El programa de gobierno que Azcón desgranó en su discurso de investidura se articula en torno a tres ejes que reflejan las prioridades negociadas con Vox en el pacto de coalición firmado la semana pasada. El primer eje es la rebaja fiscal: Azcón anunció una reducción de dos puntos porcentuales en el tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 35.000 euros, una medida que beneficiará a aproximadamente 480.000 contribuyentes aragoneses y que tendrá un coste fiscal estimado de 87 millones de euros anuales que el Gobierno pretende financiar con una «racionalización del gasto público no prioritario». También anunció la eliminación del Impuesto de Sucesiones para familiares directos en herencias de hasta 500.000 euros, una vieja demanda del PP que Vox ha asumido como propia y que se implementará «antes de que finalice el primer semestre de 2027». El segundo eje es la transición energética: Azcón anunció la instalación de catorce parques solares fotovoltaicos en comarcas rurales de Teruel, Huesca y Zaragoza que, según las proyecciones del Gobierno, generarán 2.300 empleos directos durante la fase de construcción y 340 empleos permanentes para su mantenimiento, y que aportarán 1.800 megavatios de potencia instalada que situarán a Aragón como la segunda comunidad autónoma de España en generación solar, solo por detrás de Extremadura.
El tercer eje del programa de gobierno es el que más controversia ha generado y el que refleja con mayor claridad la influencia de Vox en la coalición: un «protocolo migratorio integral» que, según Azcón, establecerá un marco de coordinación entre la comunidad autónoma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las comunidades limítrofes para gestionar los flujos migratorios que, según el presidente, «se han incrementado un 340% en los últimos tres años en las comarcas agrícolas de Aragón sin que la Administración central haya proporcionado los recursos necesarios para garantizar una integración ordenada». El protocolo contempla la creación de un «registro autonómico de trabajadores estacionales» que vincule la estancia en la Comunidad a la existencia de un contrato de trabajo en vigor, un mecanismo que las organizaciones de derechos humanos han calificado de «administrativamente inviable y jurídicamente cuestionable» porque la regulación migratoria es competencia exclusiva del Estado y las comunidades autónomas no pueden establecer requisitos de estancia que restrinjan la libre circulación de personas dentro del territorio nacional. Vox, que ha obtenido la consejería de Bienestar Social y Familia — un departamento que asumirá las competencias de integración de inmigrantes —, ha declarado que el protocolo es «una medida sensata que responde a las demandas de los ciudadanos aragoneses que ven cómo sus pueblos se transforman sin que nadie les haya preguntado si están de acuerdo».
El reparto de poder dentro de la coalición otorga a Vox la vicepresidencia segunda — que ocupará Alejandro Nolasco, líder del partido en Aragón — y dos consejerías: Bienestar Social y Familia, y Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. El PP retiene la presidencia, la vicepresidencia primera, la consejería de Economía, la de Sanidad, la de Educación, la de Obras Públicas y la de Cultura. El esquema de reparto sigue el modelo implementado en Extremadura, donde el PP también cedió a Vox las áreas de políticas sociales y sector primario, y refleja una estrategia deliberada del PP para canalizar las demandas identitarias y culturales de Vox hacia áreas de gestión donde su influencia política sea visible para su electorado pero limitada en su capacidad de generar conflictos institucionales con el Gobierno central. Los analistas señalan que la fórmula funciona electoralmente — el PP ha ganado las dos últimas elecciones autonómicas en Aragón con márgenes crecientes — pero genera tensiones de gobernabilidad cuando las propuestas de Vox chocan con el marco competencial del Estado o con la legislación europea.
Mientras Zaragoza celebraba la investidura de Azcón, a mil kilómetros al sur los equipos de campaña de los siete partidos que concurrirán a las elecciones andaluzas del 17 de mayo ultimaban los preparativos para el arranque oficial de la campaña, que se producirá mañana 1 de mayo con actos simultáneos en las ocho provincias andaluzas. El PP de Juan Manuel Moreno afronta la campaña como claro favorito: las últimas encuestas del CIS lo sitúan en un 43,6% de intención de voto estimado, lo que le otorgaría entre 51 y 59 escaños de los 109 del Parlamento andaluz, una horquilla que incluye la mayoría absoluta (55 escaños) como escenario probable con una probabilidad del 60%. El PSOE de Juan Espadas se sitúa segundo con un 25,8% que le daría entre 28 y 34 escaños, un resultado que, de confirmarse, representaría el peor resultado del PSOE en Andalucía desde la Transición y que se atribuye al efecto combinado del caso Koldo, la crisis energética y la percepción de desgaste del Gobierno central.
La campaña andaluza se desarrollará en un contexto político excepcional que la convierte en mucho más que unas elecciones autonómicas: es el primer test electoral relevante para un Gobierno de Sánchez acosado por la crisis judicial, la huelga médica, la escalada del petróleo y una legislatura que depende de alianzas cada vez más frágiles con partidos que no ocultan su descontento con la gestión del ejecutivo. Una derrota severa del PSOE en Andalucía — su principal feudo histórico, la comunidad donde el partido gobernó ininterrumpidamente durante treinta y siete años — tendría consecuencias que trascenderían el ámbito autonómico y proyectarían su sombra sobre la estabilidad de la legislatura nacional. Los estrategas del PP son conscientes de esta dimensión y han diseñado una campaña que presentará las elecciones andaluzas como un plebiscito sobre la gestión de Sánchez, nacionalizando el debate para maximizar el efecto del caso Koldo y de la crisis económica sobre el voto socialista. Los estrategas del PSOE, por su parte, intentarán andalucizar la campaña, centrando el debate en la gestión sanitaria, educativa y de servicios sociales de Moreno en la comunidad, un terreno donde consideran que el presidente andaluz es más vulnerable.
Vox, con un 10,3% de intención de voto estimado que le daría entre 10 y 14 escaños, se enfrenta a un dilema estratégico que definirá su papel en la política andaluza durante los próximos cuatro años. Si Moreno obtiene la mayoría absoluta, Vox quedará excluido del gobierno y relegado a un papel de oposición marginal que podría acelerar la erosión del partido en Andalucía. Si Moreno no alcanza la mayoría absoluta, Vox se convertirá en el socio necesario para la gobernabilidad, un escenario que permitiría al partido de Santiago Abascal replicar en Andalucía el modelo de coalición que ya funciona en Aragón y Extremadura. Las encuestas sitúan la probabilidad de la mayoría absoluta del PP en el 60%, lo que significa que existe un 40% de probabilidad de que Vox sea determinante, un porcentaje suficiente para que el partido mantenga una estrategia de campaña agresiva que le permita maximizar su cuota de voto y su capacidad de negociación.
La coincidencia de la investidura de Azcón y el arranque de la campaña andaluza en el mismo día proyecta una imagen del mapa territorial español que refleja la tendencia dominante de la política autonómica de los últimos tres años: el avance sostenido del PP en las comunidades autónomas, la consolidación de Vox como socio minoritario pero influyente de las coaliciones de centro-derecha, y el retroceso del PSOE hacia posiciones defensivas en sus antiguos feudos. De las diecisiete comunidades autónomas, el PP gobierna en solitario o en coalición en once, el PSOE en cuatro (incluida la comunidad autónoma más poblada, Andalucía, donde puede perder el poder en diecisiete días) y las fuerzas nacionalistas o regionalistas en las dos restantes. Si Moreno gana en Andalucía, el PP gobernaría en doce de las diecisiete comunidades, una hegemonía territorial que no tiene precedentes desde la era Aznar y que proporcionaría a Feijóo un argumento electoral demoledor para las próximas generales: «España ya ha elegido, solo falta que Moncloa se entere.»
La jornada del 30 de abril cierra un mes que ha sido, para la política territorial española, un laboratorio acelerado de las dinámicas que definirán el ciclo electoral de 2026-2027: coaliciones PP-Vox que se consolidan como modelo de gobierno en las comunidades autónomas, un PSOE que lucha por detener una hemorragia de voto que amenaza con dejarle sin ningún gobierno autonómico relevante, y un Vox que ha aprendido a maximizar su influencia con porcentajes de voto que raramente superan el 12% pero que le permiten condicionar las políticas de los gobiernos en los que participa. El mapa autonómico español está en plena reconfiguración, y lo que ocurra en Andalucía en diecisiete días determinará si la reconfiguración es gradual — con el PP ganando pero sin mayoría absoluta y necesitando a Vox — o abrupta — con el PP gobernando en solitario y Vox relegado a la irrelevancia en la comunidad más poblada de España.
