La actuación administrativa estableció que el influenciador, con cerca de dos millones de seguidores en distintas plataformas, organizó sorteos masivos sin el permiso correspondiente, una conducta que Coljuegos encuadra como comercialización irregular de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. Además del pago de la multa, la resolución le prohíbe operar cualquier tipo de juego de azar durante los próximos cinco años, plazo que empezará a correr una vez el acto administrativo quede ejecutoriado.
El expediente adquiere un matiz penal porque, según el comunicado de Coljuegos, Arias habría seguido realizando sorteos pese a tener investigaciones abiertas en su contra. Por esa continuidad, el organismo radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de un delito contemplado en el Código Penal. Corresponderá ahora a la Fiscalía adelantar la indagación y, de hallar mérito, formular imputación ante un juez de control de garantías, según el procedimiento que fija la Ley 906 de 2004.
En Colombia la organización de rifas y juegos de suerte y azar está reservada al monopolio rentístico del Estado, administrado por Coljuegos, y requiere autorización previa; operar sin ese permiso expone al infractor a sanciones administrativas y a la acción penal. La inhabilidad de cinco años impuesta a Arias es la medida máxima que el régimen contempla para quien explota estos juegos al margen de la regulación.
Captura en Urabá y absolución en Antioquia
El año judicial de Arias ya venía cargado de episodios. El 12 de marzo fue capturado en flagrancia en el corregimiento El Totumo, en Necoclí, durante un operativo conjunto de la Dijín y la DEA, señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Según registros de ese momento, solo en el mes de su captura habría entregado más de $10.000 millones en premios, cifra que circuló en sus propias redes pero que no cuenta con auditorías públicas que confirmen los montos reales entregados.
En septiembre de 2026, un juzgado de Antioquia lo absolvió del proceso por porte ilegal de armas. Tras recuperar la libertad, celebró la decisión adquiriendo un automóvil deportivo cuyo valor superaría los $1.000 millones de pesos. Esa ostentación, sumada a la continuidad de sus rifas, es la que ahora reaparece en el expediente administrativo y penal que lo tiene de nuevo bajo la lupa de las autoridades.
Arias construyó su popularidad inicial en Antioquia grabando acrobacias de alto riesgo en motocicletas de alto cilindraje por vías principales, antes de virar su contenido hacia los sorteos de dinero en efectivo, vehículos de lujo y propiedades. Entre sus ofertas figuraron apartamentos amoblados en sectores exclusivos de Medellín como El Poblado, combos de carros avaluados en más de $500 millones y hasta vehículos de trabajo como taxis y grúas, con la opción de que los ganadores recibieran el equivalente en transferencias bancarias.
Su caso se inscribe en la actividad de la justicia colombiana que estos días ocupa titulares, desde la imputación de la JEP a 11 exmiembros de la Fuerza Pública por 32 masacres en Montes de María hasta expedientes de la jurisdicción ordinaria como este, donde la discusión no es de justicia transicional sino de regulación administrativa y responsabilidad penal por operar juegos de azar sin licencia.
La resolución administrativa, con la multa de $116 millones y la inhabilidad por cinco años, queda en firme una vez se agote el trámite de ejecutoria; a partir de ahí, la Fiscalía deberá determinar si existe mérito para abrir investigación penal y llevar a Arias ante un juez de control de garantías.