El mayor monto beneficiará a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, con $1,916,383, casi la mitad del crédito total. Le siguen Penonomé, con $731,069.97; Chame, con $721,667; Bugaba, con $626,694; y Santiago, con $253,335, según el desglose presentado por la AND ante la comisión.
De acuerdo con Méndez, los municipios reciben anualmente los recursos del IBI mediante una fórmula de distribución que establece el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, las gestiones de cobro presentadas por la AND durante 2022 y 2023 nunca contaron con el refrendo de la Contraloría General de la República, requisito indispensable para que cualquier contrato o gestión con fondos públicos surta efecto en el país. «Los mismos no fueron refrendados nunca», dijo la funcionaria ante los diputados.
Méndez precisó que el dinero permaneció depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), pero al no formalizarse el trámite dentro de la vigencia fiscal correspondiente, los fondos expiraron y la AND perdió la posibilidad de gestionarlos como parte de su presupuesto ordinario. «Para poder hacerle frente a esa deuda, porque eso es una deuda, se está solicitando este crédito adicional», señaló la directora, quien enmarcó la solicitud como un mecanismo de reparación frente a fondos que, por ley, el Estado debía transferir a los gobiernos locales.
El expediente tuvo un recorrido de más de dos años antes de llegar a la comisión. Méndez relató que la actual administración de la AND detectó el problema en 2024 e intentó un primer trámite ese mismo año, sin lograr concretarlo antes del cierre del período fiscal. Un segundo intento, en abril de 2025, tampoco avanzó lo suficiente ante las distintas instancias.
La tercera solicitud, iniciada en abril de 2026, sí logró completar el circuito institucional. Según detalló la funcionaria, el crédito adicional recibió el visto bueno de la Dirección de Presupuesto de la Nación (Diprena), del Consejo Económico Nacional (CENA), de la Contraloría General y del Consejo de Gabinete antes de llegar a la Asamblea Nacional. «Estamos aquí esta noche para esta última etapa, a ver si ya se le hace justicia a cinco municipios que realmente se vieron muy afectados por esta decisión sin fundamento, por la cual jamás pudieron recibir sus fondos», expresó Méndez momentos antes de que el crédito fuera avalado.
Balance de descentralización y próximos proyectos
Durante su comparecencia, la directora de la AND presentó un balance de la gestión de descentralización. Según sus cifras, entre agosto de 2024 y julio de 2026 la entidad ha aprobado 7,597 proyectos a nivel nacional por un monto acumulado de $201.5 millones, destinados a obras y equipamiento en corregimientos de todo el territorio. Méndez afirmó que, a la fecha, el 80% de los corregimientos del país cuenta con al menos una obra en ejecución financiada por la AND o está adquiriendo equipos con esos fondos.
La funcionaria adelantó, además, que en la próxima reunión de la Junta Directiva de la institución, prevista para la semana siguiente, se contempla la aprobación de otros 103 proyectos. El desglose de estos nuevos proyectos no fue detallado durante la sustentación ante la comisión.
El mecanismo de descentralización municipal en Panamá, regulado por la Ley 66 de 2015 y sus modificaciones posteriores, contempla que los municipios reciban recursos del IBI y de programas como el PIOPSM para financiar obras de infraestructura local, sin depender exclusivamente de las transferencias directas del Órgano Ejecutivo. El caso expuesto por la AND ilustra las fricciones que pueden surgir cuando los trámites de refrendo ante la Contraloría no se completan dentro del calendario fiscal correspondiente.
El refrendo de la Contraloría General constituye uno de los mecanismos centrales de fiscalización del gasto público panameño: ningún contrato, transferencia o compromiso financiero del Estado adquiere plena validez sin ese aval, concebido para prevenir el uso irregular de fondos públicos. En este caso, la ausencia de refrendo oportuno mantuvo los recursos intactos en la Cuenta Única del Tesoro, pero generó un vacío administrativo que dejó a cinco municipios sin acceso a fondos que la ley les asignaba, forzando ahora la vía del crédito adicional para resolverlo.
Los créditos adicionales suplementarios son un instrumento previsto en el marco presupuestario para atender necesidades no contempladas en la ley anual del Presupuesto General del Estado. Su tramitación exige el aval sucesivo de Diprena, el Consejo Económico Nacional, la Contraloría y el Consejo de Gabinete antes de que la Asamblea Nacional los apruebe, un recorrido que la propia AND intentó completar en tres ocasiones desde 2024.
La descentralización municipal ha sido un eje recurrente del debate político panameño desde la aprobación de la Ley 37 de 2009, primera norma que ordenó el traslado de competencias y recursos a los gobiernos locales, cuya aplicación fue suspendida y luego retomada con la Ley 66 de 2015. Desde entonces, la ejecución efectiva de las transferencias a corregimientos y municipios ha estado sujeta a los tiempos administrativos y a la fiscalización de la Contraloría, como evidencia el expediente sustentado esta semana.
La aprobación en la Comisión de Presupuesto representa un paso dentro del trámite, aunque el desembolso efectivo a los cinco municipios beneficiados dependerá de los procedimientos administrativos posteriores que correspondan a la AND y al MEF. Ni los municipios beneficiados ni representantes de corregimiento de las zonas afectadas comparecieron con declaraciones propias durante la sustentación, según lo relatado por la directora de la AND ante los diputados.