recepción habría sido, según sus testimonios, la sede nacional del partido gobernante en el momento en que ocurrieron los hechos. El Tribunal Supremo asume la competencia de esta causa por la condición de aforado que tenía Ábalos como senador en el momento de la apertura del procedimiento. Que una sede partidaria figure como espacio de transacciones en efectivo en el marco de una investigación penal constituye un elemento de excepcional gravedad institucional, independientemente de la responsabilidad que el proceso acabe determinando.
Quiénes son los protagonistas y qué se les imputa
El caso Koldo lleva el nombre del exasesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, y gira en torno a una presunta trama de cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos durante la pandemia de Covid-19, en particular la adquisición de mascarillas por varias comunidades autónomas y otros organismos. Víctor de Aldama, presentado en la causa como el nexo empresarial de la trama, es quien habría canalizado, según Pano, la instrucción de entregar ese dinero en Ferraz. Ábalos, que fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021, ha negado cualquier implicación en los hechos investigados.
La declaración de Patricia Uriz
Uriz, en su condición de expareja de Koldo García, aportó un relato de primera mano sobre la mecánica de esas entregas. Según su testimonio ante el Supremo, los sobres recibidos en la sede del PSOE servían para cubrir gastos que le eran atribuidos a la esfera personal del entonces ministro, con la justificación de evitar tensiones domésticas. La declaración no precisa, en el material disponible, ni las fechas exactas de esas entregas ni el importe total acumulado, extremos que el tribunal deberá esclarecer en el curso del procedimiento.
Los 90.000 euros de Carmen Pano
La empresaria Carmen Pano situó su propia entrega de dinero en el mismo escenario físico: la sede socialista de Ferraz. Pano declaró haber desembolsado 90.000 euros en efectivo por indicación directa de Aldama. La utilización de dinero en metálico en transacciones de esta magnitud es relevante desde el punto de vista normativo: la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales e infracciones relacionadas, establece obligaciones de identificación y comunicación para operaciones en efectivo que superen determinados umbrales, y el Reglamento europeo 2021/1230 refuerza los mecanismos de trazabilidad en el espacio comunitario.
La sede del PSOE como escenario procesal
El hecho de que la sede de un partido político aparezca en sede judicial como lugar de recepción o entrega de fondos en efectivo no tiene precedente directo en la jurisprudencia española reciente de esta magnitud, aunque la financiación irregular de partidos ha sido objeto de múltiples causas en las últimas tres décadas, desde los casos de los fondos reservados del PSOE en los años noventa hasta los procedimientos por la caja B del PP resueltos por la Audiencia Nacional. El PSOE no ha emitido, según el material disponible, una posición oficial documentada sobre los testimonios vertidos en el juicio esta semana.
Por qué importa más allá del proceso penal
El juicio oral en el Supremo no solo dirime responsabilidades penales individuales. La descripción de un flujo de dinero en efectivo que habría pasado por la sede de un partido en el Gobierno, para sufragar gastos personales de un ministro en ejercicio, introduce una cuestión de integridad institucional que trasciende la causa penal: implica al menos indirectamente a estructuras del aparato partidario como posibles canales de gestión de fondos no declarados, algo que los organismos de supervisión de la financiación de partidos —en España, el Tribunal de Cuentas ejerce esa función fiscalizadora conforme a la Ley Orgánica 8/2007— están obligados a examinar si los hechos probados así lo determinan.
El estado del procedimiento
El juicio se encuentra en su segunda semana de sesiones, fase en la que el tribunal recibe las declaraciones de testigos y perjudicados. La instrucción, llevada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional antes de que la causa se elevara al Supremo por la condición aforada de alguno de los investigados, generó una extensa causa con múltiples imputados. Las defensas de los acusados tienen garantizado el turno de pregunta a cada testigo, y el tribunal habrá de valorar la credibilidad y coherencia de los testimonios en su conjunto antes de dictar sentencia.
Lo que queda por resolver
Las próximas semanas del juicio deberán responder a preguntas que los testimonios de esta segunda semana dejan abiertas: la identidad de quien entregaba los sobres en Ferraz, la cadena de autorización interna de esas entregas, la documentación —o ausencia de ella— que las respaldaba y la relación precisa entre los pagos descritos y los contratos públicos en el núcleo de la acusación. La fiscalía y las acusaciones populares y particulares deberán acreditar ante el tribunal el vínculo entre el flujo de efectivo descrito y la comisión de los delitos imputados, mientras las defensas sostienen la falta de prueba suficiente para una condena.
