Los Montes de María, una subregión que abarca municipios de Bolívar y Sucre, fue durante años uno de los epicentros del horror paramilitar en el país. Masacres como las de El Salado y Macayepo, ocurridas en ese territorio, quedaron registradas entre los episodios más documentados por la justicia transicional por la magnitud del número de víctimas y la sevicia con que se ejecutaron.
Según la reconstrucción judicial, los hechos imputados no fueron producto de la iniciativa aislada de comandantes o unidades sueltas, sino de un alineamiento entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares que operó de manera sostenida durante al menos dos años en la región. La tesis refuerza la línea que distintos tribunales y comisiones de la verdad han sostenido sobre una estrategia contrainsurgente que incluyó la connivencia de sectores institucionales con el paramilitarismo en el Caribe durante ese periodo.
La JEP fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, en desarrollo del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC, con el mandato de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado por todos los actores, incluidos miembros de la Fuerza Pública que se sometieron voluntariamente a su jurisdicción. El mecanismo de imputación exige que los comparecientes reconozcan verdad, responsabilidad y compromiso de reparación a cambio de sanciones restaurativas, en contraste con el sistema penal ordinario, que contempla penas de prisión.
Los 11 imputados tendrán ahora la opción de aceptar los cargos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, lo que abriría la puerta a una sanción propia de hasta ocho años con un componente restaurativo, o rechazarlos y afrontar el procedimiento adversarial, que puede derivar en el envío del expediente a la Unidad de Investigación y Acusación y en penas ordinarias de hasta 20 años.
El caso de los Montes de María no es el primero en el que la JEP vincula a uniformados con crímenes cometidos en el conflicto. El tribunal ya adelanta el macrocaso 03 sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos», en el que imputó a militares por el asesinato de civiles presentados como bajas en combate, y el macrocaso 01 sobre secuestros atribuidos a las FARC. Antes de la justicia transicional, la masacre de El Salado, perpetrada en febrero de 2000, había sido documentada por el entonces Grupo de Memoria Histórica como uno de los episodios más graves del paramilitarismo en la región.
La imputación de este jueves se inscribe en la etapa de reconocimiento del proceso, en la que los comparecientes deben decidir si asumen su responsabilidad antes de que el tribunal profiera resolución de conclusiones.