El documento detalla que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sufragará la actividad de esos 117 capellanes distribuidos por los hospitales públicos de la comunidad durante toda la legislatura, con un desembolso anual fijo de 1,8 millones de euros hasta 2030. Se trata de la renovación de un convenio entre la sanidad pública andaluza y el Episcopado que arrancó hace cuatro décadas, en 1986, en pleno desarrollo del Estado autonómico surgido de la Constitución de 1978, y que desde entonces se ha ido prorrogando bajo gobiernos regionales de distinto signo.
La firma se produjo solo 12 días después de que los andaluces acudieran a las urnas el 17 de mayo, en unos comicios en los que la sanidad pública figuró como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Ese calendario ha alimentado las críticas de organizaciones que consideran que el momento elegido para renovar la financiación de los capellanes, en plena polémica por el estado de la sanidad regional, resulta llamativo.
Marea Blanca y Andalucía Laica hablan de "insulto"
La Marea Blanca, plataforma que aglutina a profesionales y usuarios en defensa de la sanidad pública, y la asociación Andalucía Laica han calificado el convenio de "insulto a la ciudadanía", al vincular el gasto en capellanes con el deterioro que denuncian en la atención sanitaria de la región. Ambos colectivos sostienen que los recursos públicos deberían dirigirse a reforzar plantillas médicas y de enfermería antes que a sufragar asistencia religiosa confesional.
La Junta de Andalucía no ha ofrecido, según la documentación disponible, una defensa pormenorizada del convenio más allá del acto de firma del 29 de mayo, en el que el consejero Antonio Sanz compareció junto a los arzobispos de Sevilla y Granada. Este tipo de acuerdos se encuadra habitualmente en la asistencia espiritual voluntaria a los pacientes que la solicitan, una prestación que sus defensores consideran compatible con la aconfesionalidad del Estado.
El marco jurídico que sustenta estos convenios se remonta a los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, firmados durante la Transición, que reconocen el derecho de los pacientes católicos a recibir asistencia religiosa en centros públicos, incluidos hospitales, prisiones y cuarteles. Sobre esa base, las comunidades autónomas, tras asumir la gestión sanitaria transferida en las décadas siguientes, suscribieron convenios similares con las diócesis de su territorio, aunque su cuantía y alcance varían de una región a otra.
El artículo 16 de la Constitución de 1978 establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero obliga a los poderes públicos a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Esa cooperación se ha traducido en la práctica en una presencia mayoritaria de capellanes católicos en la red pública, frente a una oferta más limitada para otras confesiones religiosas.
La renovación se inscribe en la legislatura autonómica abierta tras las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP revalidó el gobierno con el respaldo parlamentario de Vox, la fórmula que ya sostenía el Ejecutivo en el mandato anterior. La política sanitaria fue uno de los ejes de la campaña, con la oposición denunciando listas de espera y déficit de personal en los centros de salud, cifras que la Junta rebate apelando a sus propios informes de gestión.
Andalucía no es la única comunidad con convenios de este tipo. Otras regiones, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE, mantienen acuerdos con las diócesis católicas para financiar la asistencia religiosa en sus hospitales públicos, aunque las cuantías y el número de capellanes varían según el tamaño de la red sanitaria. La comparación resulta compleja porque no todos los ejecutivos publican estos convenios con el mismo grado de detalle.
El convenio, con vigencia hasta 2030, coincide con el horizonte de la legislatura autonómica, lo que implica que la financiación de los 117 capellanes queda comprometida durante todo el mandato. Las organizaciones críticas han situado el foco en el simbolismo del gasto, en un contexto de reivindicaciones por la falta de facultativos y por los tiempos de espera en la atención primaria. No consta que la Junta haya previsto una revisión del acuerdo antes de esa fecha.
