La secuencia de los hechos revela una escalada que fue tan rápida como previsible para quienes conocen el temperamento político de ambas protagonistas. Ayuso aterrizó en Ciudad de México el lunes con una agenda centrada en la promoción de la inversión madrileña en el sector tecnológico mexicano y la firma de un memorando de entendimiento con la Cámara de Comercio del Estado de México. Los dos primeros días transcurrieron sin incidentes: reuniones con empresarios, visita a la planta de Inditex en Tlalnepantla y un acto protocolario con el gobernador del Estado de México en el que ambos intercambiaron elogios sobre la complementariedad económica entre las dos regiones. El giro se produjo el miércoles por la tarde, cuando Ayuso sustituyó el discurso pactado con su equipo de protocolo por una intervención improvisada que sus propios asesores no habían autorizado.
Según fuentes del equipo de la presidenta madrileña, Ayuso decidió modificar su discurso tras leer en el avión un informe del think tank Heritage Foundation sobre la concentración de poder en el ejecutivo mexicano tras la reforma judicial de 2024. La intervención, que duró 22 minutos y fue grabada íntegramente por las cámaras del club, incluyó afirmaciones sobre la reforma judicial mexicana que la embajada de México en Madrid calificó de «profundamente inexactas y ofensivas». Ayuso comparó la reforma con las medidas de Chávez en Venezuela en 2004, estableció un paralelismo entre la política energética de Sheinbaum y la de Maduro y concluyó afirmando que «los españoles que invierten en México deberían saber que lo hacen en un país que camina hacia el modelo bolivariano».
La reacción de Sheinbaum fue calculada en su tono pero devastadora en su contenido. La presidenta mexicana dedicó 15 minutos de su conferencia matutina a responder a Ayuso, mostrando en la pantalla gigante del salón de prensa una imagen de Hernán Cortés junto a una cita de Ayuso defendiendo el legado de la Conquista, pronunciada en un acto en Madrid en 2021. Sheinbaum calificó a la presidenta madrileña de representante de «una España que no ha superado su pasado colonial y que mira a América Latina con la soberbia del conquistador que cree civilizar al bárbaro». La acusación de «adoradora de Hernán Cortés», que se convirtió inmediatamente en tendencia en redes sociales en ambos lados del Atlántico, reactivó un debate histórico sobre el colonialismo español que los dos gobiernos habían intentado encapsular diplomáticamente desde la petición de disculpas que López Obrador formuló al rey Felipe VI en 2019.
El Gobierno español reaccionó con un comunicado del portavoz que calificó la visita de Ayuso de «ejercicio de irresponsabilidad que no representa la posición ni la política exterior del Estado español». El comunicado subrayó que las relaciones con México son «una prioridad estratégica de primer orden» y que «la labor de décadas de construcción de confianza mutua no puede ser puesta en riesgo por declaraciones realizadas sin mandato ni coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores». Fuentes de Moncloa fueron más explícitas en sus comentarios off the record: describieron la actuación de Ayuso como «un torpedo deliberado a la diplomacia española con México en el peor momento posible», en referencia a la negociación en curso sobre la renovación del acuerdo comercial UE-México que afecta a exportaciones españolas por valor de 4.800 millones de euros anuales.
La reacción del PP fue notablemente más tibia que la del Gobierno. Génova emitió un comunicado que respaldaba «el derecho de cualquier responsable político español a expresar su opinión sobre la situación de los derechos humanos en cualquier país del mundo», pero evitó reproducir o avalar las comparaciones específicas de Ayuso con Venezuela. Feijóo, preguntado directamente en un acto en Zaragoza, se limitó a decir que «Ayuso es una política con criterio propio que no necesita que nadie le diga lo que puede o no puede decir», una formulación que los analistas interpretaron como un respaldo formal que elude la responsabilidad sobre el contenido. La distancia calculada de Feijóo refleja el dilema permanente del PP nacional con Ayuso: la presidenta madrileña es el activo electoral más potente del partido fuera de Andalucía, pero su estilo confrontativo genera incidentes que la dirección nacional ni puede controlar ni quiere asumir.
En Castilla y León, lejos del fragor mexicano, la política autonómica avanzó un paso más hacia la normalización del tercer pacto PP-Vox con la propuesta formal de Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la investidura. La propuesta, que fue comunicada al presidente de las Cortes de Castilla y León sin que se fijara una fecha para el debate, responde a una estrategia de congelación deliberada: el PP quiere tener un candidato formalmente designado pero no quiere celebrar la investidura hasta conocer el resultado del 17-M en Andalucía, que condicionará la correlación de fuerzas en la negociación con Vox. Abascal, por su parte, ha condicionado el apoyo de su formación a la inclusión de medidas en materia de inmigración, política lingüística y gestión del mundo rural que el PP considera excesivas pero que no puede rechazar de plano si necesita a Vox también en Sevilla.
La coincidencia temporal de la crisis mexicana de Ayuso y el estancamiento de la investidura de Mañueco ofrece un retrato involuntario de las tensiones territoriales del PP. Un partido que gobierna o aspira a gobernar en 12 comunidades autónomas necesita una coherencia estratégica que se ve constantemente saboteada por baronías que operan con agendas propias y calendarios independientes. Ayuso es el ejemplo más visible pero no el único: cada presidente autonómico del PP calibra su relación con Vox, con Moncloa y con Génova en función de variables locales que a menudo contradicen la línea nacional. La consecuencia es una apariencia de caos controlado que funciona electoralmente pero que genera costes diplomáticos, como el de ayer en México, que nadie en Génova sabe cómo contabilizar.
Para las relaciones España-México, el daño está hecho independientemente de los comunicados de rectificación que puedan producirse en las próximas horas. La embajada de México en Madrid ha solicitado una reunión de clarificación con Exteriores para confirmar que las declaraciones de Ayuso no reflejan un cambio de posición del Estado español, una gestión rutinaria que sin embargo subraya la gravedad del incidente. Los empresarios españoles con intereses en México, agrupados en torno a la Cámara de Comercio Española en el país, emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su «preocupación por el impacto que declaraciones desafortunadas puedan tener sobre un clima de inversión que ha costado décadas construir». La diplomacia económica, en suma, paga los platos que la diplomacia política rompe.
