La audiencia derivó en un contrapunteo cuando Morales advirtió sobre lo que calificó como vacíos en la forma en que se ha invertido el dinero destinado a la implementación. El magistrado Salazar le pidió que precisara el alcance de sus señalamientos, en particular el término "petrificación" que la funcionaria había usado minutos antes ante la sala.
"Le pido que me explique cuando habla de petrificación presupuestal a qué se refiere", planteó Salazar. La consejera lo corrigió de inmediato y situó su argumento en el terreno de la jurisprudencia constitucional sobre la obligación de implementar el pacto.
"No dije petrificación presupuestal, dije petrificación en la implementación, lo que significa esto que también ha dicho la Corte Constitucional, que hay una obligación durante los tres gobiernos posteriores al acuerdo final de implementarlo, pero que hay un margen de configuración de acuerdo con las políticas de cada gobierno, de acuerdo con la discrecionalidad del presidente de la República", respondió Viviane Morales, consejera comisionada de paz.
La funcionaria vinculó su respuesta con la coyuntura fiscal del país y anticipó recortes en las entidades públicas encargadas de ejecutar los programas de paz, sin precisar todavía montos ni partidas, a la espera del decreto que liquida el Presupuesto General de la Nación. "Habrá recortes presupuestales en todos los programas, los tenemos que asumir de esa manera", señaló, al tiempo que reclamó "un combate a la corrupción" y "mayor eficiencia en la gestión".
Fue entonces cuando Morales entregó el dato central del debate: en los últimos diez años se han destinado $170 billones a la implementación del Acuerdo, una cifra que, dijo, debe ser objeto de un balance detallado ante la opacidad de algunas de las líneas de gasto ejecutadas por las distintas entidades involucradas.
"Creo que es importante que el país y nosotros conozcamos cómo se han gastado y qué tenemos que hacer de aquí para adelante, porque creo que no se podrá seguir en ese ritmo, en algunos asuntos en que quedaron líneas muy opacas sobre estos gastos que se realizan", indicó Morales ante los magistrados.
El intercambio se tensó cuando la discusión viró hacia los esquemas de seguridad de los comparecientes, competencia de la Unidad Nacional de Protección. Morales le aclaró a Salazar que esa no es su función ni su cartera, aunque insistió en que cualquier ajuste deberá conciliarse con la austeridad fiscal anunciada por el Gobierno.
"Yo no soy de la UNP, pero asignaciones presupuestales, asignaciones presupuestales tiene que haber, señor magistrado, hay recortes, tiene que haber austeridad fiscal, todavía no sabemos en la implementación ya del decreto propio del presupuesto de cuánto van a ser los recortes, pero en todo va a haber recortes, y lo tenemos que suplir con eficiencia, con rigor en la gestión y con transparencia", respondió Morales.
La medida cautelar que motivó la audiencia es una de las herramientas con que la Jurisdicción Especial para la Paz, creada por el acuerdo de 2016 y respaldada por la Corte Constitucional, protege a los excombatientes acogidos al proceso. Esa misma jurisdicción ha mantenido activa su agenda de responsabilidad, con decisiones como la imputación a 11 exmiembros de la Fuerza Pública por 32 masacres en Montes de María.
El debate sobre el costo de la paz no es nuevo: desde la firma en La Habana en 2016, el Marco Fiscal de Mediano Plazo cifró en decenas de billones la financiación proyectada para los quince años de implementación, y cada gobierno ha ajustado el ritmo de ejecución según su margen presupuestal. La intervención de Morales traslada ahora ese reclamo a un escenario judicial, con la pregunta de cómo se han gastado los $170 billones reconocidos este jueves en estrados.