La comparecencia de Ríos se produjo en un momento de particular tensión procesal: ocurrió justo cuando se desarrollaba, en las salas del Primer Distrito Judicial de Panamá, la audiencia de imputación contra De Gracia y Salterio González, también por presunto blanqueo de capitales. El exdirector de Ingresos deberá enfrentar, además, el cargo de enriquecimiento injustificado, según lo expuesto por el Ministerio Público en esa vista.
De Gracia encabezó la DGI durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y responsable de la recaudación tributaria del país. Fue en esa etapa cuando Ríos se desempeñó como asesora bajo su dirección, con un salario mensual de $3,500, según los datos manejados en el proceso.
En la audiencia de imputación al matrimonio De Gracia-Salterio se mencionó que Ríos habría recibido de su entonces jefe $62,000 en efectivo, así como un vehículo, elementos que la fiscalía anticorrupción vincula a la presunta red de blanqueo de capitales que se investiga.
Al presentarse ante la fiscalía anticorrupción, Ríos habría manifestado su intención de colaborar con la investigación del Ministerio Público. También habría señalado que De Gracia la acosaba durante el tiempo en que trabajó bajo su mando en la DGI, una afirmación que, de momento, consta solo como declaración de la propia investigada y que no ha sido valorada judicialmente. Tras su comparecencia, quedó aprehendida a la espera de la audiencia de imputación fijada para esta tarde.
En el sistema penal acusatorio panameño, esa audiencia es el trámite en el que el Ministerio Público formaliza los cargos ante un juez de garantías, quien puede además fijar una medida cautelar —que puede incluir detención provisional— mientras avanza la instrucción del caso. Ninguna de estas actuaciones equivale a una determinación de culpabilidad, que solo correspondería a un tribunal tras el debido proceso. El Código Procesal Penal establece que corresponde a los tribunales superiores de distrito judicial —y no a la Corte Suprema de Justicia, salvo que exista fuero constitucional— conocer causas como esta, dado que ni De Gracia ni Ríos ostentan en la actualidad un cargo que les otorgue ese privilegio procesal.
Un cargo sin registro en planilla
Según ha podido saberse, Ríos trabaja actualmente en la Contraloría General de la República, específicamente en la Dirección Nacional de Asesoría Económica y Financiera. Sin embargo, su nombre no figura en la planilla de esa entidad, un dato que previsiblemente será objeto de indagación adicional por parte de la fiscalía, en tanto podría relacionarse con la forma en que se articuló su vinculación al Estado tras su salida de la DGI.
La Contraloría General de la República es el organismo constitucional encargado de la fiscalización de los fondos y bienes públicos, y de emitir el refrendo a los contratos estatales. Que una persona bajo investigación por presunto blanqueo de capitales figure prestando servicios en una de sus direcciones, sin aparecer en el registro de planilla, plantea interrogantes sobre los mecanismos de contratación de personal, aunque hasta el momento no se ha señalado ninguna irregularidad imputable a la propia Contraloría.
El caso De Gracia se inscribe en una serie de procesos por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales que han alcanzado a exfuncionarios de distintas entidades del Órgano Ejecutivo panameño en años recientes. En la historia reciente del país, la fiscalización del manejo de fondos públicos ha derivado en causas de alto perfil contra exministros y exdirectores de recaudación, procesos que han puesto a prueba la capacidad de la justicia panameña para culminar investigaciones complejas sobre patrimonio y origen de fondos.
La defensa de De Gracia no ha fijado públicamente hasta el momento una postura detallada sobre los cargos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado que pesan sobre él; tampoco se conoce aún la línea de defensa que adoptará Ríos de cara a la audiencia de esta tarde, más allá de la disposición a colaborar que habría expresado al entregarse. La Contraloría, por su parte, no se ha pronunciado sobre la situación laboral de Ríos en la Dirección Nacional de Asesoría Económica y Financiera.
De confirmarse la imputación en la audiencia de este miércoles, el proceso contra Ríos podría eventualmente unirse o correr en paralelo al que ya enfrentan De Gracia y Salterio González, en función de cómo la fiscalía anticorrupción decida articular la acusación. La siguiente etapa procesal relevante será la fase intermedia, en la que el Ministerio Público deberá presentar el acervo probatorio que sustente el paso a juicio oral, un trámite que en causas de esta naturaleza suele extenderse durante meses.