El fuego, que las autoridades autonómicas han calificado como el mayor incendio forestal de la historia reciente de Madrid, no se ha estabilizado pese al dispositivo desplegado desde su declaración. Según los datos ofrecidos por la propia presidenta, la emergencia ha llevado a la evacuación, el desalojo o el confinamiento de más de 55.000 vecinos de la región, una cifra que la sitúa entre las de mayor magnitud humana registradas en la Comunidad en las últimas décadas.
Ayuso detalló que la emergencia, inicialmente circunscrita a Madrid y Ávila, se ha extendido también a la provincia de Toledo, lo que ha obligado a coordinar la respuesta entre tres comunidades autónomas. Los municipios madrileños desalojados por completo son Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Rozas de Puerto Real, Cenicientos y Zarzalejo. A ellos se suman los confinamientos activos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Valdemaqueda y Villa del Prado.
La presidenta explicó que, tras solicitarse el nivel 3 de gravedad, el foco de la lucha contra las llamas se concentra ahora en frenar la entrada del fuego procedente de Ávila hacia territorio madrileño, concretamente en los términos de Cadalso de los Vidrios y San Martín de Valdeiglesias. Los medios de la Comunidad ascienden, según su recuento, a cerca de 300 bomberos y agentes forestales, 50 vehículos terrestres y una decena de helicópteros, de los que tres operan de forma específica en la zona más crítica del perímetro. A ese dispositivo se suman efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), policías locales y cientos de voluntarios.
El marco: nivel 3 y ayudas del Estado
El nivel 3 al que se refirió Ayuso es el máximo del Plan Estatal de Protección Civil frente a incendios forestales: implica la declaración de interés nacional y permite la incorporación de medios extraordinarios de la Administración General del Estado. El marco de referencia para esta crisis es la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que regula los niveles de gravedad y prevé la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia —la antigua «zona catastrófica»—, figura que habilita ayudas estatales complementarias a las autonómicas para reconstruir viviendas e infraestructuras dañadas.
En materia de acogida, la Comunidad ha habilitado 19 puntos distribuidos en 15 municipios, con capacidad para 800 camas, que atienden en estos momentos a unas 2.400 personas evacuadas. El Gobierno regional ha reforzado paralelamente la red asistencial sanitaria en los municipios afectados, ante la previsión de que el número de desplazados pueda seguir aumentando mientras el fuego no quede controlado.
Sobre el balance material, Ayuso avanzó una primera estimación de 43 viviendas destruidas por completo y otras 300 con daños de consideración, aunque advirtió de que estas cifras, procedentes de una evaluación preliminar sobre el terreno, «se van a elevar enormemente» a medida que los técnicos regionales completen la inspección de las zonas más castigadas.
La presidenta anunció que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en el diseño de un plan de reconstrucción sin esperar a la extinción definitiva del incendio, una decisión que justificó apelando a la experiencia previa de la Comunidad en la gestión de grandes catástrofes: la reconstrucción de infraestructuras tras la borrasca Filomena de enero de 2021, la respuesta a la pandemia de covid-19 y los trabajos derivados de la DANA. En todos esos episodios, sostuvo, «se reconstruyeron en tiempo récord puentes, carreteras, viviendas e infraestructuras».
El plan anunciado contempla, entre otras medidas, la reparación de más de 100 kilómetros de carreteras autonómicas dañadas por el fuego y un paquete de ayudas económicas urgentes destinado a los ganaderos, uno de los sectores más golpeados por la pérdida de pastos, instalaciones y cabaña en una comarca de tradición agropecuaria. La presidenta no detalló, sin embargo, el importe global del plan ni los plazos de acceso a las ayudas.
En su comparecencia, Ayuso pidió expresamente evitar la confrontación política mientras continúa la emergencia. «No empiecen con guerras innecesarias en estos momentos porque la gente no se lo merece», afirmó, sin dirigir la advertencia a ningún actor concreto. Sus palabras se enmarcan en el contexto de tensión que habitualmente rodea la gestión de grandes incendios en España, donde el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades suele derivar en debates sobre medios disponibles y responsabilidades.
Ayuso trasladó su agradecimiento a los Reyes por su visita a los evacuados de Villamanta, a los alcaldes de la zona, a los jóvenes del municipio que han colaborado en tareas de apoyo y a los vecinos desplazados desde Aldea del Fresno, a quienes describió como personas que viven «momentos muy difíciles». La visita real se produce en un contexto en el que la Casa Real acostumbra a desplazarse a los escenarios de grandes catástrofes naturales, como ocurrió tras la DANA de Valencia de octubre de 2024.
La declaración de «recuperación inédita» llega en un momento en que el incendio permanece sin estabilizar y con riesgo de nuevas evacuaciones si las llamas continúan avanzando desde Ávila. Las autoridades no han ofrecido hasta ahora una fecha estimada para la extinción total del fuego, cuya evolución dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas de los próximos días en una comarca de orografía compleja y elevada carga de combustible vegetal.
En los próximos días, la Comunidad de Madrid deberá concretar el alcance económico del plan de reconstrucción, así como los plazos y las vías de acceso a las ayudas para ganaderos y propietarios de viviendas afectadas, extremos que la presidenta no precisó este domingo. La evolución del incendio y la eventual ampliación de la zona declarada de emergencia nacional a otras áreas de Toledo o Ávila marcarán el ritmo de esta primera fase de respuesta institucional.
