Las revelaciones tuvieron un primer efecto institucional. Este lunes, la Contraloría ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI que suman cerca de $20.783 millones, varios de los cuales aparecen referenciados en los documentos internos de la entidad. El informe de empalme, de 26 páginas, fue dirigido al nuevo director de la agencia y reúne fotografías, documentos y análisis construidos a partir de información suministrada por funcionarios de la propia DNI sobre la gestión durante el anterior gobierno.
El informe sostiene que el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, expedido por el gobierno anterior, incluyó a la DNI entre las entidades que participan en la asignación de los vehículos de protección de expresidentes. Para los autores del documento, ese cambio normativo abrió la puerta a labores de inteligencia sobre las personas protegidas.
"Podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas", señalan los autores del informe de empalme sobre el cambio que incluyó a la DNI en la asignación de vehículos de protección.
La casa clandestina mencionada en el informe habría operado como una sede operativa nunca registrada oficialmente, ubicada a pocos metros de la sede diplomática estadounidense en Bogotá. Según la fuente citada en el documento, el inmueble fue desocupado tras las elecciones presidenciales y cualquier rastro de su existencia habría sido borrado de los archivos de la entidad.
El informe suma una alerta sobre equipos tecnológicos que Rusia habría entregado a funcionarios de inteligencia colombianos. Agentes de la DNI habrían viajado a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR, y durante esa estadía les habrían suministrado computadores y celulares que, según la sospecha recogida en el documento, podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y del gobierno siguiente.
El capítulo electoral gira en torno a Carlos Oyola, ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que acaba de ser capturado. Según documentos internos de la entidad, Oyola habría liderado una red de activistas digitales, bodegueros y hackers encargada de alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. El documento indica que, para entonces, el ingeniero se encontraba en Madrid junto con otros integrantes de esa red, desde donde habrían ejecutado presuntamente los ataques contra la Registraduría.
Oyola ya tenía una orden de captura desde el 7 de mayo de 2026 y, según los mismos documentos, se habría escapado de un allanamiento de la Fiscalía horas antes de la primera vuelta presidencial. El ingeniero enfrentaba además un proceso por presuntas irregularidades en el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con cargos por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. El informe también relaciona el ingreso de cerca de 300 personas bajo requisitos flexibilizados, entre ellas varias que no superaron la prueba del polígrafo, antes obligatoria, y algunas exmilitantes del M-19 con antecedentes penales.
Contratos bajo revisión de la Contraloría
El informe detalla la contratación de la entidad. El hallazgo más costoso corresponde a la compra de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, con alcance de hasta 600 kilómetros y seis horas de autonomía de vuelo, que según precisó la Contraloría sufrió un siniestro en marzo de 2026. En septiembre, un segundo informe de 11 páginas enviado a la Presidencia detalló la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de ellas acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño; la adquisición de tres de esos sistemas costó $8.340 millones.
Los señalamientos se inscriben en una tradición de escándalos sobre inteligencia estatal en Colombia: el DAS, antecesor del actual esquema, fue liquidado en 2011 tras comprobarse interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y opositores durante el gobierno de Álvaro Uribe. El episodio se suma además a otros hechos conocidos sobre el funcionamiento de la agencia, después de que cayera un funcionario activo de la DNI acusado de espionaje y de hackear el sistema de inteligencia del Estado.
