El caso, según el testimonio de su madre, Ana María Gallego, se remonta a marzo de 2025, cuando la menor fue intervenida por primera vez en esa clínica por una catarata conjuntiva, procedimiento en el que le implantaron un lente artificial. Quince días después debió regresar al quirófano para una limpieza del lente, y poco después el especialista detectó un desprendimiento de retina que obligó a una tercera cirugía.
En esa última intervención le colocaron una silicona que, de acuerdo con el plan médico citado por la familia, debía retirarse quince días más tarde. Ese procedimiento nunca se realizó: desde noviembre, la Nueva EPS dejó de tener convenio con la Clínica Oftalmológica del Quindío, lo que interrumpió la continuidad del tratamiento, según la información entregada por su madre.
Ante la imposibilidad de seguir el proceso en esa institución, Gallego buscó respuesta directa de la Nueva EPS. Según su testimonio, la entidad le explicó que en el departamento del Quindío no hay un retinólogo infantil disponible y que, por esa razón, no podían remitir a la niña al especialista requerido.
La familia acudió entonces a la Defensoría del Pueblo, a través de la cual promovió una acción de tutela hace unos tres meses para exigir la atención médica. El caso llegó al Juzgado Primero, cuyo fallo fue notificado a la Nueva EPS, de acuerdo con lo relatado por la madre.
Tras la decisión judicial, la EPS remitió a Ana Sofía a una consulta con un retinólogo, que le formuló unas gotas oftálmicas. Sin embargo, la madre asegura que ha tenido que comprarlas con recursos propios porque la entidad no se las ha entregado. El problema, sostiene, persiste: el retinólogo que la atendió no cuenta con la subespecialidad pediátrica que requiere el caso para el manejo de la silicona pendiente de retiro y el seguimiento del desprendimiento de retina.
En ese contexto la menor grabó el video dirigido al presidente De La Espriella, con la esperanza de acelerar una respuesta institucional. El llamado se suma a otros episodios recientes en los que ciudadanos han buscado interpelar directamente al Gobierno Nacional, en un periodo marcado por la tensión alrededor del mandatario, a quien la Procuraduría respaldó tras denunciarse amenazas contra él, el ministro de Justicia y el Inpec.
La acción de tutela, prevista en la Constitución Política de 1991 como mecanismo para la protección inmediata de derechos fundamentales, ha sido históricamente la vía más usada por pacientes del sistema de salud colombiano para obligar a las EPS a autorizar procedimientos o remisiones demoradas, un recurso que la Defensoría del Pueblo documenta cada año entre los más invocados del país.
"Necesito que me ayudes para que me operen porque mi ojito está muy mal", expresa Ana Sofía en el video dirigido al presidente Abelardo De La Espriella.
Mientras la familia insiste en que la niña sea remitida a un retinólogo con formación pediátrica, el proceso médico de Ana Sofía permanece sin la intervención de retiro de silicona que, según el relato de su madre, quedó pendiente desde el año pasado.
