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Captado por fraude en la Unad el llamado «hacker opita» que llegó a la DNI

Un comunicado de la universidad reporta 22 estudiantes detectados; un docente de la Corhuila afirma que Oyola «tiene mucha habilidad para convencer a los directivos».

Por Redacción de El Hemiciclo·
3 min de lectura
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Carlos Andrés Oyola, de 36 años y oriundo de Neiva, fue capturado por violar los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), de donde se le señala de apropiarse de las respuestas de un examen de admisión en un concurso de méritos en 2001. Un comunicado de la institución reporta 22 estudiantes detectados dentro del esquema. Conocido en Neiva como el «hacker opita», Oyola llegó a integrar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Oyola, hijo de un exagente de la Policía y un ama de casa, cursó dos semestres de Ingeniería de Sistemas en la Corhuila, universidad privada de Neiva, sin llegar a graduarse. Según un docente de esa institución, buscó vincularse al área de Tecnologías de la Información aprovechando su cercanía con directivos, un intento que la universidad rechazó. El mismo profesor lo describió como un joven "inquieto".

"Quiso hacer muchas cosas en la Corhuila porque tiene mucha habilidad para convencer a los directivos, quienes quisieron que se vinculara al área de Tecnologías de la Información, pero, afortunadamente, no lo permitimos", relató un docente de la Corhuila.

El docente matizó el apodo que lo persigue: más que dominar técnicas informáticas avanzadas, el investigado habría logrado que terceros le entregaran credenciales de acceso a sistemas institucionales. En la Universidad Surcolombiana, donde trabajó en la Facultad de Ingeniería, circulan versiones no denunciadas formalmente sobre presuntas alteraciones de calificaciones en algunas facultades.

"Considero que es buen charlatán que convence a mucha gente para que le facilite credenciales de acceso a los sistemas de información", añadió el mismo docente de la Corhuila.

La condena por acceso abusivo a sistema informático es la figura que la Fiscalía General de la Nación aplica en estos casos: la Ley 1273 de 2009 tipificó los delitos informáticos en Colombia y castiga la vulneración de bases de datos con penas de prisión y multa. A ese marco se suma, en Neiva, la historia de cuando Oyola intentó burlar la seguridad de una empresa de transporte terrestre del Huila para comprar tiquetes de bus a 5.000 pesos y revenderlos por el triple; funcionarios de esa compañía no entienden qué pasó con la investigación en la Fiscalía.

Villalba, Petro y el paso por la DNI

El capturado integró la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador liberal y hoy gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, quien reconoció haberlo conocido por ser paisano suyo y haberlo vinculado para el manejo de sus redes sociales. Desde los pasillos del Congreso, Oyola estableció contacto con Gustavo Petro, entonces legislador, a quien acompañó en comisiones hasta integrarse a la DNI, entidad que concentra la información de seguridad nacional más sensible del país.

En Neiva circulan fotografías de Oyola junto a Petro, algunas tomadas en el avión presidencial y en viajes a Europa con integrantes del gobierno. También habría gestionado hojas de vida de allegados para trasladarlas a la Casa de Nariño y habría estado detrás de la designación de la representante del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Huila hasta comienzos de este año.

Oyola escribió además como columnista en un medio local, donde en un texto propuso "un diálogo regional para buscar la paz en el Huila" y respaldó el proceso adelantado por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aliado de Petro. Académicos de la Unad estiman que el presunto esquema de fraude contó con apoyos dentro de la propia universidad, aunque no se ha establecido judicialmente la participación de terceros. Su hermano gemelo, Christian Oyola, ha sido mencionado en el entorno social de Neiva sin que conste señalamiento judicial formal en su contra.

La captura de Oyola se suma a los frentes abiertos en los tribunales del país, como el que enfrenta a Viviane Morales y el magistrado Salazar por $170 billones del Acuerdo ante la JEP. En el caso de la Unad, la universidad mantiene activo el proceso que detectó a los 22 estudiantes señalados de beneficiarse del presunto fraude en el examen de admisión de 2001.

Fuentes

  1. Semanasemana.com

Material del que parte esta pieza. El texto es propio; los enlaces llevan al original.

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