Juan Manuel Moreno ha completado ayer martes la ronda de consultas con los seis grupos parlamentarios del nuevo Parlamento de Andalucía surgido de las elecciones del 17-M. La ronda, que ha durado cuatro días y ha incluido reuniones de entre treinta y noventa minutos con cada formación, ha confirmado lo que las matemáticas ya anticipaban: Moreno gobernará con los 59 escaños del PP, que le otorgan una mayoría absoluta cómoda en una cámara de 109 diputados. Vox, con 14 escaños, ha ofrecido un pacto de legislatura que Moreno ha rechazado cortésmente. PorAndalucía, con 6 escaños, ha transmitido su disposición a un diálogo constructivo. Y el PSOE-A, con 29 escaños y la mente puesta en la reunión de esta tarde en la calle San Vicente, apenas ha prestado atención a un proceso que considera secundario frente a la crisis interna del partido.
La mesa del Parlamento andaluz se constituirá mañana jueves a las doce del mediodía, un trámite necesario antes de la sesión de investidura, que Moreno ha fijado para el lunes 2 de junio. El presidente en funciones se presentará con un discurso de investidura que sus asesores llevan preparando tres semanas y que incluirá tres ejes: un plan de choque contra la sequía que azota el campo andaluz, un paquete de deducciones fiscales en el IRPF autonómico para familias con dos o más hijos, y un compromiso de neutralidad ante la crisis interna del PSOE que Moreno quiere explotar sin mancharse las manos. La investidura no tiene suspense — con 59 escaños de 109, Moreno será elegido en primera votación —, pero su calendario tiene un valor estratégico: el 2 de junio, diez días después de la sentencia del caso Koldo, Moreno se alzará como el presidente más estable de España mientras el Gobierno central navega entre juicios y crisis internas.
A ochocientos kilómetros al norte de Sevilla, la borrasca Telma está demostrando que la naturaleza tiene su propia agenda política. La AEMET ha activado a las seis de la mañana la alerta roja en las provincias de Ávila y Segovia, el nivel máximo de una escala que acumula ya seis comunidades en alerta naranja: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón y Navarra. Las previsiones para las próximas doce horas en la sierra de Gredos y la sierra de Guadarrama incluyen precipitaciones de hasta noventa litros por metro cuadrado, rachas de viento de ciento veinte kilómetros por hora y posibilidad de granizo de gran tamaño.
Protección Civil ha emitido un comunicado urgente a las siete de la mañana recomendando a los habitantes de las zonas afectadas que eviten cualquier desplazamiento no esencial y que se mantengan alejados de cauces de ríos, barrancos y zonas bajas susceptibles de inundación. La AP-6 y la AP-51, las dos principales autovías de acceso a la sierra de Guadarrama desde Madrid, han sido desaconsejadas para la circulación, aunque no se ha decretado su cierre formal. En la provincia de Ávila, el embalse de El Burguillo, que estaba al 87% de capacidad tras las lluvias de abril, ha alcanzado el 94% y la Confederación Hidrográfica del Tajo ha advertido de que podría ordenar aperturas controladas de compuertas si la borrasca descarga lo previsto.
La coincidencia de Telma con la crisis sanitaria del Hondius y la crisis política del PSOE estira la capacidad de respuesta del sistema de emergencias hasta un punto que los expertos consideran preocupante. Los servicios de emergencia de Castilla y León han solicitado al Gobierno central el despliegue preventivo de una Unidad Militar de Emergencias en Ávila, una petición que el Ministerio de Defensa está evaluando pero que se complica por el hecho de que parte de los recursos militares disponibles están comprometidos en la operación de evacuación del Hondius. La coordinación entre emergencias sanitarias y meteorológicas en una misma semana revela las costuras de un sistema diseñado para atender una crisis a la vez, no tres simultáneas.
Mientras los cielos de Castilla se oscurecen y Andalucía se prepara para una investidura y una reunión del PSOE que ocurrirán el mismo día en la misma ciudad, en Madrid ha tenido lugar un encuentro que podría redefinir el mapa de la izquierda española. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, se han reunido en la tarde de ayer martes en un despacho del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. La reunión, que ha durado dos horas y de la que no se ha emitido comunicado oficial, ha sido confirmada a este medio por fuentes de ambas formaciones bajo condición de anonimato.
El encuentro Belarra-Díaz es el primero de carácter bilateral que mantienen las dos líderes desde la ruptura de diciembre de 2023, cuando Podemos abandonó el grupo parlamentario de Sumar por discrepancias sobre la ley de vivienda. Desde entonces, las relaciones entre ambas formaciones han oscilado entre la hostilidad abierta y la indiferencia mutua, un desgaste que ha beneficiado exclusivamente al PP y que ha reducido la representación conjunta de la izquierda alternativa de 35 a 23 escaños en las encuestas. La reunión de ayer no ha sido un acto de reconciliación sino de pragmatismo: ambas líderes saben que si concurren por separado a las próximas elecciones generales — cuya fecha depende de la resolución de la crisis del PSOE —, la izquierda alternativa podría quedar reducida a una fuerza testimonial.
El primero es una coalición electoral clásica, con una lista conjunta encabezada por una de las dos y puestos de salida garantizados para los cuadros de ambas formaciones. El segundo es un acuerdo programático sin fusión de candidaturas: cada partido presentaría su propia lista pero con un compromiso público de gobernar juntos si suman. Y el tercero, el más ambicioso, es la creación de una nueva fuerza política que trascienda a Podemos y Sumar, un proyecto de refundación de la izquierda que Belarra ha calificado como la opción con mayor coste a corto plazo pero mayor rendimiento a largo plazo.
El obstáculo principal sigue siendo personal, no programático. Belarra y Díaz coinciden en el 80% de las propuestas políticas — vivienda, derechos laborales, transición ecológica, feminismo —, pero discrepan en el estilo y en el liderazgo. Belarra representa una izquierda combativa que no teme el conflicto con el PSOE y que considera que la función de la izquierda alternativa es empujar al Gobierno hacia la izquierda, no sostenerlo incondicionalmente. Díaz, en cambio, ha construido su proyecto sobre la idea de una izquierda amable y transversal que prioriza los acuerdos sobre las confrontaciones. La cuestión de quién lideraría una eventual confluencia no se ha resuelto en la reunión de ayer, pero ambas fuentes coinciden en que es el nudo gordiano que deberá cortarse antes de que el pacto pueda materializarse.
Lo que ha acercado a Belarra y Díaz no ha sido la buena voluntad sino la presión judicial. Ambas formaciones enfrentan causas menores — financiación irregular en el caso de Podemos, irregularidades contractuales en el caso de Sumar — que, aunque no amenazan su supervivencia, consumen recursos legales y atención mediática que deberían estar dedicados a la acción política. La perspectiva de afrontar unas elecciones generales con dos causas judiciales abiertas y dos candidaturas separadas ha sido, según las fuentes, el argumento que finalmente ha roto el hielo entre las dos líderes.
