Beltrán ingresó al grupo empresarial en 2019 como aprendiz del Sena en Ecopetrol, pasó a Cenit a través de contratistas y, tras ganar un proceso de selección, fue contratado directamente en la filial como técnico administrativo el 29 de enero de 2026. Dos semanas antes, el 15 de enero, aseguró que fue citado por Pilar Marulanda, vicepresidenta de Talento Humano de la filial, para una conversación que calificó de confidencial.
"Me cita en su oficina a las 11 de la mañana. Antes de entrar a la oficina, Pilar Marulanda me quita el celular. Me dice que vamos a tratar un tema confidencial y pone mi celular en la oficina de al lado", manifestó Kevin Jair Beltrán Rojas, exfuncionario de Cenit.
Según su testimonio, en ese encuentro la vicepresidenta le habría pedido "ayuda" para eliminar el rastro de contratos entregados durante su paso por la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a una persona cercana al gobierno del expresidente Gustavo Petro. Beltrán aseguró que Merlano Alcocer no podía ser contratado de forma directa por Ecopetrol: había sido vicepresidente de la petrolera y arrastraba sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas restrictivas a la competencia por su gestión al frente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante el escándalo de las basuras en la alcaldía de Petro.
El exfuncionario sostuvo que la orden habría sido contratar a Merlano Alcocer por la vía de las filiales para después abrirle paso a la matriz. Con ese fin se habría acudido a Antropos Consultores S. A. S., empresa de consultoría constituida el 24 de abril de 2024 con $25 millones de capital suscrito y pagado, en la que el pariente de la ex primera dama figura como representante legal suplente.
"Ecopetrol es un régimen especial y son recursos públicos, por lo que no se le pueden asignar contratos a empresas que no cumplan ciertos criterios. Obviamente, no iba a cumplir. Lo que se hizo fue darle contratos en las filiales", indicó Beltrán Rojas.
Según documentos societarios, los activos de Antropos pasaron de $180 millones al cierre de 2024 a $1.983 millones al terminar 2025, casi once veces el valor del año anterior. Dentro de Ecopetrol, la firma aparece asociada al contrato central 5207277, clasificado como de servicios, con un desembolso de $75 millones en la categoría de consultorías y asesoramiento en gestión empresarial y corporativa.
Traslado y despido tras negarse a borrar registros
Beltrán aseguró que su negativa a eliminar la información derivó en su traslado de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición. Dijo haber solicitado una reunión con Juan Carlos Hurtado, entonces presidente de Ecopetrol, pero que este lo remitió de nuevo a Marulanda, la misma funcionaria que le habría pedido borrar los registros. El episodio se suma a los señalamientos que han rodeado a Ecopetrol, la mayor empresa estatal del país, bajo el gobierno Petro, en controversias como los bloqueos que llevaron a que el Metro de Bogotá respondiera por los pagos a obreros.
Su ingreso coincidió con una negociación colectiva sindical en Cenit que blindó transitoriamente a los trabajadores frente a despidos sin justa causa hasta el 31 de julio de 2026. Según Beltrán, el 10 de agosto, una semana después de vencido ese fuero, le notificaron su desvinculación, y aseguró que habrían logrado borrar gran parte de la información contractual pese a su negativa. Una tutela posterior que buscaba su reintegro fue negada.
El exfuncionario relató que en noviembre de 2025 su familia sufrió un desplazamiento forzado que les hizo perder una finca ganadera y toda su inversión, y que tras el despido quedó sin sustento económico mientras responde por la educación de su hermana menor y los cuidados de un sobrino hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. En su oficio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consignó la acusación central contra la filial petrolera.
"Al negarme a cumplir órdenes verbales de la vicepresidenta de Talento Humano de Cenit S. A. S., Pilar Marulanda Sánchez, quien me exigió bajo coacción borrar del sistema informático toda evidencia, registros y chats de WhatsApp de estos contratos, se desató una persecución en mi contra", se lee en el oficio enviado por Beltrán Rojas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.