El reparto de consejerías entre PP y Vox seguía una lógica que los analistas políticos describían como «cesión estratégica en lo simbólico, control en lo operativo». Vox obtendría Educación, Política Migratoria y la viceconsejería de Familia y Valores, tres carteras con un alto contenido ideológico que permitirían a Gavira impulsar su agenda social conservadora. El PP se reservaba las consejerías de Economía, Hacienda, Salud, Presidencia, Justicia e Interior, Infraestructuras y Medio Ambiente: los centros neurálgicos del poder ejecutivo real. La distribución recordaba al modelo italiano del gobierno Meloni, donde los socios de coalición menores recibían ministerios de alto perfil mediático pero bajo impacto presupuestario, mientras que el partido dominante mantenía el control de las palancas económicas y de seguridad. Sin embargo, la cartera de Educación era significativamente más que un gesto simbólico: con un presupuesto de 8.200 millones de euros y 120.000 empleados públicos, la Consejería de Educación era el segundo departamento más grande de la Junta después de Salud.
Las tres demandas satisfechas de Vox incluían, además de las dos consejerías, un compromiso por escrito de Moreno para implementar un «pin parental» en Andalucía que permitiría a las familias retirar a sus hijos de actividades educativas relacionadas con educación sexual, identidad de género y diversidad afectiva. Las dos demandas no satisfechas eran la supresión de la Consejería de Igualdad —que el PP mantuvo aunque rebautizada como Consejería de Igualdad y Bienestar Social— y la derogación total de la ley autonómica de memoria democrática, que Moreno se comprometió a reformar pero no a derogar. Gavira, en una comparecencia breve desde la sede de Vox en Sevilla, se mostró satisfecho y describió el acuerdo como «un primer paso hacia la normalización de las políticas de sentido común en Andalucía».
La reacción del Gobierno central fue inmediata y contundente. La ministra de Educación, Pilar Alegría, publicó un comunicado a las 14:30 advirtiendo de que «cualquier normativa autonómica que vulnere los derechos educativos reconocidos en la legislación orgánica será impugnada ante el Tribunal Constitucional». El comunicado mencionaba específicamente el pin parental, que Alegría calificó de «mecanismo de censura educativa incompatible con el artículo 27 de la Constitución y con la Ley Orgánica de Educación». La confrontación Gobierno-Junta en materia educativa se perfilaba como uno de los grandes ejes de la próxima legislatura autonómica, con el Constitucional como árbitro inevitable. Los sindicatos de enseñanza de Andalucía —CCOO, UGT, CSIF y el sindicato andaluz USTEA— convocaron una concentración para el 4 de junio, dos días después de la investidura, frente al Parlamento andaluz.
En la sede del PSOE-A, la ejecutiva andaluza de emergencia convocada a las 15:00 fue un ejercicio de terapia de grupo que dejó a Montero más debilitada de lo que estaba cuando entró. Las tres primeras intervenciones fueron dimisiones: el presidente provincial de Córdoba, el de Almería y el de Huelva presentaron su renuncia antes de que Montero pudiera abrir el orden del día. Los tres argumentaban que el resultado de 24 escaños — el peor del PSOE en Andalucía desde 1982, por debajo incluso de los 28 que Susana Díaz obtuvo en el desastre de 2018 — exigía una asunción de responsabilidades que no podía limitarse a los cuadros intermedios. La dimisión del presidente provincial de Córdoba fue especialmente significativa porque Córdoba era la última gran provincia donde el PSOE había mantenido la mayoría en las municipales de 2023, un bastión que el 17-M había pulverizado con una caída de 12 puntos.
Montero logró aprobar, tras una discusión de más de dos horas, una resolución que pedía un congreso federal «antes de las vacaciones de verano» y que hacía una mención explícita a la necesidad de «renovar los equipos directivos a todos los niveles para recuperar la confianza de la base socialista andaluza». La resolución fue aprobada por 6 votos a favor y 4 en contra, una mayoría exigua que reflejaba la división interna del PSOE-A. Los cuatro votos en contra procedían de los representantes de Sevilla, Málaga, Jaén y Granada, que argumentaban que pedir un congreso federal en julio era una desautorización pública de Sánchez que el PSOE andaluz no estaba en posición de permitirse dado su propio estado de debilidad. La votación dejaba a Montero en una posición paradójica: se había alineado con el bloque crítico federal pero con un apoyo interno tan frágil que su propia posición como secretaria general del PSOE-A podía estar en juego en cualquier momento.
Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el PSOE-A pasó del 18% en 2022 al 8% en 2026, una pérdida de diez puntos que los sociólogos atribuían a la combinación del caso Koldo, la percepción de falta de renovación generacional y la competencia de formaciones como Podemos y Más País. Entre las mujeres de 30 a 49 años, un segmento tradicionalmente favorable al PSOE, la caída fue de 12 puntos: del 32% al 20%. El único dato que ofrecía un atisbo de esperanza era la participación: el 17-M registró un 68,3% de votantes, la más alta de una elección autonómica andaluza desde 1982, lo que significaba que la desafección no se había traducido en abstención sino en cambio de voto.
Moreno, por su parte, gestionaba las tensiones internas de su propio pacto con una habilidad que sus colaboradores describían como «cirugía fina». La negociación con Gavira había sido compleja: Vox había comenzado pidiendo cinco consejerías, la vicepresidencia primera y un derecho de veto sobre las decisiones del Consejo de Gobierno. Moreno había logrado reducir las pretensiones a dos consejerías, una viceconsejería y el compromiso del pin parental, pero el precio político de la concesión en Educación era elevado. Fuentes del PP andaluz reconocían que la designación de Gavira al frente de Educación generaría «ruido constante» con el Gobierno central y con los sindicatos, pero argumentaban que era preferible conceder una cartera con alto perfil mediático que una con alto poder ejecutivo. La lógica era que el desgaste de la gestión educativa en coalición recaería sobre Vox, mientras que el PP mantendría el control de las decisiones que afectaban directamente a la economía y al empleo.
La investidura del 2 de junio se presentaba como un acto que trascendería lo ceremonial. El debate parlamentario exigiría a Moreno explicar ante las cámaras y ante la opinión pública los términos del pacto con Vox, incluida la cesión de Educación y Migración. La oposición —PSOE-A, Adelante Andalucía y el diputado de Más País— ya había anunciado una estrategia de acoso parlamentario centrada en el pin parental y en la política migratoria, que preveía interpelaciones semanales y proposiciones no de ley dirigidas a forzar fisuras en la coalición. Montero, debilitada pero no derrotada, tenía previsto liderar personalmente el turno de réplica en el debate de investidura, un gesto que sus colaboradores interpretaban como una demostración de que no pensaba dimitir pese a la presión interna.
A las 18:30, el panorama andaluz era un microcosmos del caos político español. Un gobierno de coalición PP-Vox a punto de tomar posesión con las carteras más polémicas en manos de la extrema derecha. Un PSOE-A en descomposición orgánica con tres presidentes provinciales dimitidos y una líder que luchaba en dos frentes simultáneos. Y de fondo, la sentencia del Koldo proyectando su sombra sobre un partido socialista andaluz que había perdido toda capacidad de iniciativa y se limitaba a reaccionar ante los acontecimientos. La mañana del viernes, con la ejecutiva federal del PSOE en Madrid a las 09:00, determinaría si Montero lograba mantener su posición o si la doble crisis —andaluza y federal— la arrastraba como había arrastrado a tantos otros dirigentes socialistas en las últimas semanas.
