La campaña comienza formalmente mañana a las cero horas del jueves 1 de mayo, pero los partidos llevan semanas en modo precampaña, desplegando una actividad que en la práctica ha sido indistinguible de la campaña oficial: actos multitudinarios, carteles en las calles, spots televisivos y una guerra de declaraciones cruzadas en redes sociales que ha convertido a Andalucía en el campo de batalla político más activo de España. Moreno ha elegido los Jardines de Murillo de Sevilla como escenario de su acto inaugural, un enclave cargado de simbolismo por su proximidad al Alcázar y a la Catedral, los dos monumentos que representan la grandeza histórica de la capital andaluza. El equipo de campaña del PP ha diseñado un acto pensado para proyectar una imagen de presidencialismo sereno y gestión eficaz que contraste con la crispación del debate político nacional, una estrategia que busca convertir las elecciones en un plebiscito sobre la gestión de Moreno — que las encuestas califican con un 6,2 sobre 10, la nota más alta de un presidente autonómico en toda España — y no en un referéndum sobre Pedro Sánchez, como preferiría el PP nacional. Juan Bravo Maíllo, candidato del PSOE, también arrancará en Sevilla, en un acto más modesto en la Casa del Pueblo del barrio de Triana que buscará conectar con la tradición obrera del socialismo andaluz.
La candidata del PSOE, María Jesús Montero — que ha dejado temporalmente su cargo de vicepresidenta del Gobierno para liderar la candidatura andaluza —, ha elegido Granada como punto de partida de su campaña, una decisión que refleja la apuesta del socialismo por reconquistar las provincias orientales donde el PP ha consolidado su dominio en las últimas elecciones. Montero ha anunciado que movilizará a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero para los actos del 1 de mayo, una doble presencia que pretende reforzar la imagen de unidad del PSOE y vincular la campaña andaluza con la política nacional en un momento en el que el juicio del caso Koldo y la derrota del decreto de alquileres han debilitado la posición del Gobierno pero también han movilizado a un electorado progresista que percibe el riesgo de una mayoría absoluta del PP en Andalucía como una amenaza para las políticas sociales autonómicas. La estrategia de Montero es arriesgada: nacionalizar la campaña puede movilizar al electorado de izquierdas pero también refuerza la narrativa del PP de que el PSOE andaluz es una sucursal de Moncloa sin autonomía política propia.
Las encuestas convergen en un diagnóstico que deja poco margen para la sorpresa: el PP está consolidado como primera fuerza con una ventaja sobre el PSOE que oscila entre los 18 y los 22 puntos porcentuales, una brecha que no tiene precedentes en la historia electoral de Andalucía y que refleja la combinación de tres factores. El primero es la valoración personal de Moreno, cuyo estilo moderado, pragmático y alejado de la confrontación ideológica le ha permitido captar votantes de centro-izquierda que en elecciones nacionales votan PSOE pero que en las autonómicas optan por el candidato que consideran mejor gestor. El segundo es el agotamiento del PSOE andaluz, que acumula una década de desgaste marcada por los escándalos de los ERE — cuya sentencia sigue siendo un lastre electoral que el PP explota con eficacia — y por la percepción de que el partido ha perdido contacto con las necesidades reales de los andaluces. Y el tercero es la fragmentación de la izquierda, dividida entre un PSOE en mínimos históricos, un Adelante Andalucía liderado por Teresa Rodríguez García que pelea por superar el umbral de representación, y un Sumar autonómico que no ha logrado articular una candidatura con tirón electoral propio.
El desplome de Vox en las encuestas andaluzas es la historia dentro de la historia de estas elecciones. El partido de Santiago Abascal obtuvo el 13,5% de los votos en las elecciones de 2022 y se convirtió en socio necesario del gobierno de Moreno hasta que el PP conquistó la mayoría absoluta. Ahora, las encuestas le sitúan entre el 6% y el 8%, una caída de más de seis puntos que los analistas atribuyen a tres factores: la transferencia de voto hacia el PP de los electores que votaban Vox por pragmatismo y no por convicción ideológica; el desgaste del discurso antiinmigración en una comunidad que depende de la mano de obra inmigrante para su sector agrícola; y la pérdida de relevancia mediática de un partido que ya no es necesario para gobernar y que, sin el poder de la influencia parlamentaria, pierde capacidad de atraer atención y movilizar a sus bases. Manuel Gavira, candidato de Vox en Andalucía, arrancará la campaña en Cádiz con un acto centrado en la inmigración irregular y la seguridad, los dos temas que constituyen el núcleo de su propuesta electoral pero que las encuestas sitúan por detrás de la sanidad, el empleo y la vivienda en la lista de preocupaciones de los andaluces.
La cuestión clave que decidirá el 17-M no es si Moreno ganará — eso lo dan por descontado incluso los estrategas del PSOE — sino si alcanzará la mayoría absoluta de 55 escaños o se quedará a uno o dos escaños de distancia, una diferencia aparentemente menor pero políticamente determinante. Con mayoría absoluta, Moreno gobernaría en solitario durante cuatro años con plena capacidad legislativa, libre de las negociaciones con Vox que condicionaron su primer mandato y que le obligaron a adoptar posiciones en materia de inmigración, violencia de género y memoria histórica que no se correspondían con su perfil ideológico moderado. Sin mayoría absoluta, Moreno necesitaría de nuevo el apoyo de Vox, lo que reforzaría la posición de un partido que, paradójicamente, llegaría a las elecciones más debilitado que nunca pero con una capacidad de influencia inversamente proporcional a su tamaño. Los modelos electorales sitúan la probabilidad de mayoría absoluta del PP entre el 55% y el 65%, un margen de incertidumbre que se explica por la dificultad de estimar con precisión el comportamiento de los votantes indecisos — que representan entre el 15% y el 20% del electorado — y por la volatilidad que introduce el contexto político nacional, marcado por los juicios de corrupción y la crisis económica.
La campaña andaluza se desarrollará en un contexto nacional extraordinariamente convulso que los partidos intentarán instrumentalizar según sus intereses. El PP buscará vincular al PSOE andaluz con los escándalos judiciales del Gobierno de Sánchez — caso Koldo, Begoña Gómez — y con la derrota del decreto de alquileres para reforzar la narrativa de que el socialismo es sinónimo de corrupción e incompetencia. El PSOE intentará centrar el debate en las políticas autonómicas de Moreno — la gestión sanitaria, las listas de espera, la vivienda — y en la amenaza de un gobierno PP-Vox que, según Montero, «desmontaría los derechos sociales que Andalucía ha conquistado en cuarenta años de democracia». Adelante Andalucía se presentará como la alternativa real de izquierdas frente a un PSOE que considera «cómplice del IBEX» y un Sumar que «ha vendido sus principios a cambio de sillones en Madrid». Y Vox intentará convertir la inmigración y la inseguridad en los ejes de un debate que las encuestas sitúan en la periferia de las preocupaciones ciudadanas pero que puede ser movilizador en determinados segmentos del electorado.
Los próximos diecisiete días serán una carrera contra el reloj en la que los partidos desplegarán sus mejores recursos — humanos, económicos, mediáticos y retóricos — para convencer a un electorado andaluz que, según los sondeos, tiene ya mayoritariamente decidido su voto pero que mantiene un margen de incertidumbre suficiente como para que el resultado final oscile entre la mayoría absoluta del PP y un escenario de mayoría simple que obligaría a negociar con Vox. La participación será la variable decisiva: las encuestas estiman una participación del 62-65%, ligeramente inferior a la de 2022 (63,7%), y cada punto de participación puede traducirse en uno o dos escaños de diferencia en una cámara de 109 diputados donde los márgenes son estrechos. El PSOE necesita una participación alta para activar a su electorado potencial — que las encuestas sitúan en el 30% pero que solo moviliza al 21-25% —, mientras que el PP se beneficia de una participación moderada que refleje la satisfacción pasiva de un electorado que ya ha decidido su voto y que no necesita estímulos adicionales para acudir a las urnas.
Andalucía decidirá el 17 de mayo si confirma el giro a la derecha que se inició en 2018 y que ha convertido a la comunidad históricamente socialista en el laboratorio del nuevo PP morenovista — moderado, pragmático, alejado de las guerras culturales — o si la izquierda logra frenar la hemorragia electoral y recomponer un bloque progresista que, por primera vez en cuatro décadas, parece más una aspiración nostálgica que una posibilidad real. Lo que es seguro es que el resultado de estas elecciones tendrá consecuencias que desbordan las fronteras andaluzas: una mayoría absoluta del PP reforzaría a Feijóo de cara a las generales y debilitaría la posición negociadora de Sánchez; una mayoría simple con dependencia de Vox complicaría la estrategia del PP nacional de distanciarse de la extrema derecha; y un resultado inesperadamente bueno del PSOE — que las encuestas no anticipan pero que la campaña podría producir — daría oxígeno a un Gobierno que necesita desesperadamente buenas noticias para sobrevivir hasta el final de la legislatura.
