La revisión fue anunciada públicamente en agosto por Luis Felipe Henao, entonces presidente de la junta directiva de Ecopetrol, y presentada ante ese mismo organismo el 14 de septiembre. La Contraloría solicitó después a la Dirección de Cumplimiento de la estatal los documentos de la investigación, que quedaron en manos de la delegada para el Sector Minas y Energía, encargada ahora de reconstruir lo que las denuncias describen como un posible saqueo histórico a la principal empresa del país.
Los 34 casos abarcan contratación de vigilancia, helicópteros y obras civiles, compra y venta de energía y gas, inversiones en renovables y negocios tecnológicos, además de operaciones en filiales como Cenit, ODL y ODC y proyectos con Internexa. El expediente documenta de forma particular un presunto esquema de ventas dirigidas de petróleo de Ecopetrol hacia África, en el que figuran el catalán Manel Grau, el italiano Fabio Mascialino y Julián Caicedo.
Ventas de petróleo hacia África
Un documento anónimo que llegó a la junta directiva señaló a ese grupo. El texto, que forma parte del material en poder de la Contraloría, también vincula a Julio César Herrera, entonces vicepresidente comercial de Ecopetrol, y a Felipe Trujillo, quien ocupó después ese mismo cargo.
"Se alega que Felipe Trujillo y Julio César Herrera, ayudados por Julián Caicedo, Enrico Romagnoli y Manel Grau, buscaron formas de hacer esos negocios de manera permanente", se lee en la documentación en poder de la Contraloría.
El denunciante sostiene que la operación favoreció con exclusividad en el mercado africano a la comercializadora turca BGN, y que Herrera, quien antes trabajaba en la filial de Houston, tenía participación directa en esas negociaciones y recibía un porcentaje de las ventas. El propio documento señala que el negocio con BGN se interrumpió por diferencias entre los socios sobre el reparto de utilidades, y que Herrera, en ejercicio de su cargo, habría levantado una sanción a la empresa TAC SAS, vinculada a Sebastián Ortega, empresario antioqueño imputado en el caso de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
El expediente dedica un capítulo propio al ascenso de Trujillo a la vicepresidencia comercial, que relaciona con sus contactos con Grau y con los empresarios italianos Mascialino y Romagnoli desde 2022. El documento recoge que "había hecho muchas promesas y ofertas, que apoyaron su promoción", y lo vincula también con Santiago Vargas, amigo de Roa y dueño de una veterinaria donde, según el escrito, se reunía la cúpula de la empresa, y con Sebastián Ortega, en torno a la incorporación de nuevas compañías al negocio petroquímico. La auditoría identifica además 16 inmuebles en Estados Unidos, adquiridos por más de US$2,5 millones, a nombre de Trujillo o de sociedades relacionadas con él.
Trujillo negó haber favorecido negocios, aunque reconoció dos encuentros con Grau convocados por Roa. Según su relato, el catalán y uno de los italianos invocaron respaldo de la Casa de Nariño.
"No me insinuaron, me lo dijeron de forma directa. 'Es que usted no sabe de parte de quién nosotros venimos, de su jefe'", declaró Felipe Trujillo, exvicepresidente comercial de Ecopetrol.
El primer anillo de Verónica Alcocer
El material ubica a varias personas del entorno cercano de la ex primera dama en distintos capítulos del expediente: Grau aparece en cuatro casos, los italianos Mascialino y Romagnoli en dos, y Danilo Romero —señalado por la exconsejera presidencial Eva Ferrer como presunto testaferro de Alcocer— en tres. En el capítulo sobre asignación de órdenes de servicio de contratos marco de construcción, un cuadro encabezado con los nombres de Ricardo Roa y Julián Caicedo identifica como enlaces externos a "los catalanes, Manel Grau y Verónica Alcocer".
Ese mismo bloque de la auditoría examina una presunta fuga de información hacia Metalpar, firma huilense de ingeniería para el sector de hidrocarburos. Según el documento, Julio César Martínez Valbuena, entonces funcionario de Cenit, remitió entre 2020 y 2024 presupuestos, tarifas de otros oferentes y documentos de procesos de contratación antes de su publicación, mediante 153 correos enviados en copia oculta.
Las revelaciones sobre el círculo de Alcocer se suman a otras denuncias recientes contra personas de su entorno en la estatal petrolera y sus filiales, como las recogidas en la denuncia de un exfuncionario de Cenit que alegó presión para borrar contratos de un pariente de la ex primera dama. El caso se inscribe en un contexto más amplio de señalamientos sobre el entorno presidencial, como el expuesto en el informe de empalme de la DNI que reveló una casa clandestina y GPS en carros de expresidentes, aunque se trata de expedientes distintos.
La Contraloría General, creada por la Constitución de 1991 como el órgano encargado de la vigilancia de la gestión fiscal, puede iniciar un proceso de responsabilidad fiscal si establece un detrimento al patrimonio público; antecedentes como el carrusel de la contratación en Bogotá, destapado en 2010, mostraron el alcance que pueden tomar esas indagaciones sobre entidades estatales.
El documento que hoy estudia la delegada para el Sector Minas y Energía sigue siendo un conjunto de denuncias y testimonios bajo verificación, y ninguna de las personas mencionadas ha sido imputada por los hechos que describe la auditoría forense.
