La propuesta, presentada por el diputado de Realizando Metas Luis Eduardo Camacho, permitiría a los diputados asumir tareas de gestionar, impulsar y fiscalizar el desarrollo de programas e inversiones orientadas al «mejoramiento de la calidad de vida» de sus electores, según el texto aprobado en segundo debate. Entre los proyectos contemplados figuran carreteras, puentes, alcantarillas, escuelas, instalaciones deportivas y turísticas y servicios de electrificación en los corregimientos que representan.
El proyecto dispone además que se «garantizará una inversión mínima» dentro del Presupuesto General del Estado para la ejecución de los proyectos que gestionarían los diputados, lo que en la práctica supondría una partida específica ligada a esa función dentro del presupuesto nacional.
Para la Apede, esta orientación desnaturaliza el rol para el cual fueron electos los diputados y representa «un riesgo para la institucionalidad del país», al abrir espacios para «una mayor discrecionalidad en la priorización y gestión de obras e iniciativas que corresponden al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales». La asociación sostuvo que las modificaciones atribuyen a los diputados «funciones ajenas a su mandato y competencias constitucionales».
El gremio recordó que la experiencia nacional demuestra que la confusión de funciones entre los órganos del Estado «debilita los mecanismos de control, afecta la transparencia y puede propiciar prácticas clientelistas que Panamá ha procurado superar». Este señalamiento remite a un punto sensible de la fiscalización panameña: la ejecución de contratos estatales requiere el refrendo de la Contraloría General, un control que aplica sobre el gasto del Órgano Ejecutivo y que no está previsto de forma equivalente para obras gestionadas desde el Legislativo.
La asociación hizo un llamado a reconsiderar la iniciativa y a presentar cambios que fortalezcan la capacidad de los diputados de legislar con independencia, fiscalizar con rigor y representar a la ciudadanía con transparencia. «Panamá requiere instituciones sólidas, con funciones claramente definidas y comprometidas con el interés nacional. Solo así será posible avanzar hacia un país con mayor gobernanza, transparencia y desarrollo», agregó el gremio en su pronunciamiento.
El trámite pendiente en el pleno
El proyecto de ley 594 debe superar aún el tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional antes de pasar a la sanción del Ejecutivo. De aprobarse en tercer debate, el mandatario tendría la potestad de sancionarlo u objetarlo, total o parcialmente, conforme al procedimiento legislativo ordinario contemplado en la Constitución Política. En caso de objeción por inexequibilidad, corresponde a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto.
El debate sobre el papel fiscalizador de los diputados frente a funciones ejecutoras no es nuevo en la política panameña. La separación de funciones entre el Órgano Legislativo, encargado de legislar y ejercer control político, y el Órgano Ejecutivo, responsable de la ejecución del gasto y las obras públicas, es un principio recogido en la Constitución. La intervención directa de diputados en la gestión de proyectos ha sido, en distintos momentos, objeto de cuestionamiento por la dificultad de fiscalizar el destino de esos fondos.
La Asamblea Nacional concentra funciones de control sobre el gasto público a través de las vistas presupuestarias anuales, en las que examina el Presupuesto General del Estado antes de su aprobación. Gremios y organizaciones de la sociedad civil han advertido que la ejecución directa de obras por parte de los diputados podría comprometer esa labor fiscalizadora, al situar al legislador como gestor y fiscalizador de sus propios proyectos.
El diputado Camacho, promotor de la iniciativa, no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el alcance de la reforma más allá de su discusión en el pleno.
El pronunciamiento de la Apede se suma a otras voces que han expresado reservas tras la aprobación en segundo debate. De avanzar hacia el tercer debate, la discusión se orientaría hacia los mecanismos de control y transparencia que acompañarían la ejecución de estos fondos, así como a la eventual exigencia de refrendo de la Contraloría General para los contratos derivados de estos proyectos, un aspecto que el texto del proyecto de ley 594 no precisa hasta ahora.