La acción invoca la causal prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución, que contempla la pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado. Según el texto radicado, Escaf —entonces representante a la Cámara por el Atlántico en el período 2022-2026— habría ejercido, junto con Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, control sobre decisiones de personal en entidades públicas del orden nacional durante el gobierno de Gustavo Petro.
"La señora Ferrer afirmó que el entonces representante Escaf Tijerino y el señor Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer, formaban parte del círculo cercano de esta y ejercían control sobre entidades públicas del orden nacional durante el gobierno Petro", se lee en la demanda radicada ante el Consejo de Estado.
El origen del señalamiento está en una entrevista que Ferrer concedió a Vicky Dávila, publicada en la edición impresa de la revista Semana. En ella detalló movimientos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: según su relato, ese círculo habría incidido en la salida de la directora del ICBF, Concepción Baracaldo, y en el nombramiento de Luz Karime Fernández como subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cargo desde el cual luego pasó a ser consejera de Reconciliación.
"Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora (Concepción Baracaldo). Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime (Fernández), que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario (Fernández Alcocer). Se meten en ProColombia", declaró Ferrer en la entrevista.
Ferrer también mencionó presuntas injerencias en ProColombia, donde según su testimonio la entonces presidenta Carmen Caballero habría sido objeto de acoso por parte de Fernández Alcocer, Escaf y un tercero identificado como Manel. La exfuncionaria extendió el señalamiento a otras seis entidades —Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Fondo Adaptación y el Icetex— y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, escenario de uno de los mayores escándalos de corrupción de la administración Petro.
El veedor pidió al Consejo de Estado citar a Ferrer como testigo, incorporar como prueba la entrevista publicada y recibir declaraciones de exdirectivas de las entidades señaladas. Solicitó además oficiar a la Fuerza Aérea, la Presidencia de la República y el Consejo Nacional Electoral para que remitan la información pertinente, incluidos presuntos movimientos de dinero provenientes de Venezuela vinculados a Escaf.
La demanda pide, de forma adicional, la suspensión provisional del senador mientras se adelanta el proceso y, de prosperar la acción, su inhabilitación para ejercer como congresista. La pérdida de investidura es un mecanismo de rango constitucional que resuelve el Consejo de Estado en única o doble instancia, y cuyo desenlace, cuando se declara, implica la vacancia de la curul y la inhabilidad del afectado. El tribunal ha aplicado la figura desde la Constitución de 1991 contra decenas de congresistas por conflictos de interés, inasistencia o tráfico de influencias.
El proceso se suma a otros frentes que rodean al entorno cercano de Petro, en medio de investigaciones sobre el manejo de entidades públicas durante su gobierno y de un ambiente de tensión en el que la Procuraduría ha rechazado amenazas contra funcionarios del sector Justicia. El Consejo de Estado no ha fijado fecha para el trámite de la demanda radicada contra el senador del Pacto Histórico.
