Un foco desplazado de Boko Haram a las milicias fulani
El documento, elaborado por un organismo especializado en el seguimiento de la libertad religiosa en el continente africano, sostiene que el foco puesto durante años por gobiernos y medios occidentales en Boko Haram y en su escisión ISWAP ha dejado en segundo plano a actores que, según sus cifras, concentran una proporción mucho mayor de las víctimas civiles. ORFA atribuye a esos dos grupos yihadistas el 12% de los asesinatos de civiles registrados en el periodo, frente al 44% que imputa a las milicias que denomina «Grupos Terroristas Fulani» y un 32% adicional a «Grupos Terroristas No Identificados», que —según el informe— compartirían patrones operativos con las anteriores.
El Observatorio insiste en que sus datos se refieren a grupos armados concretos y no a la comunidad fulani en su conjunto, cuya inmensa mayoría —recalca el texto— no participa en ningún tipo de violencia. La precisión es relevante: los fulani constituyen uno de los grupos étnicos más numerosos y dispersos de África occidental, tradicionalmente ganadero y presente en varios países del Sahel, de modo que cualquier generalización sobre el conjunto de la comunidad carecería de base.
La proporción religiosa de las víctimas
Del total de 42.033 civiles asesinados que analiza el informe con datos desagregados por confesión, 22.835 eran cristianos y 10.519 musulmanes, lo que arroja una proporción bruta de 2,2 cristianos asesinados por cada musulmán. ORFA añade que, al ponderar esa cifra con la composición demográfica de los estados nigerianos más afectados por la violencia, la proporción se eleva hasta 4,4 cristianos por cada musulmán, un ajuste que, según el propio Observatorio, refuerza la tesis de que la pertenencia religiosa fue un criterio determinante en la selección de víctimas y no una coincidencia geográfica.
El informe sostiene que los civiles cristianos fueron atacados o secuestrados por ser cristianos, mientras que los civiles musulmanes lo fueron principalmente por no pertenecer a la comunidad fulani. Ello apuntaría, según ORFA, a una estructura de violencia con doble eje —religioso y étnico— superpuesto a las disputas por tierras y recursos entre agricultores y pastores que se documentan desde hace décadas en el cinturón centro-norte de Nigeria.
Secuestros y un trato desigual en el cautiverio
Más allá de los asesinatos, el informe documenta 15.932 cristianos secuestrados frente a 15.272 musulmanes en el mismo periodo: cifras absolutas similares que, según ORFA, esconden diferencias sustanciales en el trato posterior a los cautivos. El analista principal del Observatorio, Steven Kefas, afirma que los rehenes cristianos sufren cautiverios más largos, mayor riesgo de ejecución y, en el caso de las mujeres, abusos, conversiones forzadas y matrimonios impuestos, un patrón que describe como una «jerarquía religiosa del valor humano».
Estacionalidad agrícola y ocupación de tierras
El estudio señala que los ataques repuntan en los meses de abril y junio, coincidiendo con la temporada agrícola, cuando las comunidades rurales permanecen más expuestas fuera de los núcleos de población. Sin embargo, ORFA rechaza que ese patrón estacional explique por sí solo la violencia: sostiene que los ataques no son aleatorios, sino que golpean a comunidades concretas, provocan su desplazamiento y son seguidos, en numerosos casos, por la ocupación de esas mismas tierras por parte de los atacantes. La dimensión territorial se combina, sin sustituirlo, con el criterio religioso y étnico de selección de víctimas.
Una Eurocámara casi unánime
El informe se difunde en un contexto de creciente atención institucional europea. El Parlamento Europeo aprobó, pocos días antes de la publicación del estudio, una resolución de urgencia que condena la persecución de cristianos en Nigeria por 510 votos a favor y uno solo en contra, una votación que refleja un consenso prácticamente unánime entre las familias políticas de la Eurocámara. Estas resoluciones de urgencia, tramitadas al amparo del Reglamento interno del Parlamento en materia de derechos humanos, carecen no obstante de carácter vinculante: no imponen sanciones ni obligan a las autoridades nigerianas, sino que fijan la posición política de la cámara.
Un país partido entre dos confesiones
Nigeria es el país más poblado de África y arrastra desde su independencia, en 1960, una división aproximadamente equilibrada entre una población musulmana mayoritaria en el norte y una cristiana predominante en el sur. Esa configuración ha generado tensiones recurrentes entre regiones, agravadas en las dos últimas décadas por la insurgencia yihadista de Boko Haram en el noreste —cuya campaña de secuestros alcanzó notoriedad mundial con el rapto de más de 200 niñas en Chibok en abril de 2014— y por los enfrentamientos entre pastores y agricultores en el llamado «cinturón medio».
El relato oficial de Abuya
El Gobierno nigeriano ha rechazado en ocasiones anteriores que la violencia en el centro-norte obedezca a una persecución religiosa sistemática, y la ha atribuido a la competencia por recursos naturales, a la reducción de las tierras de pastoreo y a la proliferación de armas ligeras en el Sahel, en un contexto de inestabilidad regional agravado por los golpes de Estado en países vecinos como Mali, Níger y Burkina Faso desde 2020. Organizaciones de derechos humanos y analistas han pedido cautela ante los informes que atribuyen intencionalidad religiosa explícita a conflictos que combinan factores económicos, medioambientales y de gobernanza territorial.
Un solo informe, pendiente de corroboración
Organismos internacionales como la ONU o Amnistía Internacional han documentado en informes propios episodios graves de violencia contra comunidades cristianas y musulmanas en Nigeria, sin que conste hasta la fecha una cuantificación global coincidente con la que aporta ORFA para el periodo 2019-2025.
Qué puede seguir a partir de ahora
La resolución del Parlamento Europeo abre la puerta a que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior aborden la cuestión en el marco del diálogo político con Abuya, aunque cualquier medida concreta —desde condicionalidad en la cooperación al desarrollo hasta gestiones diplomáticas— dependerá de decisiones posteriores que, a día de hoy, no han sido anunciadas. El propio Observatorio ha reclamado que la comunidad internacional revise su clasificación de los actores armados responsables de la violencia y dedique mayor atención a las milicias fulani señaladas en el informe, una petición que previsiblemente alimentará el debate en foros como la Unión Africana y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en los próximos meses.
