La comparecencia de Fábrega se dio en el marco de las vistas presupuestarias que cada año realiza la Asamblea Nacional para examinar las solicitudes de recursos de las entidades del Órgano Ejecutivo antes de la aprobación del Presupuesto General del Estado. En estas audiencias, las bancadas fiscalizan no solo las cifras solicitadas, sino también el cumplimiento de compromisos previamente anunciados por cada institución.
El registro de ofensores sexuales es una herramienta concebida para centralizar información sobre personas condenadas por delitos de este tipo, con el propósito de que las autoridades y, según el esquema normativo, la ciudadanía puedan acceder a datos que permitan prevenir riesgos, particularmente en entornos vinculados con menores de edad. Su desarrollo ha estado marcado por retrasos que en años anteriores generaron cuestionamientos tanto en el pleno como en organizaciones de la sociedad civil.
Fábrega señaló ante los diputados que la plataforma que sustenta el registro está terminada desde el punto de vista técnico. La directora de la AIG no detalló públicamente en la sustentación la fecha exacta en que comenzaría a operar de manera plena ni los mecanismos de acceso previstos para las distintas entidades del Estado que deberán nutrir o consultar la base de datos.
Los cuestionamientos de los diputados durante la vista se centraron en conocer en qué fase se encuentra la implementación luego de los anuncios previos sobre el proyecto y qué articulación existe con otras instituciones, como el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que son las entidades que en última instancia certifican las condenas que deberían alimentar el registro.
Quién administra qué en el registro
La AIG es la entidad encargada de la estrategia de gobierno digital en Panamá y de administrar plataformas tecnológicas de uso transversal para el Estado, por lo que su rol en el registro es principalmente el de proveedor de la infraestructura. La responsabilidad sobre el contenido judicial de la base de datos recae en otras instituciones del sistema de justicia, que son las que producen y confirman las sentencias condenatorias.
El debate sobre el registro no es nuevo en la agenda legislativa panameña. Distintas propuestas para crear o fortalecer mecanismos de este tipo han sido presentadas ante la Asamblea Nacional en años recientes, en un contexto en que organizaciones que trabajan en protección de la niñez han insistido en la necesidad de contar con herramientas de prevención más robustas frente a los delitos sexuales.
Un antecedente que ilustra la magnitud del reto institucional es la discusión sostenida en la Asamblea en torno a las leyes de protección integral a la niñez y la adolescencia, en las que se ha planteado en distintos momentos la creación de registros especializados, sin que esos esfuerzos hayan derivado de manera inmediata en plataformas operativas. El paso de la aprobación normativa a la puesta en marcha efectiva ha sido, históricamente, el eslabón más frágil.
El trámite presupuestario en curso
Ni la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público se han pronunciado hasta el momento sobre el estado del registro en el contexto de esta sustentación, y tampoco se han difundido públicamente cifras sobre el costo total invertido hasta la fecha en el desarrollo de la plataforma. La AIG, por su parte, sostiene que la herramienta está concluida en el plano técnico.
Las vistas de la AIG para la vigencia fiscal 2027 forman parte de un proceso más amplio en el que el pleno revisa las solicitudes de decenas de entidades estatales antes de que el Presupuesto General del Estado sea sometido a los debates correspondientes y remitido a la sanción del Ejecutivo, conforme al procedimiento presupuestario ordinario.
La sustentación del presupuesto de la AIG continúa como parte del calendario de vistas que la Asamblea Nacional mantiene con las distintas entidades del Estado de cara a la discusión y eventual aprobación del Presupuesto General del Estado para 2027, proceso en el que otros ministerios e instituciones expondrán igualmente sus planes y solicitudes de recursos ante el pleno y las comisiones correspondientes.