El jefe de la cartera política centró su crítica en el diseño original del pacto suscrito en La Habana, Cuba, hace casi diez años, al que atribuyó la proliferación actual de disidencias armadas que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. Según su intervención, ese origen explicaría por qué los desmovilizados y las comunidades siguen expuestos a amenazas pese a una década de implementación.
"En síntesis, la paz total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades. El origen de esta deplorable situación está en la base misma del Acuerdo de La Habana, un acuerdo mal hecho, mal diseñado, que nos ha llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal", indicó el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.
La intervención no pasó sin réplica dentro de la propia sala. El magistrado Gustavo Salazar cuestionó el enfoque del funcionario frente al tribunal: "Acá no estamos para juzgar a la JEP", le respondió, en un cruce que dejó en evidencia la tensión entre el Ejecutivo y la justicia transicional sobre el balance de casi una década de implementación del Acuerdo de Paz.
La JEP nació del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC como el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el mandato de juzgar los delitos más graves cometidos en el conflicto a cambio de verdad, reparación y sanciones propias para los comparecientes que las reconozcan.
Disidencias y el papel del ELN
Ordóñez detalló que buena parte de los homicidios contra firmantes del acuerdo no provienen de estructuras paramilitares con pretensiones contrainsurgentes, sino de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal de oro. "Los asesinos son los que son, principalmente aparatos criminales que se disputan el narcotráfico y las rentas del oro ilegal que quieren el control del territorio", señaló, al apuntar directamente a estructuras como Iván Mordisco y las disidencias que responden al mando de alias Calarcá.
El ministro amplió el diagnóstico al fortalecimiento del ELN en distintos departamentos, con atentados contra la población civil y la Fuerza Pública. Citó la confrontación entre esa guerrilla y la estructura 33 de las disidencias en Catatumbo, las masacres registradas en el Guaviare y la violencia persistente en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño como evidencia de un escenario que calificó de "dura realidad". En ese contexto, afirmó que "el presidente De La Espriella ya ha retomado el liderazgo civil de la seguridad".
El funcionario pidió a la JEP cumplir sus mandatos constitucionales y legales mediante la emisión de sentencias que den certeza jurídica a los comparecientes, al argumentar que la respuesta estatal no puede limitarse a multiplicar esquemas de seguridad física.
"La mejor política de protección de los comparecientes ante la JEP, testigos y víctimas no es multiplicar indefinidamente los carros blindados, los hombres y mujeres de seguridad, los chalecos y los botones de pánico. Mientras no se consiga derrotar las amenazas y disminuirlas drásticamente, no hay carros ni chalecos que alcancen", reseñó el ministro del Interior.
Ordóñez precisó que cualquier esquema de protección debe enmarcarse en los parámetros fijados por la Corte Constitucional, pero insistió en que ese deber de garantía del Estado resulta insuficiente sin una política de seguridad que calificó de "fuerte, firme, contundente, sin complacencia con los criminales ni con los discursos justificadores del crimen". Pidió, en la misma línea, que esa política sea igualmente exigente en el respeto a las libertades civiles y los derechos humanos, que consideró "su fuente de legitimidad".