La denuncia del afectado fue el elemento que activó la investigación y, posteriormente, la captura de los tres señalados. Según el relato conocido, los capturados se habrían presentado en el lugar de la obra como integrantes de una veeduría ciudadana —figura amparada en la Constitución para el control social de proyectos públicos y privados— con el fin de exigir el pago a cambio de no entorpecer la construcción. El uso de distintivos habría buscado dar apariencia de legitimidad a la exigencia económica.
El caso, de confirmarse en las etapas procesales correspondientes, encuadraría en el delito de extorsión contemplado en el Código Penal colombiano, que contempla penas privativas de la libertad para quien constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el fin de obtener un provecho ilícito. A esto podría sumarse la suplantación de funciones de vigilancia o control, si la investigación establece el uso indebido de símbolos que aparentaran una autoridad no ostentada por los capturados.
Las autoridades judiciales de Barranquilla deberán definir en las próximas audiencias la situación procesal de los tres capturados, que por ahora figuran como indiciados dentro de la actuación. De acuerdo con la Ley 906 de 2004, corresponde a un juez de control de garantías adelantar la audiencia de imputación de cargos, instancia en la que la Fiscalía General de la Nación deberá presentar los elementos materiales probatorios recaudados durante la indagación.
En esa misma audiencia podría solicitarse una medida de aseguramiento, decisión que corresponde únicamente al juez y que, de ser impuesta, tendría un carácter cautelar orientado a evitar el riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los señalados.
Casos de presuntos veedores que exigen dinero a cambio de no frenar obras han sido reportados en otras regiones del país, en lo que algunas autoridades locales han calificado como una variante de extorsión que se aprovecha del desconocimiento de los constructores sobre los mecanismos legales de veeduría ciudadana. La Procuraduría General de la Nación ha subrayado en distintas ocasiones la importancia de que los proyectos de veeduría se registren formalmente ante las autoridades competentes para evitar su uso fraudulento.
La captura se suma a hechos delictivos recientes reportados en distintas regiones, entre ellos el robo de $800 millones a una empleada de chance en un banco de Pitalito, que ilustran la persistencia de modalidades asociadas al dinero en efectivo y a la suplantación de figuras de control o autoridad.
La investigación continúa mientras se define la fecha de la audiencia de imputación ante el juez de control de garantías de Barranquilla, instancia que determinará si los tres capturados pasan de la condición de indiciados a imputados formalmente por el delito de extorsión.