El relato que emerge de las calles ceutíes seis semanas después no habla ya de una emergencia puntual, sino de una alteración duradera de la convivencia vecinal. Los testimonios recogidos en distintos barrios coinciden en señalar que las rutinas más elementales —salir a tomar el aire, quedar con amistades, acompañar a los niños al colegio— se han visto trastocadas de forma que muchos vecinos describen como difícilmente reversible a corto plazo.
José Gabriel Benítez, vecino del barrio de Juan Carlos I de 61 años, vendedor de cupones y antes pintor y camarero retirado, resume ese cambio: «Esto ya no tiene color, va a peor. La tranquilidad con la que se vivía en esta ciudad se ha perdido», lamentó. «Antes salía a tomar el fresco con mis vecinos, pero ya no se puede salir. Estamos perdiendo hasta la amistad», relató. Su testimonio apunta a un fenómeno de retraimiento del espacio público más que a hechos delictivos verificados de forma sistemática.
La cuestión educativa concentra buena parte de la tensión esta semana. Miguel Ángel Gómez Prat, de 44 años y padre de cuatro hijos, condicionó la asistencia de los suyos a las aulas: «Si no hay suficiente seguridad en los centros educativos no pensamos llevarlos», advirtió, y sostuvo que «los que peor lo están pasando son los niños y las mujeres». Matilde Ramírez García, abuela de 75 años, reconoció no saber aún qué hará con sus seis nietos y ocho biznietos. No constan hasta el momento datos oficiales sobre absentismo escolar vinculado a este motivo, por lo que cualquier valoración cuantitativa debe tomarse con reservas.
El Gobierno central habría reconocido la dificultad de precisar cuántos migrantes permanecen en la ciudad, al considerar «imposible» un recuento fiable en un contexto de movilidad constante. Esa indefinición contrasta con la cifra de al menos 5.000 personas que se manejaba en los primeros días, según datos oficiales, y alimenta el desconcierto entre una población que reclama certezas. La llegada, según las estimaciones difundidas entonces, llegó a duplicar la población de la ciudad en apenas 48 horas.
La percepción de temor aparece de forma recurrente entre la generación de mayor edad. Ramírez, abordada camino de misa, describió la sustitución de sus salidas habituales por trayectos limitados: «Ya no salgo con mis amigas, ni vamos al cine ni tomamos café», admitió. «Tengo miedo y todos los ceutíes lo tenemos», añadió en relación con incidentes registrados en barrios de la periferia.
Frente a esos relatos, otras voces matizan el discurso dominante. Malk Abdelkar, ceutí musulmana de 16 años, defendió que entre los llegados hay «gente que ha venido a buscarse un futuro mejor», aunque reconoció que su ocio veraniego se ha reducido: «Salgo mucho menos y siempre he vuelto a casa con luz». Una experiencia de mayor normalidad trasladó Siham Amar, recepcionista de hotel que regresó a Ceuta quince días antes del episodio tras doce años en Málaga: asegura no haber sufrido incidentes en sus desplazamientos diarios, incluidos trayectos en solitario a primera hora. Su compañera Mariam Bumediam, integradora social de 26 años con experiencia en la crisis de 2021, señaló que la mayoría «no son malos chicos, también vienen con miedo».
Un precedente reciente: la crisis de 2021
Este contraste de percepciones no es nuevo en la historia migratoria de Ceuta. La ciudad autónoma, frontera terrestre de la Unión Europea con Marruecos junto a Melilla, vivió en mayo de 2021 la entrada de miles de personas en un contexto de tensión diplomática entre España y Marruecos por la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario. Aquel episodio, resuelto en semanas mediante coordinación bilateral y despliegue de efectivos de la Guardia Civil y el Ejército, dejó también un poso de reconfiguración social y económica que tardó meses en diluirse.
El marco jurídico que rige estas situaciones combina la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España, el Reglamento de Dublín en su aplicación a las fronteras exteriores de la Unión y los acuerdos bilaterales de repatriación entre España y Marruecos, cuya aplicación práctica ha sido objeto de controversia en los tribunales españoles en episodios anteriores. La determinación del estatuto de cada persona llegada —solicitante de asilo, menor no acompañado o susceptible de retorno— exige procedimientos individualizados que, en situaciones de entrada masiva, tienden a colapsar los recursos administrativos de la ciudad.
La climatología de estos días, con viento de Levante y humedad elevada, no ha hecho sino agravar la sensación de asfixia que describen los vecinos, aunque los propios testimonios dejan claro que el malestar de fondo trasciende lo meteorológico. La combinación de calor, imposibilidad de socializar al aire libre y percepción de inseguridad configura un cuadro de fatiga social que las autoridades locales no han cuantificado aún mediante encuestas de percepción ciudadana.
Las administraciones implicadas —Gobierno central, Ciudad Autónoma de Ceuta y, en última instancia, instituciones europeas como Frontex— afrontan la tarea de trasladar respuestas concretas más allá de la gestión de emergencia inicial. La reclamación más repetida entre los vecinos consultados es la de mayor información pública y presencia policial visible en los barrios periféricos, mientras las asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes insisten en la necesidad de reforzar los recursos de acogida y evitar la estigmatización colectiva de quienes cruzaron la frontera.
En el corto plazo, la atención se concentrará en el desarrollo del curso escolar y en si las administraciones educativas ofrecen garantías que despejen las dudas de las familias que han condicionado la asistencia de sus hijos. A medio plazo, la pregunta de fondo —cuántas personas permanecen realmente en la ciudad, en qué condiciones y con qué horizonte de regularización o retorno— seguirá pendiente de una respuesta oficial que, según reconocen las propias fuentes gubernamentales, no resulta sencilla de ofrecer con precisión.
