Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, enmarcó su solicitud como una exigencia de principio institucional antes que como una denuncia puntual. "Colombia reclama de la Comisión de Investigación y Acusación un acto de grandeza, independencia y responsabilidad histórica. Ha llegado el momento de demostrar que las instituciones están por encima de los intereses políticos y que ningún ciudadano, independientemente del cargo que haya ocupado, puede estar exento de la justicia", escribió el codirector en el documento.
El eje de la petición es la preocupación por la prescripción o el archivo técnico de los procesos. El paso del tiempo, argumenta el partido, deriva en cierres de investigaciones antes de llegar a la verdad.
"Es importante señalar que la prontitud y oportunidad también es justicia y la ausencia de esto es injusticia, debido a que el paso del tiempo fomenta no solo figuras jurídicas que culminan en el cierre de investigaciones sino de actuaciones que no permiten llegar a la verdad", Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es, por mandato constitucional, el único órgano facultado para investigar y, en su caso, acusar ante el Senado a quien ejerza o haya ejercido la Presidencia de la República por delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Se trata de un fuero especial que distingue el trámite contra un expresidente del que sigue la justicia ordinaria para cualquier otro ciudadano, y que ha sido objeto recurrente de críticas por la lentitud con que históricamente resuelve sus expedientes.
El Pacto de Valledupar, primer expediente
Sobre el denominado Pacto de Valledupar, Vargas Lleras pidió que la Comisión esclarezca "los graves señalamientos sobre presuntas reuniones y acuerdos con exjefes paramilitares". Según el oficio, estos encuentros habrían perseguido afectar la imagen del actual presidente, Abelardo De La Espriella, del expresidente Álvaro Uribe y del propio Germán Vargas Lleras "mediante artimañas y complots". El expediente se suma a una serie de denuncias cruzadas en el entorno paramilitar que en las últimas semanas ha mantenido activa la discusión pública, en línea con el episodio en que De Currea-Lugo pidió a Mancuso un "golpe de opinión" contra De La Espriella.
El segundo expediente que Cambio Radical pide priorizar es el que involucra presuntas irregularidades en contratos estatales de la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior. El oficio exige "investigar de forma exhaustiva las denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos estatales en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior, donde supuestamente se favoreció a mujeres a cambio de servicios sexuales". El documento no precisa fechas concretas de los hechos ni el estado actual de esa indagación dentro de la Comisión.
La compra de aviones Gripen a Suecia
El tercer frente señalado por Vargas Lleras es la adquisición de aviones de combate suecos Gripen. El codirector de Cambio Radical cuestionó "la legalidad, transparencia y planeación en la adquisición de estas aeronaves a Suecia" y advirtió que "la operación genera un enorme impacto sobre el erario" sin que, a su juicio, existan "razones claras que justifiquen dicho contrato ni el cumplimiento de los debidos procesos de planeación". La compra ha sido uno de los capítulos más debatidos de la política de defensa del gobierno, por el volumen de recursos del Presupuesto General de la Nación comprometido en la operación.
Como cuarto punto, el oficio plantea una solicitud de alcance más general: que la Comisión aplique el mismo rigor probatorio a "todos los demás casos que cursan" en esa instancia. "La colectividad insiste en que el transcurso del tiempo, el vencimiento de términos o los cierres por falta de mérito no pueden convertirse en un escudo de impunidad que impida hallar la verdad por el bien del país", señaló Vargas Lleras en ese apartado.
La Comisión de Investigación y Acusación arrastra desde hace décadas señalamientos sobre su eficacia. Distintos expresidentes han sido objeto de denuncias ante ese órgano que, en no pocos casos, han terminado archivadas antes de una imputación formal por el vencimiento de los plazos legales, un fenómeno que ha alimentado propuestas de reforma —nunca materializadas— para trasladar esa competencia a la Fiscalía General de la Nación o a la Corte Suprema de Justicia. Es precisamente ese historial el que Vargas Lleras invoca para pedir celeridad en los expedientes que atañen a Petro.
Los antecedentes en esa dirección abundan. El proceso que la Comisión adelantó contra el expresidente Ernesto Samper por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña de 1994 —el llamado proceso 8.000— concluyó en 1996 con la preclusión votada por la propia Cámara, un desenlace que marcó la percepción pública sobre la capacidad del fuero para acusar a un exmandatario y que se ha citado desde entonces como ejemplo de la fragilidad del mecanismo.
Gustavo Petro conserva, como expresidente, el fuero que obliga a que cualquier eventual investigación penal por hechos ocurridos durante su mandato pase primero por ese trámite especial ante la Cámara de Representantes. Ninguno de los cuatro expedientes mencionados por Vargas Lleras ha derivado, según consta en el oficio, en una imputación formal; la petición de Cambio Radical se limita a reclamar que la Comisión acelere su actuación y evite el cierre de los procesos por razones de procedimiento.
La solicitud de Cambio Radical llega en un momento de intensa actividad en los organismos de control e investigación del país, con denuncias paralelas que también han puesto el foco en el manejo de contratos públicos, como la que motivó que De la Espriella anunciara que llevará a la Fiscalía hallazgos de corrupción en el Sena de Córdoba. El oficio de Vargas Lleras no fija plazo para una respuesta de la Comisión, cuyo trámite interno determinará si los cuatro expedientes señalados avanzan hacia una eventual apertura de investigación formal.
