«Yo creo que a nadie se le escapa que en momentos determinados de la legislatura ha sido un socio inestable», declaró Costa, que insistió en distinguir ese calificativo del de lealtad: «No quiero utilizar calificativos de leal, yo quiero utilizar el calificativo de inestable». El dirigente popular defendió que la inestabilidad «no es buena para los ciudadanos de Baleares» y apeló a lo que considera el carácter propio de la sociedad isleña: «Los mallorquines, los menorquines, los ibicencos, los formenterenses, tienen este carácter tranquilo, moderado y por tanto requieren un Govern y un Parlament estable», afirmó, atribuyendo a Vox haber impreso «un carácter de inestabilidad que no es propio» de esa sociedad.
El balance llega en un momento en que el PP calibra si volverá a necesitar los votos de Vox para gobernar. Prohens fue investida en 2023 con el apoyo parlamentario de la formación que lidera Santiago Abascal, en un esquema que se replicó en otras comunidades tras aquellas elecciones —Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura o Murcia—, algunas en coalición formal y otras mediante acuerdos de investidura que en varios casos se rompieron o se tensaron en los meses siguientes.
La ecotasa, principal punto de fricción
Preguntado por si el pacto con Vox impidió elevar la ecotasa turística el verano pasado, Costa reconoció la oposición de su socio sin presentarlo como una derrota del Ejecutivo. «Es verdad, por otra parte, respondiendo a su pregunta, que Vox no estaba de acuerdo con la subida de la ecotasa. Esto es cierto», admitió, para subrayar acto seguido que se trata del «principal socio» del PP, con el que se han aprobado «muchísimas medidas».
El vicepresidente aportó cifras para sostener que la contención del turismo en temporada alta ya se habría producido en 2025 sin necesidad de una ecotasa más gravosa. Según los datos que citó, el número de turistas en temporada alta creció un 0,7% en el conjunto de las islas durante 2025, frente a incrementos que llegaron al 8% en legislaturas anteriores; en Ibiza, añadió, el índice de presión humana llegó a caer en los meses de mayor afluencia. «Nadie puede decir sin mentir que estamos en un crecimiento exponencial del número de turistas en temporada alta», sostuvo.
Costa matizó que la atracción demográfica del archipiélago sigue siendo intensa: entre mayo de 2025 y mayo de 2026, dijo, Baleares sumó 17.000 afiliados más a la Seguridad Social, lo que evidencia, a su juicio, una inercia de crecimiento poblacional que convive con la ralentización del turismo medido en visitantes. El Impuesto sobre Estancias Turísticas —la llamada ecotasa—, vigente desde 2016 y modificado en sucesivas legislaturas, grava las pernoctaciones y destina su recaudación, conforme a la normativa autonómica, a proyectos de sostenibilidad ambiental y territorial.
La Ley de Turismo de las Illes Balears y sus reformas posteriores han sido el terreno habitual de roce entre el PP y Vox, que ha defendido posiciones más favorables al sector frente a limitaciones de aforo o subidas fiscales vinculadas a la masificación. El Ejecutivo balear ha reivindicado un modelo de contención del crecimiento sin renunciar a los ingresos del turismo, actividad que en el archipiélago concentra un peso decisivo en el PIB regional y en el empleo.
El rodeo ante la «prioridad nacional»
La entrevista abordó también el concepto de «prioridad nacional», una fórmula que, según el planteamiento de la pregunta, se habría aplicado en otras comunidades para condicionar ayudas o políticas públicas en favor de los residentes. Costa evitó pronunciarse sobre ese término exacto —«Yo no sé exactamente qué se entiende por prioridad nacional», respondió— y prefirió hablar de «priorizar a la gente de aquí», concepto que, según defendió, el Govern de Prohens ya venía aplicando: «Priorizar a la gente de aquí significa gobernar para los residentes en estas islas», resumió, sin detallar medidas concretas ni ámbitos —vivienda, ayudas sociales o servicios públicos— a los que se referiría.
El debate no es nuevo en la política española. La tensión entre políticas de acogida y demandas de criterios de residencia o arraigo para el acceso a determinadas prestaciones ha estado presente en varias comunidades, y Vox lo ha situado en el centro de su discurso desde su irrupción parlamentaria en 2019. El PP ha oscilado entre asumir parcialmente ese marco y mantener distancia de sus formulaciones más restrictivas, un equilibrio que reaparece en las palabras de Costa.
En términos de procedimiento, la formación de gobierno en Baleares depende del Parlament, integrado por 59 escaños, donde la investidura del presidente requiere mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en la segunda. Ese marco explica que un PP cercano —pero no seguro— de la mayoría absoluta tenga que anticipar posibles socios, y que las declaraciones de Costa sobre la «inestabilidad» de Vox puedan interpretarse como un posicionamiento previo a una eventual negociación tras 2027.
Existen precedentes de coaliciones y apoyos autonómicos entre PP y Vox que se han deteriorado durante la legislatura, como ocurrió en el verano de 2024, cuando Vox rompió los gobiernos de coalición que compartía con el PP en cinco comunidades por discrepancias en política migratoria. Baleares no formaba entonces coalición formal, pero la relación entre ambos ha atravesado episodios de tensión análogos a los vividos en otros territorios desde 2023.
Vox ha reivindicado en los últimos meses su papel en la aprobación de normas relacionadas con vivienda, seguridad y política migratoria en el ámbito autonómico.
A diez meses de la cita electoral, prevista para mayo de 2027, el interrogante de fondo es si el esquema de colaboración entre PP y Vox se repetirá y en qué términos. La respuesta dependerá del resultado en las urnas y de la aritmética que arroje el Parlament, un escenario que se despejará solo tras el recuento y la posterior sesión de investidura del próximo presidente del Govern.
