Según el balance de Rodríguez, 17.907 personas se han visto afectadas directamente por la catástrofe y 128.324 familias han recibido algún tipo de atención por parte de las autoridades desde que se produjeron los seísmos. El dirigente precisó que los equipos de rescate lograron sacar con vida a 6.462 personas de entre los escombros, una cifra que ilustra la magnitud del despliegue movilizado durante las semanas posteriores.
En cuanto a los daños materiales, el balance oficial contabiliza 190 edificios completamente destruidos. Para dar cobijo a los desplazados se han instalado 107 campamentos temporales, en los que residen actualmente unas 23.811 personas que perdieron sus viviendas. En el plano sanitario, Rodríguez cifró en 47.942 los pacientes atendidos desde el inicio de la emergencia, mientras el operativo de respuesta ha movilizado a casi 31.000 efectivos venezolanos, respaldados por 2.278 rescatistas internacionales y 31.700 voluntarios.
De confirmarse en su totalidad, el balance situaría el terremoto de junio entre los desastres naturales más letales de América Latina en las últimas décadas, aunque por debajo de referencias históricas como el terremoto de Haití de 2010, que dejó más de 200.000 muertos, o el de Ciudad de México de 1985, con miles de víctimas mortales según las estimaciones oficiales de la época. Un balance provisional anterior había situado los fallecidos en 5.119, por lo que la cifra ha seguido aumentando conforme avanzan las labores de rescate.
La gestión gubernamental frente a las críticas de la oposición
La actualización del balance llega en un contexto de críticas hacia la gestión de la emergencia, que se suma a la crisis humanitaria previa que ya afectaba a amplios sectores de la población venezolana antes de los seísmos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, defendió la actuación del Gobierno y acusó a la oposición de haber utilizado la tragedia con fines propagandísticos. «Ningún opositor extremista ha ido a La Guaira para brindar su ayuda al pueblo», afirmó Cabello, quien sostuvo que los líderes opositores «no han trabajado de forma desinteresada» sino «para la foto».
El ministro fue más allá y describió con ironía la actitud de los dirigentes opositores: «Si no lo recuerdan, yo lo digo: una ‘joyería’ completa llegó a Venezuela. Se presentó aquí diciendo que ahora sí estaban libres para trabajar por el país», aseveró. Los sectores opositores, por su parte, han cuestionado la velocidad, la transparencia de la respuesta estatal y la fiabilidad de las cifras oficiales, en un país donde el acceso independiente a la información pública ha sido históricamente limitado.
El pulso reproduce una fractura política de larga data. Las tensiones entre el Ejecutivo venezolano y la oposición se han sucedido a lo largo de los últimos años en episodios como la disputa por los resultados electorales o el rechazo previo del Gobierno a canales de ayuda externa, un enfrentamiento que ahora se traslada al terreno de la gestión de la catástrofe. Hasta el momento no se han aportado datos verificables de forma independiente que permitan cotejar las cifras oficiales con fuentes externas al Gobierno.
Un contacto inusual con el Congreso de Estados Unidos
En paralelo a la gestión de la emergencia, Rodríguez se reunió este viernes con una delegación del Congreso de Estados Unidos encabezada por el diputado Brian Mast. Según el propio Rodríguez, el encuentro abordó «la agenda legislativa y la inversión internacional», además de servir para agradecer a las autoridades norteamericanas su «apoyo tras la tragedia».
La reunión se produce en un marco de relaciones bilaterales marcadas por décadas de sanciones y tensión diplomática entre Washington y Caracas, que se remontan a la presidencia de Hugo Chávez y se han mantenido, con distintos grados de intensidad, durante los gobiernos de Nicolás Maduro. La diplomacia humanitaria ha servido en ocasiones como puente cuando otros canales políticos permanecían bloqueados, aunque no consta que este contacto puntual implique un cambio de fondo en la política de sanciones estadounidense, vigente desde hace más de una década.
El despliegue de rescatistas extranjeros contrasta con el historial de reticencia del Gobierno de Maduro a aceptar ayuda humanitaria exterior en episodios anteriores, como ocurrió durante los intentos fallidos de ingreso de ayuda en la frontera con Colombia en 2019, cuando la disputa por la entrada de suministros derivó en enfrentamientos en los pasos fronterizos.
A un mes de los seísmos persisten las incógnitas sobre el alcance real de los daños en las zonas de más difícil acceso y sobre la evolución de las más de 1.400 réplicas registradas desde el 24 de junio, que continúan complicando las labores de reconstrucción. Las autoridades no han precisado un calendario concreto para reconstruir los 190 edificios destruidos ni para la reubicación definitiva de las más de 23.000 personas que permanecen en campamentos temporales.
En catástrofes de esta magnitud, organismos como la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) suelen impulsar evaluaciones independientes de daños y necesidades, un procedimiento que permite contrastar las cifras oficiales y coordinar la ayuda multilateral. No consta que Venezuela haya facilitado hasta el momento ese tipo de verificación externa, lo que mantiene abierta la pregunta sobre el balance definitivo de una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente del país.
