La toma de posesión de Azcón en la Aljafería fue un acto de setenta y cinco minutos que combinó la solemnidad institucional con la tensión política de un momento que todos los presentes sabían cargado de consecuencias más allá de los muros del palacio. Azcón juró su cargo ante la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (PP), con la mano sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía, flanqueado por los sesenta y seis diputados del parlamento aragonés — 40 a favor de su investidura (PP y Vox), 27 en contra (PSOE, Podemos, CHA e IU) — y por un público que incluía al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, a la secretaria general de Vox, Macarena Olona, y a los presidentes de las otras comunidades gobernadas por el PP: Guardiola (Extremadura), Mañueco (Castilla y León) y López Miras (Murcia). La presencia de Feijóo fue interpretada como un respaldo explícito al modelo de coalición PP-Vox que, con Aragón, se extiende ya a cuatro comunidades autónomas y que podría expandirse a cinco si Moreno no obtiene la mayoría absoluta en Andalucía el 17 de mayo. El discurso de investidura de Azcón, que duró treinta y ocho minutos, fue un ejercicio de equilibrismo retórico entre las prioridades del PP y las exigencias de Vox: prometió una rebaja del IRPF autonómico de dos puntos porcentuales — una medida pactada con Vox —, la instalación de catorce parques solares en comarcas despobladas — una medida que Vox ha aceptado a regañadientes dado su tradicional escepticismo hacia las renovables — y un protocolo migratorio con las comunidades limítrofes que incluye «mecanismos de coordinación para la distribución equitativa de los solicitantes de asilo» — una fórmula ambigua que permite a Vox reivindicar su agenda antimigratoria sin que el PP tenga que suscribir explícitamente las posiciones más extremas de su socio.
El modelo de coalición PP-Vox que se consolida en Aragón plantea preguntas de gobernabilidad que trascienden la política autonómica y afectan a la estrategia nacional del PP. Cada comunidad en la que Vox participa en el gobierno es un laboratorio de convivencia entre dos culturas políticas que, pese a compartir electorado en muchas franjas demográficas, mantienen diferencias sustanciales en cuestiones como la inmigración — donde Vox es restrictivo y el PP es moderado —, la política lingüística — donde Vox es castellanista y el PP es autonomista —, la política medioambiental — donde Vox es escéptico y el PP es conservacionista — y la política social — donde Vox es tradicionalista y el PP es modernizador. En Castilla y León, la coalición PP-Vox funciona desde 2022 con fricciones permanentes pero sin rupturas, un modelo que los analistas denominan de «convivencia conflictiva estabilizada». En Extremadura, donde Guardiola tomó posesión en marzo con Vox como socio, las primeras semanas han sido más tensas por las discrepancias sobre la política migratoria en la frontera con Portugal. Aragón inaugura una tercera modalidad en la que Vox tiene más peso relativo — tres consejerías frente a las dos de Extremadura y las dos de Castilla y León — y en la que, por tanto, la tensión entre los dos socios podría ser mayor y más visible.
La campaña electoral andaluza que arranca oficialmente mañana jueves 1 de mayo es el siguiente acto de un drama político que puede alterar definitivamente el equilibrio de poder en España. Las encuestas publicadas durante la última semana sitúan al PP de Juan Manuel Moreno en cabeza con un 43,7% de intención de voto, seguido del PSOE de Juan Espadas con un 25,8%, Vox con un 14,3%, Sumar con un 7,2% y Podemos con un 3,4%. Los modelos de estimación de escaños — que incorporan variables como la distribución geográfica del voto, el efecto de la circunscripción provincial y la tasa de participación prevista — otorgan a Moreno entre 53 y 61 escaños sobre un total de 109, lo que sitúa la mayoría absoluta (55 escaños) en el rango de lo probable pero no seguro. La probabilidad bayesiana de mayoría absoluta calculada por el modelo de El Hemiciclo — que agrega las encuestas de los últimos quince días ponderadas por tamaño muestral, recencia y trayectoria del instituto — es del 60%, un dato que significa que Moreno tiene más probabilidades de gobernar en solitario que de necesitar un socio pero que deja un 40% de escenarios en los que depende de Vox, con todas las complicaciones que eso implica dado el precedente aragonés.
El índice de aprobación de Moreno se mantiene en el 51,6%, una cifra que los estrategas electorales consideran excepcionalmente alta para un presidente autonómico que lleva un mandato completo en el poder y que refleja una percepción de competencia gestora que trasciende las preferencias ideológicas: un 23% de los votantes del PSOE en Andalucía aprueba la gestión de Moreno, un dato insólito que sugiere que el presidente andaluz ha logrado algo que muy pocos políticos españoles consiguen — ser respetado por el electorado del rival. La estrategia de campaña del PP andaluz, diseñada por el equipo del propio Moreno con asesoramiento de la consultora de comunicación que gestiona las campañas del PP nacional, pivota sobre dos ejes: la gestión — «tú sabes lo que hemos hecho» es el eslogan de campaña — y la estabilidad — «Andalucía no necesita más caos, necesita más certeza». El primer eje capitaliza los datos de empleo, inversión y crecimiento de la comunidad; el segundo eje explota el contraste con la inestabilidad del Gobierno central, agudizada por el caso Koldo y la crisis del petróleo. La campaña del PSOE, diseñada por un equipo que ha sido renovado tres veces en los últimos seis meses — reflejo de las tensiones internas sobre la estrategia —, pivota sobre la reivindicación de los servicios públicos y la advertencia de que «un Moreno con mayoría absoluta gobernará con Vox sin necesitar su permiso», un argumento que busca movilizar al electorado progresista por miedo a una deriva derechista.
La regularización migratoria extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno central ha superado las 100.000 solicitudes procesadas a cierre de abril, un dato que el Ministerio de Inclusión ha presentado como un éxito de gestión pero que la oposición cuestiona por lo que considera una «lentitud burocrática inaceptable». De las 100.000 solicitudes procesadas, aproximadamente 67.000 han sido resueltas favorablemente, 18.000 han sido denegadas y 15.000 están pendientes de documentación complementaria. El ritmo de procesamiento se ha acelerado significativamente en abril — se han procesado 32.000 solicitudes frente a las 24.000 de marzo —, pero los colectivos de apoyo a los migrantes señalan que la bolsa de solicitudes pendientes sigue siendo de aproximadamente 140.000, lo que implica que, al ritmo actual, la regularización no se completará antes de finales de 2026, más de un año después de su puesta en marcha. En el contexto de la campaña andaluza, la regularización es un arma de doble filo para el PSOE: permite reivindicar una política de integración que las organizaciones sociales valoran positivamente, pero también expone al Gobierno al ataque de Vox, que ha convertido la regularización en uno de sus argumentos principales de campaña con el eslogan «regularización masiva = efecto llamada».
El mapa autonómico español que se dibuja la noche del 30 de abril es el resultado de una fragmentación territorial que ha transformado la gobernanza del país en un mosaico de coaliciones, pactos y equilibrios que habrían sido impensables hace una década. El PP gobierna en solitario en Galicia, Madrid y Baleares. El PP gobierna con Vox en Castilla y León, Extremadura y, desde hoy, en Aragón. El PSOE gobierna en solitario en Castilla-La Mancha y con coaliciones diversas en Navarra, Asturias y Canarias. Cataluña tiene un gobierno de Salvador Illa (PSC) apoyado por ERC y los Comuns. El País Vasco tiene un gobierno de Imanol Pradales (PNV) con el PSE. Andalucía elige el 17 de mayo. Este mosaico, que es el resultado acumulado de ciclos electorales autonómicos celebrados en momentos distintos y bajo dinámicas locales diferentes, produce un efecto paradójico: cada comunidad vive en una realidad política distinta — con prioridades, coaliciones y equilibrios que responden a su especificidad territorial — pero todas están conectadas por una red de dependencias financieras, legislativas y mediáticas que hace que lo que ocurre en una afecte inevitablemente a las demás. La toma de posesión de Azcón en Aragón influirá en la campaña andaluza, porque los andaluces verán lo que implica una coalición PP-Vox. Las elecciones andaluzas influirán en la política nacional, porque determinarán si Moreno necesita a Vox o puede prescindir de él. Y la política nacional influirá en las comunidades autónomas, porque el caso Koldo, la huelga médica y la crisis del petróleo no respetan fronteras autonómicas.
La Aljafería, donde Azcón juró su cargo esta tarde, es uno de esos edificios que contienen en su arquitectura la historia de un país. Fue palacio islámico en el siglo XI, fue residencia de los Reyes Católicos en el XV, fue cuartel militar en el XVIII, fue sede del tribunal de la Inquisición, fue almacén militar y, desde 1987, es la sede del parlamento aragonés. En sus muros conviven yeserías mudéjares con techos renacentistas, arcos de herradura con bóvedas góticas, la geometría islámica con la iconografía cristiana. Es, en sí misma, un monumento a la complejidad de una identidad española que no puede reducirse a un solo relato ni a una sola tradición y que, sin embargo, se gobierna desde hoy por una coalición que incluye a un partido — Vox — cuyo discurso identitario tiende a la simplificación y a la exclusión. La paradoja no escapó a los periodistas que cubrieron la toma de posesión: el nuevo consejero de Cultura designado por Vox, cuya primera competencia será la gestión del patrimonio histórico aragonés, asumirá la responsabilidad de proteger un palacio islámico del siglo XI. La historia, cuando quiere, tiene un sentido del humor que supera la ficción.
Mayo arranca mañana con un mapa autonómico más complejo, un gobierno aragonés más escorado a la derecha, una campaña andaluza que puede consagrar o limitar el proyecto de Moreno y una regularización migratoria que avanza a un ritmo que no satisface a nadie. El territorio español, esa abstracción geográfica que contiene diecisiete realidades políticas, se enfrenta al mes más intenso de 2026 con la incertidumbre como único denominador común. Lo que Andalucía decida el 17 de mayo no será solo una cuestión andaluza: será la respuesta de ocho millones de ciudadanos a la pregunta que todas las encuestas formulan pero que solo las urnas pueden responder — ¿ha cambiado España lo suficiente como para que la corrupción tenga consecuencias electorales, o sigue siendo un país en el que los escándalos judiciales se absorben, se digieren y se olvidan con la misma velocidad con la que se producen?
