El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reconocido públicamente que España afrontará un tercer ejercicio consecutivo sin Presupuestos Generales del Estado, al afirmar que «no es el momento» de aprobar nuevas cuentas en el contexto de la guerra en Irán y la presión arancelaria impuesta por la administración Trump. El Gobierno continúa operando con la prórroga de los presupuestos de 2023 mientras la deuda pública roza el 106% del PIB, y ha incluido los Presupuestos de 2026 y la reforma de la financiación autonómica en el Plan Anual Normativo como objetivos legislativos que la oposición califica abiertamente de «ficción legislativa».
El coste de la prórroga
La ausencia de presupuestos propios no es un problema meramente administrativo: obliga al Ejecutivo a reconducir cada año políticas de gasto, inversión y fiscalidad a través de decretos-ley y modificaciones presupuestarias que esquivan el debate parlamentario ordinario. El ejemplo más visible es el de las pensiones, que serán revalorizadas por tercer año consecutivo mediante decreto al no existir una ley de Presupuestos que fije esa actualización. Este mecanismo, aunque legal, priva al Parlamento del instrumento de control más potente del que dispone frente al Ejecutivo: la aprobación o el rechazo de las cuentas del Estado.
El argumento del Gobierno
Bolaños ha justificado la demora en la incertidumbre geopolítica y económica internacional: la guerra en Irán y los aranceles decretados por la administración estadounidense conforman, según el ministro, un escenario que desaconseja fijar un marco presupuestario plurianual en este momento. El Ejecutivo ha optado, en consecuencia, por integrar los Presupuestos de 2026 dentro del Plan Anual Normativo, un documento de planificación legislativa que recoge las normas que el Gobierno prevé impulsar durante el año, pero que no tiene carácter vinculante ni garantiza la tramitación efectiva de ninguna de las 179 normas enumeradas.
La réplica de la oposición
Los grupos de la oposición han rechazado esa justificación y han tachado el Plan Anual Normativo de «ficción legislativa», cuestionando que el Gobierno pueda sacar adelante unas cuentas cuando carece de mayoría parlamentaria suficiente para ello. La inclusión de la reforma del sistema de financiación autonómica —uno de los asuntos políticamente más explosivos de la legislatura, con comunidades autónomas enfrentadas entre sí y con el Estado— añade escepticismo adicional sobre la viabilidad real del calendario anunciado.
Tres años sin cuentas propias
España lleva sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde los ejercicios de 2023, que fueron los primeros pactados por el actual Gobierno de coalición. Desde entonces, las cuentas se han prorrogado automáticamente en virtud del artículo 134.4 de la Constitución, que permite la prórroga de los presupuestos vigentes si los nuevos no son aprobados antes del inicio del ejercicio. Esta cláusula, concebida como una salvaguarda transitoria, se ha convertido en la regla de facto del funcionamiento financiero del Estado durante tres ejercicios consecutivos, una situación inusual en las democracias parlamentarias del entorno europeo.
Deuda pública y margen fiscal
El telón de fondo económico añade presión al diagnóstico. Con la deuda pública rozando el 106% del PIB, España se encuentra en niveles que la sitúan entre los países de la eurozona con mayor endeudamiento relativo, lo que reduce el margen de maniobra ante shocks externos y hace más urgente, según los criterios de consolidación fiscal de la Unión Europea, disponer de un marco presupuestario estable y sometido a control parlamentario. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España han advertido en sucesivos informes sobre la necesidad de retomar una senda de planificación presupuestaria a medio plazo.
Lo que está en juego
El Plan Anual Normativo contempla también la reforma de la financiación autonómica, un sistema cuyas bases jurídicas datan de 2009 y que lleva años siendo reclamado por varias comunidades autónomas. La negociación de ese modelo requiere el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, posteriormente, su plasmación en norma con rango de ley, lo que exige una mayoría parlamentaria que el Gobierno no ha logrado consolidar. La coincidencia de ambos expedientes —Presupuestos y financiación autonómica— en el mismo documento de planificación legislativa eleva el nivel de ambición declarada del Ejecutivo tanto como las dudas sobre su ejecución real.
Perspectiva
El calendario político de los próximos meses será determinante. Si el Gobierno no consigue articular una mayoría suficiente para presentar y aprobar un proyecto de ley de Presupuestos antes del último trimestre de 2025, España entrará previsiblemente en un cuarto ejercicio de prórroga, con las pensiones actualizadas de nuevo por vía de decreto y el debate sobre la financiación autonómica aplazado sine die. La pregunta que queda abierta es si la inestabilidad geopolítica alegada por Bolaños es la causa real del bloqueo o si actúa como cobertura argumental de una incapacidad parlamentaria de fondo que ninguna coyuntura internacional ha creado ni puede resolver.
