Costa, número dos del Ejecutivo que preside Marga Prohens, defendió que las manifestaciones pacíficas y las críticas al Govern «merecen el máximo respeto», y admitió que el malestar ciudadano tiene una base real. «Podemos entender que haya malestar como consecuencia de un crecimiento, un patrón de crecimiento que es verdad que nos ha llevado a una situación difícil en la cual hay fenómenos constantes de congestión en temporada alta», señaló, para añadir que «se han probablemente autorizado demasiadas plazas en legislaturas anteriores».
El vicepresidente situó el origen del problema en «las últimas dos legislaturas» y cifró en 115.000 las plazas turísticas autorizadas en ese periodo, cifra que atribuyó a la gestión de sus predecesores y que empleó como argumento central para replicar a quienes ahora reclaman un decrecimiento del sector. Ese periodo corresponde a la etapa del Govern liderado por el socialista Francina Armengol, entre 2015 y 2023, antes de que el PP recuperase el Ejecutivo balear en las elecciones autonómicas de mayo de 2023.
La crítica más directa de Costa se dirigió a Més per Mallorca, formación nacionalista de izquierda que ha impulsado buena parte de las movilizaciones antiturísticas y que reclama límites a la llegada de visitantes. El vicepresidente extendió el reproche a otros partidos que, según sostuvo, «no hicieron nada» cuando gobernaban y ahora «se han apuntado al decrecimiento» con fines electorales. «La hipocresía de algunos partidos políticos de apoderarse de este tipo de movimientos para intentar ganar cuatro votos, cuando han sido ellos los que fundamentalmente han provocado esta situación», afirmó.
Costa dirigió también un reproche a la Secretaría de Estado de Turismo. «Es un escándalo que la secretaria de Estado de Turismo nos venga a decir que ahora hay que decrecer cuando ella estaba sentada en el Consell de Govern que autorizaba las 115.000 plazas turísticas», sostuvo, en alusión a Rosana Morillo, actual secretaria de Estado, que fue directora general de Turismo en el Ejecutivo balear anterior.
Del lema vecinal a los disturbios
La manifestación del 26 de julio en Palma, convocada por colectivos vecinales y ecologistas con el respaldo de Més per Mallorca, reunió a miles de personas en rechazo a la masificación turística y sus efectos sobre la vivienda y los servicios públicos. La jornada quedó marcada por disturbios al finalizar el acto, después de que circulara previamente un documento con instrucciones de resistencia atribuido a los organizadores, lo que generó condenas de distintos sectores. El propio Costa recordó que hasta los hoteleros pidieron rebajar la crispación, y coincidió en que «es necesario rebajar la tensión».
El debate sobre el turismo en Baleares no es nuevo. Desde la Ley General Turística de las Islas Baleares de 2012 y sus sucesivas modificaciones, los distintos gobiernos autonómicos han intentado regular el número de plazas mediante instrumentos como el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), sin que ello haya frenado el crecimiento sostenido de la oferta alojativa y de cruceros. El dato de 115.000 plazas citado por Costa corresponde a su valoración política y no ha sido acompañado de un desglose oficial en la entrevista.
El vicepresidente quiso además desvincular el problema de la vivienda de una relación causal directa con el número de turistas. Preguntado por si una reducción de cinco millones de visitantes resolvería el acceso a la vivienda, explicó que el patrón de crecimiento turístico balear es «intensivo en mano de obra»: a mayor volumen de visitantes se requiere más personal, un flujo laboral que a su vez genera presión demográfica y, en consecuencia, mayor demanda de vivienda.
Ese razonamiento conecta con la evolución demográfica del archipiélago. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Baleares figura entre las comunidades autónomas con mayor crecimiento poblacional relativo de la última década, impulsado en buena parte por la llegada de trabajadores del sector servicios. El Banco de España ha señalado en sus informes regionales que el encarecimiento de la vivienda en el archipiélago responde a una combinación de factores, entre ellos la limitada oferta de suelo, la presión de la vivienda de uso turístico y el crecimiento poblacional vinculado al empleo estacional.
Més per Mallorca ha defendido en comparecencias anteriores que sus propuestas de decrecimiento turístico buscan precisamente frenar el modelo que critica el propio Govern, y ha reclamado una moratoria de nuevas plazas y una revisión a la baja de las ya autorizadas.
El precedente más cercano de tensión social vinculada al turismo en España se registró en Canarias en abril de 2024, cuando miles de personas se manifestaron bajo el lema «Canarias tiene un límite», movilizaciones que precedieron al anuncio de medidas de contención por parte del Gobierno canario. Baleares afronta ahora un debate de características similares, con la particularidad de que aquí el reconocimiento del exceso de plazas parte del propio Ejecutivo autonómico.
El Govern balear no ha anunciado hasta la fecha ninguna medida legislativa concreta para reducir el número de plazas turísticas autorizadas, más allá del compromiso genérico de Costa de abrir un debate sobre el decrecimiento. La próxima cita relevante será la revisión del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos, cuyo calendario de tramitación no ha sido precisado, y que se perfila como el primer test real de si las declaraciones del vicepresidente se traducen en cambios normativos o quedan en el terreno del debate político.
