La Audiencia Provincial de Badajoz condenó por unanimidad, en una sentencia conocida el pasado 14 de julio, a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal consideró probado que la Diputación pacense le diseñó un puesto —la dirección de la oficina de artes escénicas— acorde a su afición por la ópera, hasta el extremo de que el propio condenado reconoció en sede judicial que desconocía «dónde está ubicada» la oficina que oficialmente dirigía.
La resolución, de 377 páginas, no obliga sin embargo a David Sánchez a devolver el dinero percibido durante esos casi ocho años de vínculo con la institución provincial. Según explicó el propio tribunal, esa devolución solo podría haberla reclamado el Ministerio Fiscal si hubiera ejercido la acusación, algo que no ocurrió: la Fiscalía solicitó desde el inicio de la instrucción el sobreseimiento de la causa, una posición que mantuvo hasta el juicio.
Esa circunstancia abrió, apenas veinticuatro horas después de conocerse el fallo, un nuevo frente. El 16 de julio, las acusaciones que sostuvieron el caso hasta la condena anunciaron que trabajarían para recuperar el dinero por otras vías, al considerar que dejar sin consecuencias económicas a un cargo público que cobró indebidamente sentaría un precedente perjudicial para casos similares. Su argumento, resumido en el lema «Hacienda somos todos», es que existe legitimación suficiente para reclamar.
El requerimiento enviado el 5 de agosto se inscribe en esa estrategia. Manos Limpias invoca el derecho administrativo local español, que obliga a autoridades y funcionarios a velar por la integridad de los caudales públicos, para exigir que la Diputación abra un procedimiento de reclamación de las cuantías cobradas por David Sánchez y por Luis María Carrero, otro de los nombres citados en la trama del puesto.
«La última acción que se ha tomado es la de requerir a la presidenta de la Diputación de Badajoz la devolución inmediata de los trescientos y pico mil euros que este jeta ha estado percibiendo sin tributar a Hacienda y sin acudir al trabajo», declaró Bernad en una entrevista, en la que atribuyó la dirección letrada del caso al abogado José María Bueno.
El presidente del sindicato planteó el asunto en términos de responsabilidad institucional. «Hacienda somos todos y, por lo tanto, creo que si no toman de inmediato los responsables de la Diputación de Badajoz una actuación al respecto, va a tener en 48 horas una querella», afirmó, al advertir de que la inacción de Del Puerto la convertiría, a su juicio, en «cómplice y colaboradora de un delito de malversación de caudales públicos».
La Diputación de Badajoz, presidida por Del Puerto, no se ha pronunciado públicamente sobre el requerimiento ni sobre la eventual apertura de un procedimiento de reclamación patrimonial. Tampoco David Sánchez —cuya defensa mantuvo su inocencia durante todo el proceso— ni el entorno del presidente del Gobierno, que no está investigado en esta causa, han efectuado declaraciones específicas sobre la petición del sindicato.
Cómo funciona la vía de reintegro que reclama el sindicato
El marco jurídico de la Administración local española permite a los entes locales incoar de oficio expedientes de reintegro cuando se constata el cobro indebido de retribuciones, con independencia de que exista o no una condena penal que ordene expresamente la devolución. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la normativa de haciendas locales amparan esas reclamaciones, si bien su tramitación exige un procedimiento administrativo autónomo, con trámite de alegaciones y posible recurso posterior ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
No es la primera vez que una condena por delitos contra la Administración pública deja sin resolver el reintegro de fondos, al depender este de que la acusación haya ejercido correctamente la pretensión de responsabilidad civil derivada del delito. En la historia reciente, casos de gran repercusión desde la Transición han evidenciado la dificultad de recuperar retribuciones o fondos públicos cuando la restitución no se articula procesalmente en el momento oportuno, lo que abre la puerta a expedientes administrativos posteriores como el que ahora se reclama.
La condena a David Sánchez tiene su origen en una querella de Manos Limpias que dio lugar a una instrucción de más de dos años en los juzgados de Badajoz. El sindicato ejerció la acusación popular a lo largo del procedimiento, condición que invoca ahora para plantear nuevas acciones derivadas del fallo. La sentencia, además, no es firme: cabe recurso ante instancias superiores, lo que podría demorar meses la resolución definitiva sobre la pena de inhabilitación. La eventual reclamación patrimonial discurriría, en todo caso, por una vía administrativa independiente de ese recurso penal.
En los próximos días queda por ver si la Diputación de Badajoz responde antes de que expire el plazo de 48 horas fijado por Manos Limpias y si el sindicato cumple su anuncio de querellarse contra Del Puerto en caso de inacción. De prosperar esa vía, se abriría un nuevo procedimiento centrado en la responsabilidad de la institución provincial, distinto del ya sentenciado sobre la conducta de David Sánchez.
