La campaña electoral andaluza arranca este 1 de mayo con el Partido Popular liderando las encuestas con un 43,7% de intención de voto frente al 24,5% que acumula el PSOE, en unas elecciones con siete candidaturas y 109 escaños en juego. Los quince días de campaña se desarrollarán con el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo como telón de fondo, en un contexto en el que cada declaración judicial genera, según los sondeos manejados en la entradilla, una caída de entre 0,2 y 0,4 puntos para los socialistas. La pregunta central que vertebrará la contienda no es si Juan Manuel Moreno Bonilla ganará las elecciones, sino si alcanzará la mayoría absoluta sin necesidad de pactos.
Por qué importa: el mapa de pactos del bloque conservador
Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España y la segunda en peso en el sistema de financiación autonómica. Un resultado que sitúe al PP por encima de la mayoría absoluta —fijada en 55 escaños sobre los 109 que conforman el Parlamento de Andalucía— le permitiría gobernar en solitario, cerrando la puerta a cualquier dependencia de Vox, partido con el que el PP ha suscrito acuerdos de gobierno en otras comunidades autónomas como Aragón y Extremadura tras los comicios de 2023. La horquilla entre ambos escenarios —mayoría propia o dependencia de su socio por la derecha— es la variable que convierte estas elecciones en una prueba de estrés para el modelo de alianzas del centroderecha español.
El lastre judicial sobre el PSOE andaluz
El caso Koldo, investigado en el Tribunal Supremo y relacionado con una presunta trama de cobro de comisiones vinculada a contratos públicos durante la pandemia, actúa como variable independiente sobre el voto socialista. Los datos de seguimiento demoscópico recogidos en el material de partida apuntan a que cada jornada de declaraciones judiciales arrastra al PSOE entre dos y cuatro décimas porcentuales. Para el candidato socialista, Espadas, el reto inmediato consiste en construir un relato que desacople la imagen del PSOE andaluz de la causa federal, una estrategia que los propios sondeos cuestionan de manera sistemática. La dificultad es estructural: el PSOE andaluz no controla el ritmo del procedimiento judicial ni los titulares que este genera.
Un suelo del 24,5% que complica cualquier aritmética de izquierdas
Un 24,5% de intención de voto coloca al PSOE en una posición que, dependiendo de cómo se distribuyan los escaños según la fórmula D'Hondt aplicada en las ocho circunscripciones provinciales andaluzas, puede traducirse en una representación parlamentaria sensiblemente inferior a la que ese porcentaje sugeriría en un sistema proporcional puro. El sistema electoral andaluz, heredero del modelo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con las especificidades autonómicas, penaliza a los partidos que no concentran su voto en provincias grandes. Si a este factor se suma la posible fragmentación del voto a la izquierda del PSOE entre distintas candidaturas, la aritmética de una eventual alternativa progresista se vuelve de muy difícil ejecución.
La estrategia de Moreno: gestión frente a campaña
Con más de veinte puntos de ventaja, la estrategia del PP andaluz bajo la dirección de Moreno Bonilla apunta a una campaña de perfil bajo, centrada en la gestión de gobierno más que en el debate ideológico. Esta táctica, habitual en candidatos que parten desde posiciones dominantes en los sondeos, minimiza el riesgo de errores propios y traslada la presión al adversario. El objetivo es que el debate se desarrolle en terreno favorable: economía regional, inversión pública y servicios sociales, eludiendo los flancos que podrían activar la abstención de su propio electorado o la movilización del voto de izquierdas.
Siete candidaturas y el efecto de la fragmentación
La presencia de siete candidaturas en liza introduce un elemento de incertidumbre sobre el umbral de representación parlamentaria. En Andalucía, la barrera electoral se sitúa en el 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción. Las formaciones que queden por debajo de ese umbral transfieren su voto a los partidos mayoritarios a través del reparto de restos de la fórmula D'Hondt, lo que en la práctica beneficia a los partidos más votados. Este efecto sistémico puede amplificar la distancia en escaños entre PP y PSOE más allá de lo que la diferencia bruta en porcentaje de votos sugiere.
Antecedente: las mayorías absolutas en Andalucía
Andalucía tiene una larga historia de mayorías absolutas. El PSOE gobernó durante décadas con mayorías de esta naturaleza, y el PP alcanzó la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2012 con Manuel Chaves como referencia del ciclo anterior. La diferencia con el escenario actual radica en que un eventual gobierno de mayoría absoluta del PP sería el primero sin necesidad de socios desde que el partido llegó al poder autonómico en 2018, inicialmente con el respaldo parlamentario de Ciudadanos y Vox. Ese antecedente reciente hace que la pregunta sobre la autonomía del PP respecto a sus socios tenga una dimensión política que va más allá de lo estrictamente electoral.
Cierre: quince días para redibujar el mapa
Los quince días de campaña que transcurren entre el 1 y el final del período electoral reglamentario se desarrollarán, por tanto, bajo tres presiones simultáneas: el goteo judicial en el Supremo, la capacidad de Espadas para frenar la sangría demoscópica del PSOE y la pregunta sobre si Moreno consolidará o no una mayoría que le libere de depender de Vox. Las encuestas que se publiquen durante la campaña —con las restricciones que impone la normativa electoral española en los últimos días antes del sufragio— serán el principal termómetro de si esas tres variables se mantienen estables o introducen sorpresas en un escenario que, a la salida de los bloques, parece decantado pero no cerrado.
