Los fiscales llegaron a evaluar una detonación controlada para abrir la segunda puerta blindada, de fabricación israelí, y finalmente accedieron gracias a la información que la propia defensa de Peña entregó sobre la ubicación de una llave de seguridad. Al otro lado no encontraron fajos de guaraníes ni documentos: según esa misma versión, se trataba de una habitación de pánico diseñada para proteger a sus ocupantes ante una amenaza. Peña había sido accionista de Ueno Holding, el conglomerado propietario del banco intervenido el 2 de noviembre por el Banco Central tras caer su índice de solvencia por debajo del mínimo exigido.
Mientras avanzan los allanamientos, el país espera una respuesta más terrenal: qué pasó con los más de 60 millones de dólares de fondos previsionales de los docentes depositados en la entidad. Los gremios de maestros se movilizaron el 9 de noviembre y se reunieron con el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien se comprometió a trabajar en la recuperación de esos recursos. La exigencia fue explícita: que la investigación no se detenga en la detención de Peña y los exdirectivos del banco, sino que establezca el recorrido completo del dinero.
37 empresas y 35 nombres nuevos
La Fiscalía informó el lunes 9 de noviembre que había identificado alrededor de 37 empresas y 35 personas relacionadas con el caso, que se suman a los 27 imputados de la etapa inicial. Los fiscales anunciaron que ampliarían los equipos de investigación para establecer el recorrido de los recursos que pasaron por el banco. Entre los antecedentes figura una resolución del 28 de julio de 2025 que autorizó colocar 250.000 millones de guaraníes de la Caja Fiscal en Ueno a través de certificados de depósito de ahorro, una suma de recursos previsionales que ahora es parte de las pesquisas sobre el uso de fondos públicos.
El rastreo también se internacionalizó. El miércoles 11 de noviembre la Fiscalía activó por primera vez en Paraguay una notificación de Interpol, mecanismo que permite identificar y localizar bienes vinculados a actividades delictivas, y prepara una solicitud formal de cooperación a Luxemburgo, donde existe una sociedad ligada al entorno empresarial de Ueno. Las autoridades buscan determinar si parte de los recursos salió del país y si hay bienes recuperables para responder a los afectados.
La crisis desembocó en la salida de Peña el viernes 6 de noviembre: tras rechazar el Senado su renuncia, el Congreso lo sometió a juicio político y lo destituyó con 44 votos favorables de 45 posibles. Horas después, la Fiscalía ordenó su detención y lo imputó por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Paraguay no es ajeno al desenlace: el Congreso ya había destituido en junio de 2012 a Fernando Lugo mediante un juicio político exprés, aunque entonces el detonante fue político y no financiero.
El jueves 12 de noviembre la investigación llegó al registro de Mburuvicha Róga, la residencia presidencial que Peña ocupó hasta su destitución, en un operativo que también apunta al exprensidente del Banco Central, Carlos Carvallo. Ese mismo día fue detenido Holger Insfrán, superintendente de Bancos del Banco Central, durante un allanamiento en su vivienda en Asunción, donde los investigadores incautaron documentación institucional y, según medios paraguayos, cerca de 500 páginas de documentos relacionados con Ueno. El caso dejó de ser un expediente contra un hombre para convertirse en un mapa de responsabilidades repartidas entre el Banco Central, el Ministerio de Economía y la cúpula bancaria.
Las consecuencias se sienten más allá de los tribunales. El 11 de noviembre, Fitch Ratings puso bajo observación negativa la calificación soberana BB+ de Paraguay ante los riesgos que la crisis supone para el sistema financiero y las cuentas públicas. La bóveda de San Bernardino terminó siendo el único lugar transparente de toda la investigación: el destino de los fondos, su posible recorrido hacia Luxemburgo y la responsabilidad de quienes autorizaron depositar ahorros públicos en un banco insolvente siguen sin despejarse.
